Claudia, Xóchitl y los militares .

LINOTIPIA

/ Peniley Ramírez /

En abril de 2022, la Guardia Nacional le disparó a un estudiante de agronomía de 19 años en Irapuato. No cometía ningún delito. En agosto, un grupo de solados asesinó a la niña Heidi Mariana Pérez, de 4 años, en Nuevo Laredo. Iba a un centro médico. Unos meses más tarde, también en Nuevo Laredo, unos soldados dispararon a unos jóvenes. Cuando una víctima pedía una ambulancia, los militares le dispararon. Un sobreviviente dijo que los militares lo obligaron a grabar un video con una versión falsa de lo que ocurrió. En mayo pasado, varios medios publicaron otro video. Unos militares asesinaban a cinco personas y ponían armas junto a sus cadáveres para que pareciera que fallecieron en un enfrentamiento.

Casos como estos no son nuevos ni aislados. El México militarizado que comenzó con el PRI, se agudizó en el calderonato y llegó a niveles inéditos en el obradorismo. Este México y su falta de controles ante abusos de poder será una pieza central en el gobierno de cualquiera que gane la Presidencia.

Esta semana, se definió la candidatura oficialista. Ahora, ambas candidatas punteras deberán enfrentarse a la realidad militarizada del país. Ninguna ha dicho cómo piensa acabar los abusos.

En la oposición, Xóchitl Gálvez proviene de una familia de militares. Se ha pronunciado contra el militarismo y votó en el Senado contra su expansión. Sin embargo, también ha dicho que “hay experiencias que podemos retomar” de la estrategia de seguridad calderonista, que las ejecuciones extrajudiciales son “excesos” y ella estará en la calle “enfrentando al crimen organizado”, un discurso similar al de Felipe Calderón.
En Morena, Claudia Sheinbaum ha apoyado la expansión del poder militar. Ha dicho que “la Guardia Nacional tiene que fortalecerse”, ha participado en diversos actos públicos alabando a los militares. Ha defendido todos los proyectos obradoristas para expandir la militarización y ha llamado hipócritas a quienes se oponen.

También esta semana, entre las noticias electorales, un hecho pasó desapercibido. La organización WOLA, con sede en Washington, publicó un informe perturbador sobre los abusos de la militarización.

En México existe un Registro Nacional de Detenciones. WOLA encontró que el Ejército no registra allí la mayoría de sus detenciones, aunque por ley deberían hacerlo. Las investigadoras Stephanie Brewer y Ana Lucía Verduzco compararon los registros de detenidos que Ejército y Marina tenían en sus archivos y los que reportaron al Registro. En 2022, ambos cuerpos militares no informaron acerca de más de 7 mil detenciones. En los primeros meses de 2023, no reportaron más de 2,500. Algo similar ocurrió con la Guardia Nacional, que en 2022 no reportó más de 3 mil personas detenidas.

El informe incluye otra revelación. Durante el calderonato, en México se agravaron los asesinatos de civiles en enfrentamientos. En muchos casos, morían más civiles que militares o policías. La situación no se ha resuelto. “Datos de la Sedena (2022) y la GN (2021) indican que fallecen por lo menos tres personas civiles por cada persona civil herida”, dice el informe.

Además de los asesinatos, solo en 2022, la FGR investigó más de 50 casos de tortura, tratos inhumanos, desapariciones forzadas o alteración de escenas cometidas por elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional a civiles. Al mismo tiempo, el gobierno obradorista ha entregado a los militares megaproyectos, aerolíneas, puertos, aduanas y “rescate humanitario” -o sea, detenciones- de migrantes.

Los militares continúan deteniendo personas en la calle. Muchas sufren tortura. De cada 10 personas en las cárceles, 4 fueron detenidas sin orden ni flagrancia. En muchos casos les siembran armas o drogas para acusarlas de posesión. Y después viene el encubrimiento. El reporte señala que, en muchos casos, los militares acuden a casas de familiares de sus víctimas a ofrecer indemnizaciones, pagos para no impulsar investigaciones de los abusos.

En los próximos meses, Sheinbaum y Gálvez deben presentar planes de seguridad que respondan a los altos niveles de criminalidad. Si esos planes no incluyen medidas serias de contención a los abusos de militares, confirmaremos que nos espera más de lo mismo.