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25.04.2024. Ciudad de México.- Por segundo día consecutivo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se fue contra el Departamento de Estado de EEUU luego del capítulo que le dedicaron a México en su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, correspondiente al año 2023.
En su informe anual sobre derechos humanos EEUU establece que los niveles de violencia y explotación en el país se mantuvieron altos, así como los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial y en específico, a la ministra presidenta de la Suprema Corte Norma Piña.
Uno de los puntos críticos señalados en el informe es la presunta implicación de entidades gubernamentales o sus agentes en asesinatos arbitrarios o ilegales, incluidos los casos de asesinatos extrajudiciales, violencia de genero, feminicidios, abuso sexual, desapariciones forzadas, maquila de Fentanilo, corrupción y hostigamiento a la prensa libre y la ministra Norma Piña, entre otros aspectos.
No es fácil para Andrés Manuel López Obrador, quien quería pasar a la historia como el más grande prócer en la historia mexicana, asimilar la imagen de su sexenio con tremendos señalamientos sobre lo que ha resultado su ejercicio de gobierno en todos los aspectos de la vida nacional.
El retrato del sexenio expuesto en el informe anual sobre derechos humanos y democracia de Estados Unidos de Norteamérica, aun cuando suene poco justo, explica el grado de rabia que este miércoles mostró al acusar al gobierno de Joe Biden de injerencistas. molestia que seguramente durará varios días en el ánimo del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este es parte de la traducción del amplio resumen ejecutivo del informe del departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica:
RESUMEN EJECUTIVO
Durante el año pasado, no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en México.
Entre los problemas graves de derechos humanos se incluyen informes creíbles de: asesinatos ilegales o arbitrarios, incluidos los asesinatos extrajudiciales; desapariciones forzadas; tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones carcelarias duras y que ponen en peligro la vida; arresto o detención arbitrarios; serios problemas con la independencia del poder judicial; restricciones graves a la libertad de expresión y la libertad de prensa, incluida la violencia contra periodistas y la aplicación o amenaza de aplicar leyes de difamación penal para limitar la expresión; corrupción gubernamental grave; violencia de género extensa, incluida la violencia doméstica o de pareja, la violencia sexual, la violencia en el lugar de trabajo, el matrimonio infantil, precoz y forzado, el feminicidio y otras formas de violencia de género; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia dirigidos a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia dirigidos a personas con discapacidades; y restricciones significativas o sistemáticas a la libertad de asociación de los trabajadores, incluidos delitos de violencia e intimidación contra trabajadores.
El gobierno generalmente tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos.
Elementos criminales, incluidas pandillas locales y transnacionales y narcotraficantes, fueron perpetradores significativos de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que resultó en altos niveles de violencia y explotación. El gobierno investigó y procesó algunos de estos delitos, pero la mayoría quedaron sin investigar y sin procesar.
Respeto a la integridad de la persona
A. PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LA VIDA Y OTROS ASESINATOS ILEGALES O POLÍTICAMENTE MOTIVADOS
Hubo varios informes de que entidades gubernamentales o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o ilegales, incluidos los asesinatos extrajudiciales, durante el año.
El 26 de febrero, miembros del 16º Regimiento de Caballería Motorizada de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dispararon contra un vehículo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, matando a cinco civiles y dejando herido a otro. El 10 de abril, un juez federal civil ordenó la detención de cuatro soldados de la SEDENA por cargos de homicidio en el incidente. Soldados adicionales de la SEDENA podrían enfrentar cargos menores por no prevenir el incidente.
El 6 de junio, un medio de comunicación publicó un artículo y un video en el que soldados parecían cometer asesinatos extrajudiciales de cinco civiles en Nuevo Laredo el 18 de mayo. Según fuentes, los civiles, que eran miembros de la organización criminal transnacional Cartel del Noreste, dispararon a los soldados en una persecución en vehículo. La SEDENA confirmó que los soldados eran miembros de la 3ª Sección de Fuerzas Especiales. Dieciséis soldados, incluido el oficial al mando, fueron confinados en una prisión militar mientras las autoridades judiciales militares y civiles realizaban investigaciones.
El 18 de marzo, las autoridades encontraron el cuerpo de José Portillo Gil “El Chueco”, quien fue asesinado a tiros en Sinaloa. Portillo Gil presuntamente mató a dos sacerdotes jesuitas y a un guía turístico en Cerocahui, estado de Chihuahua, en junio de 2022. Hasta octubre, las autoridades no habían arrestado a las personas que mataron a Portillo Gil, y la investigación continuaba.
El informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental 2022 señaló un aumento en la violencia contra los defensores del medio ambiente, quienes fueron víctimas de intimidación, secuestro y homicidio. En abril, atacantes secuestraron y mataron a Naua don Eustasio Alcalá, defensor del medio ambiente, activista y representante legal en el estado de Michoacán. Alcalá había abogado contra la explotación minera en su comunidad San Juan Huitzontla, Michoacán, sin consulta previa. La comunidad había obtenido previamente un fallo favorable que suspendió las concesiones mineras en 2022.
El 25 de octubre, un juez condenó a 11 funcionarios de seguridad a 50 años de prisión por el asesinato de 19 personas, muchas de las cuales eran migrantes, en Camargo, estado de Tamaulipas, en 2021. Los oficiales fueron declarados culpables de homicidio agravado, abuso de autoridad y cometer delitos mientras desempeñaban funciones administrativas.
Desapariciones Forzadas en México: Persistente y Preocupante
El problema de las desapariciones forzadas sigue siendo una preocupación persistente en México, particularmente en áreas con altos niveles de violencia relacionada con carteles o pandillas. Grupos criminales, a veces con presuntas complicidades con las autoridades, son responsables de numerosas desapariciones forzadas, y las investigaciones, enjuiciamientos y condenas por estos crímenes son poco frecuentes.
Los sistemas de bases de datos federales y estatales para el seguimiento de las desapariciones forzadas son incompletos y tienen problemas de intercambio de datos. Además, los sistemas forenses están altamente fragmentados entre los niveles local, estatal y federal, y el volumen de casos sin resolver es mucho mayor que la capacidad de estos sistemas. El gobierno a menudo fusiona estadísticas sobre personas desaparecidas forzadamente con personas desaparecidas que no se sospecha que sean víctimas de desaparición forzada, lo que dificulta compilar estadísticas precisas sobre la magnitud del problema.
En agosto, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación publicó el registro oficial de víctimas de desaparición forzada, totalizando 113,188 víctimas entre 1964 y agosto de 2023. Sin embargo, el registro, publicado en 2013 por la administración de Enrique Peña Nieto, fue retirado del acceso público en 2019 después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador clasificara la información como “reservada”.
El gobierno ha realizado esfuerzos para prevenir, investigar y castigar los actos de desaparición forzada que involucran a agentes gubernamentales. Sin embargo, la impunidad sigue siendo un problema significativo, con pocos casos resueltos y ninguna condena hasta la fecha.
Además, se han destacado los esfuerzos para esclarecer el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en 2014. Un informe publicado en agosto de 2022 confirmó que estas desapariciones fueron un “crimen de Estado”, implicando a varios funcionarios de los niveles local, estatal y federal. Aunque se han emitido órdenes de arresto, ninguna persona ha sido condenada por su participación hasta el momento.
En julio, un grupo de expertos independientes nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su sexto y último informe sobre Ayotzinapa, destacando la falta de cooperación de las autoridades en la investigación y la retención de información clave.
A pesar de los esfuerzos del gobierno para abordar el problema, la situación de las desapariciones forzadas en México sigue siendo preocupante y requiere acciones más enérgicas y efectivas para garantizar la justicia y la rendición de cuentas.
Respeto por las Libertades Civiles en México: Un Análisis Detallado
A. LIBERTAD DE EXPRESIÓN, INCLUYENDO PARA LOS MIEMBROS DE LA PRENSA Y OTROS MEDIOS
La ley garantiza la libertad de expresión, incluyendo para los miembros de la prensa y otros medios, y el gobierno generalmente respeta este derecho. Sin embargo, persiste una significativa presión gubernamental debido a ser una fuente de ingresos publicitarios para muchos medios, lo que a veces influye en la cobertura periodística.
Libertad de Expresión: Los medios independientes son activos y expresan una amplia variedad de opiniones sin restricciones, pero a menudo practican la autocensura por temor a represalias por parte de funcionarios gubernamentales y organizaciones criminales transnacionales.
Violencia y Hostigamiento: Los periodistas son asesinados o sujetos a ataques físicos, ciberataques, hostigamiento e intimidación (especialmente por agentes estatales y organizaciones criminales transnacionales) en respuesta a su labor informativa. Esta violencia limita la capacidad de los medios para investigar y reportar, ya que muchos de los periodistas asesinados cubrían crimen, corrupción y política local.
Censura o Restricciones de Contenido para los Medios de Comunicación, Incluidos los Medios en Línea: Grupos de derechos humanos reportan que algunos gobiernos estatales y locales censuran los medios. Los periodistas han alterado su cobertura debido a la falta de protección gubernamental, ataques contra miembros de los medios y redacciones, y amenazas o represalias contra sus familias, entre otras razones.
B. LIBERTADES DE ASOCIACIÓN Y REUNIÓN PACÍFICA
La ley garantiza las libertades de reunión pacífica y asociación, y el gobierno generalmente respeta estos derechos, con algunas excepciones. Sin embargo, hay informes de fuerzas de seguridad que utilizan fuerza excesiva contra manifestantes.
C. LIBERTAD DE RELIGIÓN
La libertad de religión está protegida por la ley, y el gobierno respeta este derecho.
D. LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y DERECHO A SALIR DEL PAÍS
La ley federal garantiza la libertad de movimiento interno, viajes al extranjero, emigración y repatriación, y el gobierno generalmente respeta estos derechos.
E. PROTECCIÓN DE REFUGIADOS
El gobierno coopera con el ACNUR y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a los refugiados, solicitantes de asilo y otras personas en situación de riesgo.
F. SITUACIÓN Y TRATO DE PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAMENTE (PDI)
Existen 386,000 PDI como resultado de conflictos y violencia en el país, según ONGs. La Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registró la mayor incidencia de desplazamiento interno forzado en 2022 en Chiapas.
Sección 3. Libertad de Participar en el Proceso Político
La ley proporciona a los ciudadanos la capacidad de elegir su gobierno a través de elecciones libres y periódicas, y el gobierno en general respeta este derecho.
Sección 4. Corrupción en el Gobierno
La ley prevé sanciones penales por corrupción de funcionarios. Sin embargo, hay numerosos informes de corrupción gubernamental.
Sección 5. Postura Gubernamental hacia la Monitorización e Investigación de Presuntas Violaciones de Derechos Humanos
Una variedad de grupos de derechos humanos operan generalmente sin restricciones gubernamentales para monitorear o investigar condiciones o casos de derechos humanos. Sin embargo, el presidente López Obrador ha criticado a los grupos de la sociedad civil en las conferencias de prensa que organiza diariamente. Algunas ONGs alegan que individuos que organizan campañas para desacreditar a defensores de derechos humanos a veces cuentan con el apoyo tácito de funcionarios gubernamentales.
Este análisis ofrece una visión detallada de la situación de las libertades civiles en México, destacando tanto los avances como los desafíos que enfrenta el país en la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos.
Discriminación y Abusos Societales
MUJERES
Violación y Violencia Doméstica:
La ley federal criminaliza la violación de hombres y mujeres, incluida la violación conyugal y la violencia doméstica o de pareja íntima, así como otras formas de violencia doméstica y sexual, incluida la llamada violación correctiva de personas LGBTQI+. La condena conlleva penas de hasta 20 años de prisión. La violación conyugal fue criminalizada en 27 de los 32 estados. El gobierno no aplicó la ley de manera efectiva. Hubo altas tasas de impunidad para estos crímenes, consistentes con altas tasas de impunidad para todos los delitos.
La ley federal prohibió la violencia doméstica, incluida la violencia de género, y estipuló penas de seis meses a cuatro años de prisión. La ley incluyó la violencia mediática y digital como una forma de violencia de género. De los 32 estados, 29 estipularon penas similares, aunque las sentencias a menudo eran más indulgentes. La ley federal criminalizó el abuso conyugal. Las leyes estatales y municipales que abordan la violencia doméstica en su mayoría no cumplieron con los estándares federales requeridos y a menudo no se aplicaron.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres fue responsable de liderar los programas gubernamentales para combatir la violencia doméstica. Además de los refugios, los centros de asistencia externa para mujeres brindaron servicios que incluyen asistencia legal, psicológica y de protección; sin embargo, el número de casos superó ampliamente la capacidad institucional. Los expertos legales dijeron que el país carecía de suficientes expertos en psicología y antropología para emitir los informes periciales apropiados que los jueces requerían en casos de feminicidio y violencia doméstica. La financiación federal ayudó en la operación de más de 69 refugios, centros de atención externa, casas de emergencia y casas de transición. Las ONG operaron el 85 por ciento de las instalaciones y las organizaciones gubernamentales el 15 por ciento restante.
Otras Formas de Violencia de Género o Acoso:
El feminicidio fue un delito federal castigado con 40 a 70 años de prisión. También fue un delito en todos los estados. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó de más de 1,290 asesinatos de mujeres, incluidos 426 feminicidios, de enero a junio.
El 27 de mayo, Guillermo “N” fue arrestado por quemar viva a su novia Guadalupe “N” con gasolina en Tonala, Chiapas, y estaba a la espera de juicio en agosto. Según un informe de Animal Político, en 2022 al menos 90 mujeres fueron atacadas con ácido o gasolina. El 2 de marzo, Puebla se convirtió en el primer estado en aprobar la “Ley Malena”, que consideraba los ataques con ácido como intentos de feminicidio y punibles con hasta 40 años de prisión.
En el caso de la muerte de Debanhi Escobar en Monterrey, Nuevo León, en 2022, en enero las autoridades arrestaron a dos personas que administraban el motel donde encontraron a Escobar.
En el caso de la muerte de Cecilia Monzón en Cholula, Puebla, en 2022, hasta el 8 de agosto, tres de los presuntos conspiradores estaban a la espera de juicio y uno fue liberado por falta de pruebas.
El 2 de marzo, el congreso de Puebla aprobó la “Ley Monzón”, en honor a Cecilia Monzón, víctima de feminicidio. La ley suspendió los derechos parentales para hombres bajo investigación por feminicidio. La ley también introdujo sanciones para los funcionarios que no actuaron o que obstaculizaron las investigaciones. Ciudad de México, Sinaloa, Colima y Aguascalientes adoptaron leyes similares.
La ley federal prohibió el acoso sexual y previó multas de 250 a 5,000 veces el salario mínimo diario, pero la ley no se aplicó de manera efectiva. De los 32 estados, 24 criminalizaron el acoso sexual y todos los estados tenían disposiciones para castigar cuando el perpetrador estaba en una posición de poder.
Discriminación:
La ley otorgó a las mujeres el mismo estatus legal y derechos que a los hombres y “igual salario por trabajo igual realizado en empleos iguales, horas de trabajo y condiciones de eficiencia”. El gobierno no aplicó la ley de manera efectiva. Las mujeres tendían a ganar sustancialmente menos que los hombres por el mismo trabajo. Las mujeres eran más propensas a experimentar discriminación en salarios, horas de trabajo y beneficios. Las mujeres afro-mexicanas e indígenas informaron desigualdad estructural en su vida diaria. Los anuncios de trabajo que especificaban género deseado, edad, estado civil y parental eran comunes.
Derechos Reproductivos:
No hubo informes confirmados de aborto coercitivo o esterilización involuntaria por parte de las autoridades gubernamentales.
La CNDH observó casos recurrentes de violencia obstétrica durante el parto en forma de negligencia y abuso físico, a veces con consecuencias graves para la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Hasta octubre, la CNDH emitió 51 recomendaciones para mejorar o abordar la negación de servicios de salud, incluido el abuso físico y psicológico, la realización de procedimientos riesgosos y la evaluación, diagnóstico y tratamiento neonatales inadecuados para enfermedades.
Las autoridades federales apoyaron el acceso a métodos anticonceptivos, incluidos los destinados a la planificación familiar, pero los esfuerzos de los estados variaron ampliamente. Las barreras para acceder a anticonceptivos provenían de la falta de conocimiento, la pobreza, la falta de acceso a servicios de salud y la violencia sexual por parte de familiares, extraños o amigos.
Los proveedores de servicios de salud gubernamentales en 21 estados dijeron que estaban obligados por ley a ofrecer servicios de salud sexual y reproductiva de emergencia para sobrevivientes de violencia sexual dentro de las 120 horas posteriores al asalto sexual. La anticoncepción de emergencia y la profilaxis postexposición estaban disponibles en todos los estados, incluso para sobrevivientes de agresión sexual. Sin embargo, las mujeres en todo el país enfrentaban obstáculos para acceder a servicios de emergencia debido a las objeciones personales de los proveedores de salud a la anticoncepción de emergencia o al malentendido de sus obligaciones legales para brindar servicios.
Las autoridades informaron que la causa de la mayoría de las muertes maternas a nivel nacional fue la hemorragia obstétrica (21 por ciento), seguida de la hipertensión (15 por ciento) y el aborto (8 por ciento). Los factores asociados con las muertes maternas incluyeron padres con niveles más bajos de educación, infraestructura hospitalaria y capacidad humana inadecuadas, y falta de acceso a la atención materna, especialmente para mujeres embarazadas que viven en áreas rurales. Los estados del sur informaron el acceso más bajo a la atención de salud calificada durante el embarazo debido a barreras geográficas, financieras y culturales.
Un informe de 2022 basado en una encuesta en cinco estados señaló que las principales barreras para la salud menstrual eran el estigma, la falta de saneamiento y acceso a la información. Encontró que el 69 por ciento de las personas menstruantes tenían poca o ninguna información cuando ocurrió su primer período, y el 15 por ciento carecía de acceso a productos menstruales.
El Consejo Nacional de Población informó que en 2022 hubo más de 350,000 embarazos en mujeres menores de 19 años, de los cuales aproximadamente 9,200 fueron en niñas de 15 años o menos (el 98 por ciento en niñas de 13 a 14 años). Los estados con la mayoría de casos fueron Chiapas, Coahuila, Guerrero y Veracruz. Las autoridades atribuyeron las altas tasas de natalidad adolescente al bajo nivel económico, las desigualdades sociales, el abandono escolar, el bajo uso de anticonceptivos, el abuso sexual y los matrimonios infantiles. A veces, los miembros de la familia arreglaban matrimonios para niñas menores de 18 años, aunque era ilegal en todo el país.
VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN RACIAL O ÉTNICA SISTÉMICA
La constitución prohibió la discriminación basada en la etnia, y una ley federal prohibió todas las formas de discriminación. No obstante, la discriminación era común contra minorías raciales y étnicas, incluidas las personas negras y afro-mexicanas. Todos los estados tenían leyes adicionales contra la discriminación. Una reforma constitucional de 2019 reconoció a los afro-mexicanos como grupo étnico. El gobierno no aplicó la ley de manera efectiva.
Según un informe de 2021 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), en la Ciudad de México las personas de piel oscura experimentaron la mayor discriminación, seguidas por los pueblos indígenas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el 2 por ciento de la población (2.5 millones) se identificó como afro-mexicana. La Encuesta Nacional de Discriminación del INEGI de 2022 encontró que el 36 por ciento de los afrodescendientes mayores de 12 años enfrentaron discriminación en los últimos 12 meses. La encuesta también informó que el 38 por ciento de los afrodescendientes mayores de 12 años dijo que sus derechos fueron respetados “poco” y el 28 por ciento que se les negaron sus derechos en los últimos cinco años. Un informe de 2022 de la Alianza Negra para la Justicia Migratoria encontró que los migrantes negros enfrentaban una discriminación racial generalizada por parte de individuos y autoridades, particularmente en el acceso al empleo y los servicios. Los migrantes negros informaron que las autoridades migratorias detenían a los migrantes negros durante períodos más largos que a otros migrantes.
PUEBLOS INDÍGENAS
La encuesta nacional sobre discriminación de CONAPRED de 2017 encontró que el 65 por ciento de las personas indígenas consideraban que sus derechos se respetaban “poco o nada”. La CNDH informó que las mujeres indígenas estaban entre los grupos más vulnerables de la sociedad. A menudo experimentaban racismo y discriminación y eran frecuentemente víctimas de violencia. Debido al menos en parte a los servicios ofrecidos solo en idioma español, las personas indígenas generalmente tenían acceso limitado a servicios de salud, servicios educativos y medios legales para buscar justicia. En 2022, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social publicó un informe que encontró que el 65 por ciento de los pueblos indígenas vivían en la pobreza y el 26 por ciento en la pobreza extrema.
A mediados de julio, el gobierno reanudó la construcción del Tren Maya, un ferrocarril de carga y pasajeros que cruza la península de Yucatán a través de tierras indígenas, citando un decreto de 2021 que consideraba toda la infraestructura pública como una cuestión de seguridad nacional, lo que limitaba la capacidad de la sociedad civil y los grupos indígenas para usar vías legales para detener el proyecto. Varias comunidades indígenas presentaron acciones legales para oponerse a la construcción, muchas de las cuales fueron desestimadas o denegadas. En diciembre de 2022, las Naciones Unidas publicaron un comunicado de prensa citando preocupaciones sobre el impacto de la construcción del Tren Maya en los derechos de los pueblos indígenas, la tierra y los recursos naturales, y los derechos culturales y de salud. El 7 de mayo, el grupo de la sociedad civil El Sur Resiste emitió un comunicado describiendo cómo la policía y los agentes militares los amenazaron mientras concienciaban sobre megaproyectos, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya.
El 17 de enero, las autoridades arrestaron al líder indígena David Hernández Salazar por incendio provocado y ataques a carreteras e imputaron a otros 17 miembros indígenas de la comunidad Binniza de Puente Madera en Oaxaca. Según grupos de la sociedad civil, incluido Front Line Defenders, Hernández fue procesado por su trabajo en oposición a megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
El 23 de abril, Hugo Rolando Arévalo Abarca fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de 2021 de Simon Pérez, activista de derechos humanos y miembro de la organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal en Chiapas, pero los familiares continuaron abogando para que las autoridades encuentren al sospechoso que ordenó el asesinato.
La constitución otorgó a las personas indígenas el derecho a la autodeterminación, autonomía y educación. Surgieron conflictos a partir de la interpretación de los “sistemas normativos” autónomos de las comunidades indígenas. Las leyes de usos y costumbres aplicaban prácticas tradicionales para resolver disputas, elegir funcionarios locales y recaudar impuestos, con una participación limitada del gobierno federal o estatal. Las comunidades y las ONG que representan a los grupos indígenas criticaron al gobierno por no consultar adecuadamente a las comunidades indígenas al tomar decisiones sobre proyectos de industrias extractivas y desarrollo de recursos naturales en tierras indígenas.
El 27 de enero, las personas indígenas en Xochimilco obtuvieron una orden judicial para detener la construcción de una base de la Guardia Nacional. El tribunal afirmó que las autoridades de la Ciudad de México no realizaron una consulta culturalmente adecuada y infringieron su derecho a la tierra y al territorio, su derecho colectivo a un territorio libre de militarización y el derecho a un medio ambiente saludable.
El 8 de agosto, el presidente López Obrador firmó un decreto para reconocer y proteger los sitios sagrados y rutas de peregrinación de los pueblos indígenas en los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y San Luis Potosí.
INFANCIA
Negarse a registrar nacimientos podría resultar en la negación de servicios públicos como educación o atención médica.
Maltrato infantil: La ley prevé protección contra el maltrato infantil. Hubo numerosos informes de maltrato infantil. El gobierno generalmente hizo cumplir la ley de manera efectiva. El Programa Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, mandatado por ley, fue responsable de coordinar la protección de los derechos de los niños en todos los niveles de gobierno.
Matrimonio infantil, precoz y forzado: La edad mínima legal para el matrimonio era de 18 años. Sin embargo, la aplicación fue inconsistente en los estados. Con el consentimiento de un juez, los niños podían casarse a edades más tempranas. Según una investigación de 2022 realizada por el medio de comunicación La Lista, al menos 153,000 matrimonios infantiles tuvieron lugar entre 2010 y 2021. El 15 de marzo, el senado aprobó legislación que criminalizaba el matrimonio infantil forzado y estipulaba una pena de hasta 22 años de prisión. El 26 de abril, las autoridades federales reformaron el código penal federal para prohibir la convivencia forzada de menores y personas con discapacidades intelectuales, con penas de ocho a 15 años de prisión y posiblemente penas más altas si la víctima se identificaba como indígena o afro-mexicana.
Explotación sexual de niños: La ley prohibía la venta, el acoso o el uso de niños para la explotación sexual comercial, incluido el tráfico sexual, y las autoridades generalmente hacían cumplir la ley. No obstante, ONG y medios de comunicación informaron sobre casos de explotación sexual de menores, incluido el turismo sexual infantil en ciudades turísticas y áreas fronterizas del norte. Las autoridades estimaron que 21,000 niños eran secuestrados anualmente para su explotación sexual. El estatuto de limitaciones no se aplicaba para delitos sexuales contra menores, incluida la distribución de pornografía infantil, el turismo sexual infantil, la corrupción de menores, la pederastia, el abuso sexual y la violación.
ANTISEMITISMO
La población judía ascendía a 58,876 personas (según la encuesta INEGI de 2020). La comunidad experimentó bajos niveles de antisemitismo. En enero, organizaciones de la sociedad civil y activistas protestaron contra la banda griega Der Strumer, acusada de ser un grupo neonazi, que tenía previsto actuar pero posteriormente canceló su show del 13 de enero en Guadalajara.
En junio, los medios locales informaron sobre múltiples esvásticas e insignias nazis pintadas alrededor de Morelia, Michoacán.
Entre enero y el 30 de junio, la organización de la sociedad civil Comité Central encontró que el 3 por ciento del contenido en redes sociales que mencionaba a personas judías era antisemita.
Los representantes de la comunidad judía informaron una buena cooperación con el gobierno para abordar los casos de actos antisemitas.
Para obtener más información sobre incidentes de antisemitismo en el país, ya sea que esos incidentes estuvieran motivados por motivos religiosos o no, y para informar sobre la capacidad de los judíos para ejercer la libertad de religión o creencia, consulte el Informe de Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado en https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.
TRATA DE PERSONAS
Consulte el Informe de Tráfico de Personas del Departamento de Estado en https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/.
ACTOS DE VIOLENCIA, CRIMINALIZACIÓN Y OTROS ABUSOS BASADOS EN LA ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO O EXPRESIÓN O CARACTERÍSTICAS SEXUALES
Criminalización: No había leyes que penalizaran la conducta sexual entre personas del mismo sexo entre adultos, el travestismo u otros comportamientos relacionados con la sexualidad o el género. No hubo informes de que las leyes neutrales (por ejemplo, sobre violación estatutaria, inmoralidad o merodeo) se aplicaran de manera desproporcionada a personas LGBTQI+.
Violencia y acoso: Hubo informes de que el gobierno no siempre investigaba y sancionaba a los culpables de abusos contra personas LGBTQI+, especialmente fuera de la Ciudad de México. Grupos de la sociedad civil afirmaron que la policía rutinariamente sometía a personas LGBTQI+ a maltrato mientras estaban bajo custodia.
En 2022, hubo 87 asesinatos de individuos que se identificaron como LGBTQI+, de los cuales 48 eran transexuales, que podrían haber sido motivados por su identidad sexual, según grupos de la sociedad civil.
El 15 de julio, agresores mataron a Ulises Nava Juárez, defensor de los derechos LGBTQI+ y jefe del Departamento de Diversidad Sexual de la Universidad Autónoma de Guerrero, cuando salía del Congreso Nacional de Litigio Estratégico para la Defensa de Cuotas Arcoíris, en Aguascalientes. Hasta el 31 de julio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó siete asesinatos de activistas de derechos humanos, dos de los cuales eran defensores de los derechos LGBTQI+.
Según CONAPRED, las formas más frecuentes de agresión que experimentaban las personas LGBTQI+ eran violencia verbal; negación de entrada, servicios y derechos; y asesinatos.
Discriminación: La ley federal prohibía la discriminación contra individuos LGBTQI+. El gobierno generalmente no hacía cumplir la ley. Una ley municipal de la Ciudad de México establecía sanciones más severas para los crímenes de odio basados en la orientación sexual y la identidad de género. A partir del 16 de noviembre, la Ciudad de México y los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán permitían a las parejas y familias LGBTQI+ derechos de adopción.
* Algunos aspectos que exhiben la gravedad de los Derechos HUmanos en México.
