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26.06.2024. Washington DC – Al cumplirse el segundo aniversario de la sentencia Dobbs v. JWHO , que revocó el derecho de acceso a servicios de salud para el aborto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa preocupación por la proliferación de marcos legales, prácticas y otros obstáculos que dificultan el acceso a los servicios de salud reproductiva en los Estados Unidos. La CIDH insta al gobierno a proteger el derecho a la vida, la salud y la integridad personal de mujeres y personas embarazadas.
Dos años después del fallo de la Corte Suprema, aproximadamente 33 estados tienen leyes que prohíben o restringen el acceso a los servicios de aborto en diversos grados. La inconsistencia, ambigüedad y falta de claridad en algunas de estas leyes han causado incertidumbre entre los profesionales de la salud sobre lo que es legal, lo que puede comprometer la prestación de atención médica de calidad y receptiva por temor a sanciones. Esto incluye casos en los que la denegación o demora de la atención médica, incluso en emergencias, resultó en daños evitables a la salud física y emocional de las mujeres.
Además, la Comisión ha recibido informes de que el aumento del acoso, la violencia y las amenazas de violencia contra los profesionales de la salud y las instalaciones que brindan estos servicios han provocado que algunos trabajadores de la salud abandonen o eviten ejercer en estados donde el aborto está restringido o prohibido. Esto ha resultado en el cierre no sólo de clínicas de aborto sino también de salas de maternidad en los hospitales. Estas consecuencias afectan desproporcionadamente a las mujeres negras y nativas y a las personas embarazadas, quienes ya enfrentan, en promedio, tasas de mortalidad materna más altas en el país.
En consecuencia, dependiendo de la ley estatal, las mujeres que buscan servicios de salud reproductiva han tenido que viajar a estados donde pueden acceder a ellos, lo que ha provocado hacinamiento y retrasos también en esos estados. Debido a los costos asociados con dichos viajes, las mujeres y adolescentes de bajos ingresos o empobrecidas, viajar entre estados donde el aborto está permitido a menudo no es posible , lo que exacerba las disparidades sociales y de salud existentes.
Además, la falta de seguridad jurídica también afecta el acceso a otros servicios de salud necesarios para las mujeres. Por ejemplo, ha habido informes de retrasos en la prescripción de tratamientos contra el cáncer debido al riesgo de interrumpir un embarazo. También existe la preocupación de que el lenguaje amplio utilizado en algunas leyes pueda limitar el acceso a los anticonceptivos . Además, hay informes de que los registros de medicamentos recetados se comparten con las autoridades sin una orden judicial para fines de procesamiento.
La protección de la salud reproductiva es esencial para el desarrollo autónomo de las mujeres. El Estado está obligado a proporcionar servicios, instalaciones y bienes de salud que tengan en cuenta las necesidades específicas de las mujeres e incorporen una perspectiva de género que garantice un acceso real, de calidad y adecuado. Además, se debe brindar una atención integral y apropiada de acuerdo con las mejores prácticas científicas y médicas para prevenir y tratar las complicaciones médicas relacionadas con el embarazo. En este contexto, el acceso al aborto seguro —considerado un servicio de salud esencial por la Organización Mundial de la Salud ( OMS )—, así como a otros servicios de salud que necesiten las personas embarazadas, es una cuestión de igualdad de género .
La CIDH valora los esfuerzos del gobierno para salvaguardar los derechos reproductivos protegidos a nivel federal y mitigar el impacto de las restrictivas leyes estatales sobre el aborto. Simultáneamente, en línea con recomendaciones de diversos órganos de tratados de las Naciones Unidas , la CIDH insta a la implementación de los lineamientos de atención del aborto 2022 de la OMS . Esto requiere eliminar las sanciones para quienes brindan, ayudan o buscan este servicio de salud, y fortalecer las protecciones de la confidencialidad de los profesionales médicos y la privacidad del paciente.
Estados Unidos debe intensificar los esfuerzos para garantizar el acceso de las mujeres a todos los servicios de salud reproductiva, incluida información precisa y con base científica sobre métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia y píldoras abortivas, así como su uso seguro en todo el territorio nacional.
Como organismo principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH deriva su mandato de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover el respeto y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en esta área. La Comisión está compuesta por siete miembros independientes que son elegidos a título individual por la Asamblea General de la OEA y que no representan a sus países de origen o residencia. /span>
