*Zona de Reflexión.
/Escrito por Lucía Lagunes Huerta* /.
No podemos quedarnos en el juego del sospechosismo y minimizar la denuncia de intento de violación contra el exfutbolista, exgobernador de Morelos y actual diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco. Este caso vuelve a poner en evidencia los pactos patriarcales que protegen a los hombres en el poder cuando son acusados de violencia contra las mujeres.
Las estrategias para desviar la atención y evadir la responsabilidad son siempre las mismas: descalificar a la víctima, tildándola de mentirosa, y victimizarse, denunciando un supuesto complot en su contra. Cuauhtémoc Blanco ha optado por ambas, llegando incluso a anunciar que impulsará una ley para «proteger a los hombres» de estas acusaciones. Que la única iniciativa que promueva sea en beneficio propio dice mucho de su calidad como legislador.
Esta situación se agrava cuando recordamos que su gobierno dejó a Morelos en los primeros lugares de feminicidio por tasa poblacional y desapariciones de niñas, niños y adolescentes, además de las denuncias por desvío de recursos. Sin embargo, en lugar de rendir cuentas, su estrategia es blindarse y buscar apoyo dentro de su partido.
El caso también evidencia los acuerdos patriarcales dentro de los partidos políticos. Según la feminista Yndira Sandoval, promotora de la Ley 3 de 3, en los procesos electorales de 2021 y 2024, Morena fue el partido que registró más agresores de mujeres como candidatos. En ambos procesos, seis de cada diez agresores registrados como candidatos a cargos de elección popular fueron postulados por este partido. Esto refleja una práctica sistemática de protección a los agresores y cierre de filas cuando uno de los suyos es señalado.
Cuauhtémoc Blanco ha dicho que «le puede pasar a cualquiera», pero no es cierto. No le puede pasar a cualquier hombre, sino solo a aquellos que han ejercido violencia. Su iniciativa no es una defensa de la presunción de inocencia, sino una advertencia para que otros agresores se solidaricen con él por miedo a ser expuestos.
En este contexto, el ataque a las mujeres que denuncian es brutal. Al verse exhibidos, los agresores buscan desacreditar a las víctimas, responsabilizarlas de demostrarlo todo y poner en duda su credibilidad. La estrategia es clara: tacharlas de mentirosas y sugerir que su denuncia tiene un trasfondo político. Esto lo vimos con Basilia, la mujer que denunció tras haber sido víctima de violación por parte de Félix Salgado Macedonio cuando era menor de edad. Durante cuatro años ha sido acosada, amenazada y revictimizada, mientras el agresor sigue en la esfera política.
El silencio de las mujeres en el poder también es un factor clave en la impunidad. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados tiene en sus manos la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, respaldada por 5 mil 800 mujeres.
Este es el momento de demostrar congruencia. La Fiscalía tiene la obligación de investigar y evitar que este caso se convierta en una disputa política que favorezca al agresor en lugar de garantizar verdad, justicia y reparación para la víctima.
Las funcionarias y legisladoras ya no pueden excusarse en que «son pocas» para actuar. Ahora que representan la mitad del poder, deben romper con la cultura del encubrimiento y colocar la vergüenza del lado de los agresores. El caso Cuauhtémoc Blanco nos recuerda que hay una deuda pendiente con las víctimas y que la impunidad no puede seguir siendo la norma.
*Lucía Lagunes Huerta
Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
