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/ Juan José Barrientos /
El nuevo anteproyecto de Ley Orgánica es mejor que el elaborado hace unos cinco años, pero todavía requiere una revisión, y no debería ser aprobado por el Consejo universitario este viernes.
Entre las mejoras, quisiera señalar que en este anteproyecto la Junta de Gobierno no solo tiene facultades para nombrar al rector (o rectora), sino que también lo puede remover, como en la Unam, pues en el anterior solo podía nombrarlo, y yo recordé que antes el Gobernador era el que lo nombraba y lo podía remover, y sugerí que la Junta también debería estar facultada para removerlo, y no solo para nombrarlo . En fin, se corrigió esa parte.
Por otra parte, la Junta ahora estaría facultada para “Prevenir, investigar y corregir por conducto de la Contraloría General, actos u omisiones cometidos por autoridades y personal de confianza que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como aplicar las sanciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones”.
En otras palabras, la Contraloría ya no se ocuparía únicamente de asuntos financieros, como hasta ahora, y se transformaría en un órgano interno de control, que es algo que hacía falta, pero yo creo que más bien lo debe hacer por medio de la Defensoría , que de acuerdo al nuevo anteproyecto tendría la obligación de “vigilar el respeto a los derechos humanos” y no solo los derechos “universitarios”, reconocidos en la normatividad. Hay que aclarar las cosas y ver que no se incurra en confusiones. La Junta de Gobierno, creo yo, debe vigilar las finanzas por medio de la Contraloría y las responsabilidades administrativas por medio de la Defensoría. Por lo tanto, la Junta es quien debe designar a los responsables de ambas dependencias; sin embargo, en el nuevo anteproyecto se establece que el responsable de la Defensoría sea nombrado por el Consejo universitario y no por la Junta de Gobierno.
Además, hay otros detalles que no están fundamentados y merecen una consideración detenida, como algunos requisitos para el cargo de rector, pues se pretende que quien aspire a dirigir la universidad no debe “desempeñar cargos en la administración pública federal, estatal o municipal, ni de elección popular, a menos que se separe de los mismos cuatro años antes del día de su postulación”. Al parecer, se trata de impedir que acceda a la rectoría alguien que no esté ya dentro de la universidad, pero yo no veo inconveniente en que, por ejemplo, se postule a la rectoría un funcionario de la Subsecretaria de Educación Superior.
Por último, el proyecto adolece del lenguaje de género, que por mis estudios de literatura y lingüística me parece aberrante.
Mi posición, al respecto, es la de Cortázar en un breve ensayo titulado “Vidas de artistos”.
Por todo eso, en fin, considero que sería apresurada la aprobación del anteproyecto en estos días.
