Cdmx. 21 enero 2020.- El objetivo es avanzar en el proceso de armonización con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en México desde 2009.
La senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para garantizar que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos políticos y electorales.
La iniciativa indica que los partidos políticos han reservado espacios para las mujeres, los indígenas y los jóvenes, sin embargo, no han propiciado la creación de lugares para las personas con discapacidad, siendo que también son un sector históricamente discriminado en el ámbito político.
Informa que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en México desde el 3 de mayo de 2009, establece que “los Estados parte garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás”.
La iniciativa tiene el objetivo de avanzar en el proceso de armonización de dicha Convención, adoptando las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.
Para esto, el texto plantea que los observadores electorales tengan la atribución de vigilar que se garantice el ejercicio del sufragio a todos y todas las personas con discapacidad. Esto ayudará a perfeccionar la norma, ya que ellos sistematizarán su información para saber qué está funcionando, qué no y por qué, señala.
Propone que haya al menos un porcentaje de candidaturas para personas con discapacidad. “Una de las causas de la marginación política de las personas con discapacidad, es que el asunto no es considerado como tema de la agenda política del país, y sólo se ve como una cuestión del ámbito de la salud”, denuncia.
También, pide implementar casillas adaptadas para el uso de electores con discapacidad motriz que utilicen silla de ruedas y poner a disposición boletas con plantillas en sistema braile para que las personas ciegas y débiles visuales puedan emitir su voto.
A los presidentes de casilla, detalla, se les darán atribuciones para que faciliten el ejerció del sufragio a los electores con discapacidad; así como garantizar el disfrute del derecho de preferencia para grupos vulnerables como los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad al momento de asistir a votar.
Finalmente, propone incluir un indicador de “discapacidad” en el Registro Federal de Electores, “con la finalidad de hacer eficiente el uso de los recursos públicos que se asignan para el desarrollo democrático de nuestro país”.
Con este indicador, apunta, el Instituto Nacional Electoral sabrá cuántos electores con discapacidad hay, cuáles son sus características, dónde viven y qué requieren para ejercer por si mismos sus derechos político-electorales.
El texto establece que el Partido Revolucionario Institucional “concibe los derechos de las personas con discapacidad en su visión de futuro como una causa transversal a la inclusión y la accesibilidad”.
La iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos; Segunda.
