*Escrito por Cirenia Celestino Ortega .
Estamos a dos meses del cambio de gobierno y, entre los retos del entrante, estará la despenalización del aborto a nivel nacional pues, aunque 15 estados ya han cambiado sus legislaciones para garantizar el derecho a decidir, la legislación nacional mantiene una redacción moralina y violatoria incluso de la progresividad de derechos para las mujeres.
El Código Penal Federal señala “Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”, y advierte penas de hasta 8 años de prisión a quien auxilie u obligue al aborto, llamándole “delincuente”.
Si el aborto lo practica un médico, cirujano, comadrón o partera, además se le suspenderá hasta por cinco años en el ejercicio de su profesión. Si la “madre” que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, que no tenga mala fama; que haya logrado ocultar su embarazo y sea fruto de una unión ilegítima, se le aplicarán hasta cinco años de prisión.
De acuerdo con la ley, el aborto no es punible cuando es causado por imprudencia de la mujer embarazada, cuando sea resultado de una violación, cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte.
Con base en una sentencia sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en el Código Penal de Coahuila de septiembre de 2021, GIRE presentó un amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal por haber emitido una regulación que criminaliza el aborto.
En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el amparo y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos y, por lo tanto, a ninguna mujer, ni al personal de salud, se le podrá castigar por abortar. Es decir que, aunque a nivel federal se mantenga la redacción que penaliza, ésta ya no es aplicable y las organizaciones trabajan por transformar sus leyes locales.
Celebramos los 15 estados que han avanzado para transformar sus códigos penales estatales toda vez que, en México, el aborto se regula a nivel local con circunstancias bajo las cuales no se castiga o no se considera un delito.
14 de las 15 despenalizaciones sucedieron en este sexenio que está por terminar: 2024 Nayarit, Puebla, Jalisco; en 2023 Aguascalientes; en 2022 Baja California Sur, Guerrero, Sinaloa, Quintana Roo; en 2021 Baja California, Colima, Veracruz, Hidalgo, Coahuila; en 2019 Oaxaca y el de avanzada, 2007 Ciudad de México.
Restan 17 entidades, cuya legislación aún obstaculiza la autonomía reproductiva, pero que aún pueden retomar los criterios de la SCJN para garantizar el derecho a decidir de las mujeres. En la mayoría de los estados, el aborto permitido durante las 12 primeras semanas de gestación, a excepción de Jalisco donde se puede hasta la 13.
Mientras el CPF no se transforme, se deja la puerta abierta a que los 17 estados puedan seguir criminalizando a las mujeres que desean interrumpir su embarazo. Por ello, organizaciones como Ipas, GIRE; las colectivas y organizaciones estatales y locales, se mantienen en el objetivo de conseguir que el aborto desaparezca de todo código penal estatal en México para evitar que se inicien procesos penales contra quienes deciden interrumpir su embarazo, como el caso de Tamaulipas donde, de acuerdo con Milenio, se investiga a 18 mujeres por abortar.
Es necesario recordar que el aborto es un procedimiento seguro cuando se practica en condiciones adecuadas, incluso puede realizarse en casa con un adecuado acompañamiento sin ninguna complicación.
¿Qué falta entonces para lograr el acceso pleno al derecho humano a decidir? Falta información basada en evidencia científica para evitar la estigmatización del aborto.
De acuerdo con el GMMP (2020) los grupos conservadores y anti derechos están ganando terreno en los medios de comunicación. Son comunes las columnas de opinión de figuras religiosas donde se difunde el aborto como sinónimo de pecado, además de los estereotipos de género sobre “ser madre” que se reproducen en narrativas e imágenes.
Además, donde el aborto ya fue despenalizado, existe poca información para que las mujeres accedan a los servicios médicos para interrumpir su embarazo, es decir, las mujeres no tienen la suficiente información para elegir con libertad continuar con un embarazo o no hacerlo. Además de la permanencia de la violencia sexual como una de las razones de embarazos no deseados e incluso embarazos a temprana edad.
Se requiere entonces, despenalizar en 17 estados restantes, sacar el aborto del CPF e información para ejercer nuestro derecho a decidir, en éste último punto, los medios de comunicación desempeñamos un papel protagónico.
