/ María Elena Morera /
Una y otra vez, el Presidente ha mostrado que la división de poderes le estorba. Las 18 iniciativas de reformas constitucionales que presentó el pasado 5 de febrero representan la continuación de sus ataques a los otros poderes, su empecinamiento militarista y una justificación para incidir ilegalmente en el proceso electoral. Pareciera que es su estocada final al país antes de retirarse (esperemos) a su rancho.
En ellas no tiene empacho en desaparecer diversos órganos constitucionales autónomos, que son vitales para asegurar la independencia y la imparcialidad en la toma de decisiones. También se amenaza con destruir al Poder Judicial de la Federación, cuya independencia le resulta igualmente incómoda porque considera que su voluntad es la única que debe prevalecer. Tampoco pudo faltar una iniciativa que demostrara su obsesión por destruir al Instituto Nacional Electoral. Con ella pretende legalizar los abusos y las ilegalidades que han cometido el gobierno federal y sus aliados locales en materia electoral.
Además, sigue empecinado en lograr que la Guardia Nacional (GN) sea militar. Ahora envió una contrareforma constitucional que contempla una plena militarización de la agrupación, otorgándole fuero militar a sus miembros, descartando al personal civil e integrándola orgánica, funcional y administrativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Es una irresponsabilidad insistir en movilizar soldados cuando el Ejecutivo ha empoderado a los grupos criminales. También son peligrosas las facultades de investigación que les quiere otorgar al Ejército, sobre todo a la luz de la confirmación de labores de espionaje que no les corresponden y que, dada la inacción contra las las organizaciones delincuenciales, sólo pueden tener una motivación política o de control social.
La iniciativa confirma que, para el Presidente, la GN siempre han formado parte del Ejército y de la Marina, solo que con un uniforme distinto. También que todo esto ha servido para sellar una alianza partidista con al menos parte de la cúpula militar, como pieza del régimen dictatorial que pretende imponerle a México.
Durante los cuatro años de operación de la Guardia, no se ha registrado una disminución de la violencia y ha aumentado el control territorial de los grupos delictivos. Los estados que han recibido un despliegue excepcional de elementos por coyunturas de violencia no han resuelto sus problemáticas, por el contrario, han crecido como en Guerrero, Michoacán o Guanajuato.
Esto se debe a su ineficiencia en materia de seguridad. Esto queda de manifiesto en el 2do Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente que entregaron al Senado. En ese documento se destaca que adicional a los 128 mil elementos de la GN hay 78 mil militares y marinos en tareas de seguridad, sumados son 206 mil efectivos. Entre todos solo presentaron ante el Ministerio Público a 2,662 personas en 2022, es decir, se requiere a 77 elementos para detener a una sola persona. Alarmante ineptitud.
Así las deficiencias de la institución que concentra el presupuesto de seguridad en el país. Por eso, es tan importante para las candidatas presidenciales definir alternativas no solo para frenar la militarización, sino para garantizar una estrategia que permita revertir la situación de violencias e inseguridad que padece México.
En ese sentido, es importante reconocer la imperiosa necesidad de que el Estado garantice su presencia y control en todo el territorio. Por ejemplo, en espacios rurales y semiurbanos de contextos complejos, ahí la GN sería de relevancia: preservando el carácter civil mediante su adscripción a la SSPC y un mando civil o militar en retiro. Hasta el Presidente los podría tener cerca en su rancho.(Colaboró Nancy Angelica Canjura Luna)
