*La tortura y los malos tratos son inaceptables en cualquier circunstancia y deben ser condenados sin reservas.
* Las medidas adoptadas por el juez de control de negar una audiencia pública plantean dudas adicionales sobre la transparencia y la imparcialidad del proceso judicial.
* Destacan la necesidad de salvaguardar la independencia de los jueces y magistrados en México y protegerlos de cualquier interferencia o represali
04.09.2023 La jueza Angélica Sánchez Hernández de Veracruz ha sido objeto de preocupación por parte de la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite.
Satterthwaite ha denunciado la detención de la jueza como un caso de “desaparición forzada de corta duración”. Este pronunciamiento se hizo público 60 días después de una comunicación enviada al Estado mexicano el 5 de julio pasado.
La detención de la jueza sin una orden de aprehensión y las posibles represalias relacionadas con sus decisiones judiciales han levantado preocupaciones en la comunidad internacional.
La situación de la jueza Sánchez Hernández arroja luz sobre una serie de cuestiones delicadas relacionadas con la independencia del poder judicial en México y la protección de los derechos humanos.
La detención de un juez sin una orden de aprehensión es una violación flagrante de las normas internacionales de derechos humanos y plantea serias preguntas sobre la integridad del sistema judicial mexicano.
Uno de los principios fundamentales de la independencia judicial es que los jueces no deben enfrentar acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones.
En este caso, se argumentó la detención de la jueza estar vinculada a una resolución en un juicio de amparo, donde a juicio de la fiscalía liberó a una persona acusada de doble homicidio en Playa Vicente, Veracruz.
El ejercicio de su deber como jueza no debería ser motivo para enfrentar represalias, amenazas o detenciones ilegales, refiere la instancia Internacional.
Además, la Relatora Especial señaló que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal habría mostrado su descontento con la resolución de la jueza Sánchez Hernández, lo que podría haber desencadenado la detención y amenazas.
Este caso plantea preguntas sobre la independencia del Poder Judicial en Veracruz y la influencia indebida de actores externos en el sistema de justicia.
La jueza también denunció haber sido obligada a disparar un arma de fuego y haber sufrido tortura mientras estuvo detenida en los separos de la policía ministerial en Las Trancas, Veracruz.
Estas alegaciones son profundamente perturbadoras y deben ser investigadas de manera exhaustiva e imparcial. La tortura y los malos tratos son inaceptables en cualquier circunstancia y deben ser condenados sin reservas.
La preocupación expresada por Margaret Satterthwaite se basa en la necesidad de proteger la independencia del poder judicial y garantizar que los jueces puedan ejercer sus funciones sin temor a represalias.
La independencia del poder judicial es un pilar fundamental de un sistema de justicia justo y equitativo. Cualquier interferencia en la toma de decisiones judiciales socava la confianza en el sistema de justicia y debilita el estado de derecho.
En su comunicación oficial, la Relatora Especial también mencionó la segunda detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández el 16 de junio.
Destacó que el Juez de Control rechazó la petición de permitir el acceso a medios de comunicación a la audiencia y que también se negó la presencia de los oficiales del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Estas acciones plantean dudas adicionales sobre la transparencia y la imparcialidad del proceso judicial.
Por lo tanto, Satterthwaite instó al gobierno mexicano a proporcionar información detallada sobre los fundamentos de la detención y los resultados de la investigación sobre presunta tortura y malos tratos.
La Relatora Especial enfatizó la importancia de garantizar la independencia judicial y proteger a los jueces de acciones que puedan socavar su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones
. La independencia de la judicatura es esencial para el estado de derecho y la protección de los derechos humanos en México.
Este caso destaca la necesidad de salvaguardar la independencia de los jueces y magistrados en México y protegerlos de cualquier interferencia o represalia por el ejercicio de sus funciones judiciales.
La comunidad internacional seguirá observando de cerca esta situación y esperando que se respeten los principios fundamentales de los derechos humanos y la independencia judicial en el país.
