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29.01.2023.- Ciudad de México.- Pobreza, exclusión, falta de servicios, matrimonios forzados, altos índices de embarazos adolescentes, feminicidios, violencia, inseguridad y ahora, tareas de vigilancia, son algunas de las realidades que vive el 17.3 por ciento de la población infantil y juvenil de Guerrero: las niñas y adolescentes, situación compleja que ha sido el motivo por el que 5 niñas así como 15 niños de Guerrero fueran armados y presentados para la autodefensa local.
Estas 5 niñas y 15 niños de entre 11 y 15 años quienes han sido armados con escopetas y rifles para incorporarse a las labores de seguridad en diversas comunidades fueron ‘presentadas’ este 24 de enero en asamblea y ante autoridades comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los pueblos fundadores (CRAC-PF) y del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, quienes les tomaron protesta como nuevos integrantes de la autodefensa de esta localidad, es decir, ya son parte de la policía comunitaria en el municipio de Ayahualtempa, Guerrero.
Los líderes indígenas indicaron que las y los menores se quedarán al resguardo del pueblo, en actividades de vigilancia, mientras los policías comunitarios adultos y adolescentes saldrán a los operativos de busqueda de personas desaparecidas o secuestradas.
En el acto público, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que ayuden a la localización de una familia indígena secuestrada el pasado 19 de enero en Zacatepec, punto cercano a la comunidad de Acoitapachtlan, municipio de Chilapa y hecho que dio paso a tomar la decisión de armar a las y los infantes. Al momento, la Fiscalía General del Estado informó que mantiene activa las fichas de búsqueda de los cuatro desaparecidos
Desde hace años, las comunidades de la zona de la Montaña de Guerrero han denunciado el incremento de violencia, el hostigamiento, persecución, asesinatos y el reclutamiento forzado por parte de carteles de la droga y del crimen organizado, en particular señalan al grupo delictivo conocido como Los Ardillos, sin que a la fecha tengan justicia ni atención oportuna por parte de las autoridades estatales.
Por ello, tomaron la decisión de incluir a menores, que también forman parte de la comunidad, decisión que ha sido criticada por autoridades locales, medios de comunicación y gente que ‘no vive en las comunidades indígenas’.
“Si la delincuencia organizada tiene halcones de entre 12 y 13 años que vigilan a la población y nos perjudican, ¿porqué ahora nos dicen que armar a los miembros de nuestra comunidad es un delito?, porque se violan los derechos de la infancia”, cuestionó uno de los miembros de la CRAC.
Al respecto, Juan Martín Pérez, Director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), mandó un mensaje a los representantes indígenas para evitar incluir a más niñas, niños y adolescentes a situaciones de violencia.
“Este hecho es lamentable porque no solo hay impunidad por parte de las autoridades, también es muy importante recordarle a las CRAC, a las policías comunitarias, que independientemente de la legitima defensa de la urgencia y el llamado al Estado para garantizar su seguridad, el involucrar a niñas, niños y adolescentes en hechos de violencia, puede constituir reclutamiento, ser un crimen y por supuesto tener implicaciones legales”, señaló.
También llamó a las autoridades federales a crear un proyecto prioritario enfocado en la niñez y adolescencia, población que, a su parecer, no forma parte de las líneas prioritarias de la Cuarta transformación. El conocido, Proyecto 26, trabajado por la Redim desde el 2020, sería una estrategia nacional frente a la violencia armada contra la niñez.
De acuerdo a los datos de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), en el país el 63 por ciento niñas, niños y adolescentes reciben castigos corporales en casa, 10 por ciento de los feminicidios han sido de niñas y adolescentes, 8 adolescentes son víctimas de feminicidio cada mes y 7 mujeres adolescentes desaparecen cada día.
Aunque han solicitado audiencia con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), no han sido atendido para dar solución al 30 por ciento de la población del estado: las y los niños de entre 0 y 15 años.
Por su parte, la organización Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ha denunciado en reiteradas ocasiones la orfandad de la niñez indígena:
“La niñez indígena no solo crece en la orfandad institucional, sino que padece la violencia de un gobierno racista que les niega sus derechos”.
Armar a la infancia no es nuevo
El sistema de autodefensa que prevalece en la región de la Montaña en Guerrero, data de la década de los noventa, cuando surgió la policía comunitaria en la Costa Chica y que posteriormente se replicó en casi toda la zona de la Montaña.
Las formas de seguridad y autogobierno que decidan tener los pueblos indígenas está aceptado y reconocido en la Constitución. El artículo 2o. señala:
“El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional… A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres…”
Ante el incremento de la violencia, en el 2019 el CRAC sumó a sus filas a 20 menores de edad, al año siguiente Chilapa, también en Guerrero, sumó a sus autodefensas a otras 19 personas entre mujeres, niñas, niños y adolescentes.
En ese entonces, en su conferencia matutina del 31 de enero del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “armar a niños era un acto de fantochería y prepotencia”.
“Eso de formar niños con armas y tomar un video es un acto prepotente, no tiene nada que ver con la bondad ni siquiera con el poder porque el poder es humildad, hacen ruido, vergüenza les debería de dar hacer eso, no se les va aplaudir por eso”, mencionó el mandatario.
En ese entonces, según dijo, la Secretaría de Gobernación (Segob) se encargaría de atender dicha problemática. Sin embargo, cuatro años la crisis de seguridad y la impunidad continúan y las niñas y niños siguen sumándose, quieran o no, a las filas de las guerras de los adultos.
