* Remiten dictamen al Ejecutivo
/ Redacción /
Cdmx 08 octubre 2019.- La Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y reforma las leyes General de Responsabilidades Administrativas, y la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El documento, avalado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención, fue enviado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La discusión de la minuta se centró en las modificaciones realizadas por el Senado de la República a los artículos 17 y 24 de la Ley Federal de Austeridad.
En el artículo 17 se establece que “la constitución o celebración de fideicomisos o mandatos queda prohibida en las siguientes materias:” salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública.
Se agrega que lo anterior no será aplicable cuando dichos fideicomisos o mandatos estén previstos en ley, decreto o tratado internacional.
Para los demás casos, los entes públicos de la administración pública federal sólo podrán constituir fideicomisos o mandatos cuando sean autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo previsto en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Bajo ninguna circunstancia se podrán hacer aportaciones, transferencias, o pagos de cualquier naturaleza utilizando instrumentos que permitan evadir las reglas de disciplina financiera, transparencia y fiscalización de gasto.
El artículo 24 establece que los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones, previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.
Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Erasmo González Robledo (Morena), explicó que las comisiones dictaminadoras consideraron que el artículo 17 de la minuta presentada por la colegisladora realiza modificaciones que tienen un carácter de obviedad y que optimizan la redacción del texto.
“Se estima conveniente especificar las funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la materia, pues es la única entidad encargada de crear fideicomisos por mandato del Ejecutivo federal”, apuntó.
Sobre los cambios al artículo 24, precisó que contiene adecuaciones que fortalecen el combate a la corrupción y es de suma importancia que se tenga certeza sobre el actuar de los funcionarios públicos que intervienen en los asuntos de toma de decisión de Estado.
El dictamen, agregó, busca garantizar que la política de austeridad republicana persevere en el tiempo. Además, regular las acciones de austeridad que se apliquen al gasto público y contribuir a la aplicación de una administración eficaz de los recursos públicos, con el objeto de evitar interpretaciones contrarias al sentido de la ley.
El documento, continuó, propone una definición amplia, clara y necesaria de lo que debe entenderse por austeridad republicana. Afinar y precisar que el plazo durante el cual los servidores, ex servidores públicos de mando superior no podrán emplearse en empresas privadas, mismo que será de 10 años.
González Robledo añadió que es necesario precisar que las empresas a las que se refiere el dictamen son aquellas que hayan sido supervisadas, reguladas o de las que tuviere información privilegiada el servidor público. Asimismo, se considera como falta grave toda violación a las disposiciones sobre fideicomisos establecida en la Ley Federal de Austeridad Republicana.
En los posicionamientos, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) dijo que la ley Federal de Austeridad Republicana es representativa y simbólica de la esencia redistributiva del gobierno actual. Con la aprobación de este estatuto se lograrán dos grandes objetivos, el primero de ellos es tener un gobierno republicano y austero y dejar atrás la burocracia que lastimó a México.
Mencionó que no se puede olvidar con facilidad la herencia que dejaron los gobiernos anteriores, en donde 78 por ciento de la población fue pobre. El proceso de reconstrucción requiere de todos los recursos y de sacrificios en todos los sectores de gobierno. El segundo objetivo, es redirigir los recursos posibles para combatir la pobreza y extender el bienestar a toda la sociedad.
Su compañero de bancada, diputado Francisco Elizondo Garrido celebró la expedición de una norma general ajena a los mecanismos de control del Ejecutivo, para establecer un marco normativo, a través del cual, deben aplicarse los recursos que han sido asignados a las diferentes instituciones estatales.
Por medio de una ley federal que promueve la austeridad, se generarán acciones con efectos de largo plazo que no dependan del gobierno en turno o que obedezcan sólo a coyunturas políticas; se trata de hacer de la austeridad un asunto de Estado. “Con esta nueva ley se crea el andamiaje legal y sus correspondientes medios de control”, reiteró.
Ricardo Flores Suárez, diputado de Acción Nacional, argumentó que la transparencia, rendición de cuentas y la austeridad no están de moda, pues el ejercicio del gasto público eficiente, es una exigencia social. Agregó que la minuta devuelta por el Senado de la República, atenta contra la libertad laboral de cualquier ciudadano, y la ley estará por encima de un derecho constitucional como es el trabajo.
Preguntó qué se pretende en esta Cuarta Transformación, “acaso que las mexicanas y los mexicanos estemos todos los días sin acceder a un derecho básico, como es el trabajo, y tratar de sobrevivir en la pobreza y terminar con sus matutinas y mal llamadas mañaneras austeras”.
Del PRI, el diputado Fernando Galindo Favela subrayó que se confunde el significado de austeridad, pues debe ser una herramienta para hacer más eficiente la operación del gobierno, no debe sacrificar libertades ni derechos, debe ser para mejorar la calidad de los bienes y servicios. “Lo único que tiene bueno esta la ley es su nombre; es una recopilación de lo establecido en otros ordenamientos y decretos de austeridad de las pasadas administraciones”.
Añadió que su grupo parlamentario está a favor de la austeridad y la rendición de cuentas; sin embargo, este dictamen “lo único que promueve es la discrecionalidad en el manejo de los ahorros presupuestarios y los subejercicios; atenta contra los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, y hay un control político de los empleados; se necesitan servidores públicos responsables y capacitados, y no improvisados”.
El diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores expresó que el propósito de la ley es establecer que quienes integran los órganos del poder público y todo ejecutor de gasto, observe los principios contenidos en el artículo 134 constitucional. “Todos los actos de corrupción se acaban en el gobierno de la Cuarta Transformación. El titular del Ejecutivo federal ha manifestado firmeza, liderazgo y autoridad moral en su combate”.
Destacó que se requiere dotar al gobierno de los instrumentos legales que le permitan realizar adecuadamente su labor, en particular, en la revisión de la opacidad financiera en la constitución de fideicomisos públicos; tampoco se podrá destinar aportaciones, transferencias o pagos de cualquier naturaleza que no sean transparentes y encaminados a resolver problemáticas específicas, y no se atenta contra la libertad de trabajo de un exservidor público, sino “lo que se inhibe es el posible conflicto de intereses en el manejo de información”.
Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, diputada de MC, indicó que su partido está a favor de la austeridad y siempre ha defendido y abanderado que los recursos con los que dispongan la Federación, las entidades, los municipios y la Ciudad de México, se administre con mayor eficiencia, eficacia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.
Señaló que la contrapropuesta del Senado no afecta, en lo general, los objetivos de la política de gasto público, pero sí los rubros de especial interés para el adecuado funcionamiento de las instituciones, como el combate a la corrupción y la garantía de los derechos sociales. Ahora se permite a la autoridad, a través de un manual de percepciones, decidir por sí misma a qué servidores públicos se le aplica o no la disposición de prohibición de diez años. “La ley debe servir para poner orden; la austeridad inteligente ha sido una batalla de años”.
Por el PES, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz puntualizó que están a favor de la austeridad, y con este dictamen se avanza a la clausura de la puerta que permitía la irracionalidad económica. “Vamos por una rendición de cuentas real, vamos a cerrar la puerta a la impunidad, un México mejor sí es posible”.
En el grupo parlamentario, añadió, “no vemos razón ni justificación para no votar a favor de una ley que quiere y exige la mayoría, cansada de reconocer a ciudadanos de primera y de segunda. Hagamos de este dictamen una reforma sustantiva en el uso y destino de los recursos públicos para que lleguen a quien menos tienen”.
El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) consideró que aprobar esta minuta significará aceptar los errores de la mayoría en la construcción de leyes y sepultar el desarrollo profesional de servidores públicos, que podrían abonar al desarrollo de empresas sin que eso signifique que hay corrupción o que estarán por el pago de favores.
La reforma sobrerregula al ejercicio presupuestal y al administrador público; lo trascendente, agregó, es el enfriamiento por diez años de servidores públicos en puestos de nivel jerárquico superior que quieran desempeñarse en el sector privado, lo que representa un duro golpe para la profesionalización del servicio público porque va en detrimento de la calidad de los servidores y transgrede derechos fundamentales.
Pro y contra
En contra, el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (PRI) dijo que esta ley no tiene que violentar los derechos laborales de los servidores públicos. Mencionó que es preocupante que se proponga ampliar el periodo en el cual los servidores públicos no podrán ocupar posiciones en empresas privadas, y con esto estarían aprobando un mecanismo que sanciona la experiencia y castiga a los buenos funcionarios. “La pérdida de buenos funcionarios en la administración pública es algo que no le conviene al gobierno”, señaló.
Al hablar a favor, el diputado Carlos Javier Lamarque Cano (Morena) mencionó que se le tiene que “ajustar el cinturón” a los tres niveles de gobierno, garantizando la austeridad y la trasparencia. Con la aprobación de este dictamen se obligará a las y los servidores públicos a apegarse a los principios de la ética pública. “Se acabará con la corrupción que dejaron gobiernos anteriores y que afecta el 10 por ciento del Producto Interno Bruto, corrupción que ha sumido en la pobreza y la violencia a México”, refirió.
La diputada Abril Alcalá Padilla (PRD) anunció su voto en contra al considerar que con la modificación de duplicar de cinco a 10 años el tiempo en que funcionarios públicos de alto nivel tendrán que estar alejados de cargos similares en el sector privado, “esto lastimará todavía más al sector público porque bajo esta gravísima limitante de desarrollo profesional y familiar, ahuyentaremos a las y los mejores, pues muchos de ellos huirán de todo cargo público para concentrarse en el sector privado, además perpetuando este divorcio entre dos sectores que deberían ser aliados”.
El diputado Jacobo David Cheja Alfaro (MC) manifestó que votaría a favor “porque por ningún motivo apoyaremos que los servidores públicos hagan mal uso de información privilegiada del gobierno a la que hayan tenido acceso en ejercicio de sus facultades conferidas en su cargo, con el objeto de beneficiar a organizaciones privadas”. No obstante, estimó que el periodo de 10 años es excesivo, además se afectaría el derecho a la libre profesión.
En tanto, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, diputada del PAN, enfatizó que su grupo parlamentario votaría en contra del dictamen “porque se ha construido con una visión parcial y tendenciosa que afecta la capacidad de la administración pública para tener buenos y preparados servidores públicos. Además, “se está dando una bolsa a discrecionalidad, desaparecemos el ramo 23 para evitar los moches, pero dejamos un recurso discrecional disfrazado de una ley de austeridad”.
El diputado Agustín García Robles (Morena) dijo que no se puede seguir glorificando el dispendio y la corrupción con un pueblo pobre de 60 millones de mexicanos con seudo servidores públicos que sólo se dedican a saquear al erario público: “Es una Ley de Austeridad Republicana en donde el servicio público será un acto de vocación de servicio y no un medio para tratar de enriquecerse a costa del pueblo”, subrayó.
Por su parte, la diputada Soraya Pérez Munguía (PRI) afirmó que la Ley de Austeridad Republicana merma y paraliza el servicio público. Esta ley y las modificaciones al marco que rigen a los funcionarios públicos no es ni republicana, ni de Estado. Dijo que todo lo bueno que está en la Ley de Austeridad Republicana ya existe en otros ordenamientos y decretos.
El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona (Morena) señaló que la profunda situación de pobreza en que se encuentra nuestro país ha sido ocasionada por el despilfarro del gasto público, por eso, la Ley de Austeridad Republicana será un pilar, que garantiza el cumplimiento a los principios gubernamentales, especialmente la integridad, honradez y la rendición de cuentas; además, es el medio para continuar con el combate contra la corrupción evitando vicios en la administración pública.
Al manifestar su voto en contra del dictamen, la diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) afirmó que es un incentivo perverso que se diga a quien ya hizo una declaración de conflicto de intereses que no puede trabajar en la iniciativa privada. “Esto viola varios artículos constitucionales y varios tratados internacionales; el artículo primero de progresividad y de respeto a los derechos humanos, así como el de la libertad de trabajo y además genera detrimento de la calidad de los servidores públicos”.
El diputado del PT, Óscar González Yáñez, señaló que los debates en torno a los ingresos de los servidores públicos no han resuelto cuál debe de ser su función cuando concluyen su encargo. Añadió que inhabilitarlo podría ser un exceso, “pero también venimos de excesos y la única forma de pararlo es así; puede ser discutible que 30 días o 10 años, pero ¿cómo discutimos que lo que los mexicanos le dimos a esos funcionarios no lo pongan al servicio de la iniciativa privada? Lo tenemos que hacer de esta manera”.
En contra, el diputado del PAN, Sergio Fernando Ascencio Barba afirmó que se corta el derecho al trabajo libre al establecer una contratación de funcionarios después de 10 años de haberse retirado del cargo. Es preocupante porque con el argumento de la austeridad se afectó a miles de familias mexicanas con el despido de más de 7 mil trabajadores que engrosan el desempleo, se les quitó la posibilidad de ingreso y contratación. Aseguró que se ha confundido el ahorro con subejercicios, mismos que alcanzan 198 mil millones de pesos. “La austeridad republicana empobrece a las dependencias. El dictamen es una legislación al gusto y capricho del Presidente”.
De Morena, a favor, el legislador Marco Antonio Andrade Zavala sostuvo que se inicia una nueva etapa para ejercer y entender el funcionamiento de la administración pública y evitar servirse de los cargos gubernamentales. Se termina una etapa ofensiva que utilizó la estructura del Estado mexicano como medio de enriquecimiento de la clase política y particulares, donde el despilfarro, corrupción y enriquecimiento ilícito prevalecieron. Las medidas de austeridad serán el objetivo para que los recursos se administren con eficiencia y transparencia, pero sobre todo con honradez y responsabilidad.
De conformidad con el artículo 109 del Reglamento, se reservaron para su discusión en lo particular, los artículos 13 segundo párrafo; 17 y 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Reservas
En lo particular, el Pleno aceptó con 364 votos a favor, 68 en contra y tres abstenciones, la reserva al artículo 13, segundo párrafo, presentada por el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena), para cambiar la palabra “duplicidad” por “duplicadas”.
Los artículos 17 y 24 se avalaron en términos del dictamen, con 272 votos en pro, 154 en contra y tres abstenciones.
