Texto: Mely Arellano / Premio nacional de periodismo, Publicado en Pie de Página.
Puebla, Pue, En la sierra de Puebla las mujeres han emprendido una resistencia contra los proyectos mineros. Desde la cocina, la militancia, el comercio o la manifestación pública, desde los espacios tradicionales o irrumpiendo los destinados para hombres, ellas buscan proteger un territorio y una forma de vida
IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA.- Es sólo una llovizna tupida, pero las gotas que estallan en el techo de lámina causan un tronadero. Adentro, truena también la leña que calienta la estufa y truenan, además, los chiquereyes que doña Ángeles Cruz Montiel fríe en el sartén.
La luz se mete apenas en la cocina a través de dos ventanas. Una, la más grande, ilumina una mesa larga, la otra, más pequeña, permite espiar hacia el patio donde están las gallinas y los chivos.
Doña Ángeles se mueve rápido: en pocos minutos pone sobre la mesa una salsa verde que ha hecho en molcajete y tortillas calientes para los chiquereyes.
Un mes atrás preparó varios guisos durante casi una semana para darle de comer a las personas que fueron a apoyar a su hijo Nacho, quien se opuso a que las camionetas de la empresa minera Almaden Minerals cruzaran por sus terrenos en la comunidad de Loma Larga.
Entre los guisos de aquellos días también hubo chiquereyes o escamoles, huevos de hormiga, un manjar que en cualquier restaurante gourmet cuesta cientos de pesos y en casa de Doña Ángeles se comen cada primavera.
Ella, de 74 años, ojos claros y acuosos, piel curtida y trenzas largas, defiende así su territorio, la “sagrada agua” y la vida: desde su cocina, donde cuida que nadie se quede sin comer lo que prepara con lo que da la tierra.
La amenaza
Ixtacamaxtitlán está a 130 kilómetros de la capital del estado de Puebla, es el quinto municipio más extenso y tiene 126 comunidades separadas por una geografía a veces imposible.
Aquí viven 24 mil 512 personas, hay un tristísimo museo de sitio, una presidencia municipal pintada hace 3 o 4 años con los colores institucionales de la empresa minera -amarillo y naranja-, y muchas lagartijas que en tiempos de lluvia cruzan las calles y trepan las paredes. Y hay, además, oro y plata en el subsuelo, bajo la misma tierra de la que sacan los chiquereyes, esos bichos que le gusta cocinar a doña Ángeles.
En 2003, el gobierno federal dio la concesión minera a la compañía canadiense Almaden Minerals y su subsidiaria mexicana Minera Gavilán -ahora también participa su subsidiaria Minera Gorrión-, sin conocimiento de quienes habitan la zona.
El principal accionista de Almaden es el empresario agrícola sinaloense Ernesto Echavarría Salazar, quien junto con James Duane Poliquin, presidente y fundador de la empresa, controlan más del 5 por ciento de las acciones y tienen poder de veto. Entre los 37 principales accionistas está el Royal Bank of Canada. La minera cotiza en las bolsas de valores de Toronto y Nueva York.
El proyecto está aún en etapa de exploración y desarrollo, pero ya ha cometido varias ilegalidades que han sido documentadas por cuatro organizaciones -Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua; Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder)- a través de una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos.
El “Proyecto Tuligtic o Ixtaca” se proyecta en distintas zonas del municipio de Ixtacamaxtitlán. El tajo a cielo abierto se haría en la comunidad de Santa María Zotoltepec, y la presa de jales (una estructura que retiene materiales de desecho) en la cabecera de la cuenca del río Apulco, en las tierras de cultivo de Loma Larga, donde vive doña Ángeles Cruz Montiel, y muy cerca de Almeya, Zacatepec, Tuligtic, Vista Hermosa y Xiuquenta.
El riesgo de degradamiento y contaminación abarca más municipios de Puebla y otros tantos de Veracruz.
Almaden Minerals – que fue multada en 2009 por la Profepa por irregularidades durante la exploración y tiene antecedentes de violaciones a los derechos humanos en otros proyectos en México (Caballo Blanco, Veracruz) y Canadá – pretende iniciar la explotación en 2018, para la cual utilizaría 38 mil toneladas de explosivos provocando gases con efecto invernadero y violando la norma de uso de explosivos dada la cercanía del lugar de almacenamiento con las viviendas. En Santa María Zotoltepec ya resienten la presencia minera en el medio ambiente, el tejido social y la salud, como bien lo sabe Francisca Zamora Morales, quien nació aquí.
Francisca se dedica a la venta de productos cosméticos y alrededor de ella se reúne una fuerza laboral de 180 mujeres repartidas en los pueblos cercanos a Santa María y Tetela, municipio vecino a Ixtacamaxtitlán. En esta región hay más mujeres solteras que casadas, viudas o divorciadas, así que su movilidad y disponibilidad es amplia.
Francisca forma parte de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, y no entiende que haya quien no quiera ver los daños. El primero, dice, es social.
—Un pueblo dividido no tiene fuerza y en Ixtacamaxtitlán la hay (división), porque unos quieren empleos sin ver las consecuencias y otros no queremos empleos porque sabemos a cambio de qué. Es algo grave, porque se pierde fuerza, los gobiernos o las empresas, quien tiene poder, lo que más le interesa es que haya divisiones sociales.
El asunto de los empleos no es nada sencillo, en una región donde dos terceras partes de los habitantes no es económicamente activo y sólo 3 de cada 100 han ido a la universidad.
Pero Francisca no tuvo ni que leer toda la información que recibió sobre los riesgos de la minería durante un foro en Tetela para saber su significado: muerte.
En su modesto auto va y viene, aprovecha su red laboral para regar advertencias entre la gente. Es como esos trabajadores de empresas multinivel que andan convenciendo adeptos a la menor oportunidad, aunque en este caso no es para vender productos, sino para cuidar su tierra.
Francisca es terca: “no debes andar sola” le dice la gente, pero no hace caso. Tampoco le importa que digan que, como no tiene marido ni hijos o hijas, “se manda sola”. Y, ya se sabe, para algunas personas una mujer sola es una mujer peligrosa.
—También hay afectaciones por los químicos para barrenar, son peligrosos, allá donde tienen su bodega y hacen su lavado de metales hay una barranca donde pasa el agua y pasa el ganado, y ya se murieron muchas cabezas de ganado porque tomaron de esa agua. Otra cosa importantísima es el agua, únicamente con la barrenación ya la desviaron, los acuíferos no sabemos adentro cómo están, al perforar pasaron por donde salía un manantial y lo desviaron y ya no le salió el agua a mi hermano de un día para otro: mi hermano es discapacitado y tenía un riego de ajo y le iba bien, pero ya no hay agua.
El agua, “la sagrada agua” —destinada para uso humano y agrícola— es la principal preocupación de las mujeres que resisten contra el proyecto minero. Almaden Minerals perforó el acuífero sin permiso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), modificó el curso del agua y contaminó el manto freático, como documentaron las organizaciones en la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos. Los habitantes de Santa María han solicitado a Conagua una visita para inspeccionar el daño que la minera ha causado. Un daño que la empresa ha ocultado a sus inversionistas, a quienes aseguró que usaría agua de lluvia (un método que no usa ninguna minera en el país).
La autorización que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a Almaden Minerals le permite hacer perforaciones de máximo 150 metros, sin embargo, la empresa reconoció que está haciendo excavaciones a 701 metros de profundidad, lo que viola las normas mexicanas, y los derechos al agua y al medio ambiente, ante la omisión de la autoridad.
El Consejo Tiyat Tlali
En 2011, mientras el país se inundaba de muertos en el penúltimo y más violento año de gobierno de Felipe Calderón, unos extranjeros llegaron a la Sierra Norte de Puebla a “hacer agujeros” —barrenos para exploración minera—, en Tetela y Zacatlán. Al mismo tiempo, al noreste de Zacatlán, en Xochicuautla, una comunidad totonaca del municipio de Ahuacatlán, empresarios de Canadá y Grupo México le dijeron a la gente que harían una hidroeléctrica que les iba a beneficiar.
Movidas sobre todo por la intuición, varias organizaciones comenzaron a investigar y “mapear” los megraproyectos. En un primer conteo, encontraron que en la Sierra Norte de Puebla, que concentra a un millón 220 mil habitantes de 65 municipios, había 27 concesiones mineras y 5 proyectos hidroeléctricos que ya tenían estudios de factibilidad hechos por el gobierno federal, a partir de concesiones otorgadas en 2003 y tienen una vigencia de 50 años.
Ante la amenaza de los que denominaron “proyectos de muerte” crearon el Consejo Tiyat Tlali “en defensa de nuestro territorio”, una red de organizaciones -entre otras el Imdec, la Unión de Ejidos y el Cesder- conformada por hombres, mujeres, indígenas totonacas y nahuas, no indígenas, comunidades campesinas, rurales y urbanas, la pastoral social y cooperativas.
Desde entonces, el Consejo es un espacio donde se coordinan, comparten información y enfrentan el embate de los proyectos que ponen en riesgo la vida de los pueblos.
En la actualidad, en la Sierra Norte existen 105 concesiones mineras –72 por ciento son de Almaden Minerals– y 9 hidroeléctricas. Ixcatacamaxtitlán, San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya son los municipios más afectados. Es decir, desde el 2011 que hicieron el primer conteo, se ha triplicado el número de concesiones mineras y se ha duplicado el de proyectos hidroeléctricos.
Un camino largo
El camino de Zautla a Ixtacamaxtitlán bordea en buena parte al río Apulco, que en primavera recorre su cauce con ritmo pero sin furia.
—Acá viven mis papás -señala a la izquierda Ignacia Serrano Arroyo-. Se llama Las Barrancas.
Y allá debajo lo que se alcanza a ver son los techos de un caserío.
Ignacia es asesora en el Cesder, donde también estudió, y aunque vive en Zautla, su familia, su sangre y sus orígenes están en Ixtacamaxtitlán.
—Me dio mucha pena, sabiendo que soy de este municipio, cuando me enteré que la mina ya tenía 10 años.
Para Ignacia, defender el territorio, la vida y el agua ha sido difícil. Ella supo del proyecto minero cuando, en 2012, la comunidad de Tlamanca, en Zautla, logró correr a la empresa china que pretendía establecer una mina de socavón. Aquella experiencia, que contó con el apoyo de varias comunidades y sus autoridades, concluyó con una asamblea en la que participaron entre 5 y 7 mil personas, que decidieron negar el permiso de uso de suelo, clausuraron simbólicamente la empresa y le dieron 24 horas para abandonar el municipio. Ignacia creyó que aquí podrían hacer lo mismo.
—De repente nos entraba la angustia y la desesperación, hasta que hubo momentos en que esto se convertía en fiesta, todo mundo llevaba sus antojitos, hubo un lugar en que hasta nos recibieron con música y entonces dijimos “esto es festejo”. Ahí caímos en la cuenta que estos procesos hay que disfrutarlos, no hay que sufrirlos. Entonces dijimos: en el caminar y transcurrir de esta lucha nosotros nos vamos divertir, lo vamos a disfrutar, vamos a honrar el agua, la tierra, los recursos que le están dando sentido a esta lucha, vamos a compartir, vamos a convivir, no la vamos a pasar mal.
Cuando se cansa, Ignacia piensa en Máxima Acuña, la indígena que enfrentó y venció el proyecto minero en Cajamarca, Perú, que ponía en riesgo las lagunas que rodean su terreno.
