* Indignación y protestas de la clase trabajadora mexicana y de otros países
* Fue vinculada a prisión preventiva, en tanto se amplían las investigaciones
/Elda Montiel/
SemMéxico, Cd. de México, 11 de junio, 2020.- Más de 180 organizaciones personas y espacios organizativos del país exigen la liberación inmediata e incondicional de Susana Prieto Terrazas, vinculada a proceso en prisión preventiva desde este miércoles.
La abogada y asesora legal del Movimiento Obrero 20/32 y del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS), reconocida por acompañar a trabajadoras y trabajadores en diversas denuncias ante negligencias, malos tratos y falta de compromiso de las empresas, principalmente de la industria maquiladora, ha provocado diversas reacciones en el ámbito laboral nacional e internacional.
Las acusaciones hechas por la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas “por los delitos de motín, amenaza, coacción de particulares”, todos ellos representan una regresión en los derechos de la clase trabajadora por considerar “y son acusaciones de principios del siglo pasado”.
De los hechos, se responsabiliza al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el titular de la Fiscalía General de Justicia de esa entidad Irving Barrios Mojica, así como al gobierno Federal de lo que pudiera ocurrir a la defensora laboral.
Las organizaciones también responsabilizan a directivos de las empresas como Fisher, Kongsberg, BCS Electrónica, Nexos Magnéticus, Lexmark, DURA, Electrolux, TPI, Tridonex, MERIT, Kongsberg, BVI Visitec, entre otras muchas a cuyos obreros ha representado Prieto Terrazas en la defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora, por lo que se acusa al gobierno de actuar a favor de las empresas.
En el mismo sentido, las organizaciones también denuncian que detrás de la detención y ahora vinculación de la abogada Prieto Terrazas podrían estar los “líderes charros” como Juan Villafuerte, del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM), y Agapito González, del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales (SJOI).
En sendas cartas públicas, obreros y obreras de la frontera norte y de otras partes del país solicitaron la intervención y acompañamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) para velar por que no se dañe la integridad de la defensora y documentar posibles violaciones al debido proceso.
A la exigencia de liberar a la abogada laborista se suman también organismos internacionales, entre ellos de España, y militantes de Izquierda Revolucionaria, en una Declaración de Solidaridad Internacional.
Una abogada laboral amenazada
Recién, Prieto Terrazas acompañó la denuncia presentada por negligencia de la clase patronal con las y los trabajadores en el contexto de la pandemia COVID 19, por malos tratos y falta de compromiso de las empresas, principalmente de la industria maquiladora, en la prevención de contagios del nuevo coronavirus.
La detención del pasado lunes está relacionada con una protesta que se realizó el pasado 10 de marzo en la Junta Especial número 6, protagonizada por un grupo de empleados de la empresa Tridonex.
Cabe recordar que Susana Trejo acompañó el paro de labores de las maquiladoras protagonizadas el año pasado y logró un aumento salarial efectivo del 20 % y un bono por 32 mil pesos.
Ello, apuntan las y los trabajadores, previo a la detención dio pie a una serie de hostigamientos y amenazas de muerte por parte de quienes dirigen las maquiladoras, así como de líderes de sindicatos charros, quines habrían orquestado las agresiones desde sus redes sociales.
La abogada laborista y asesora legal del Movimiento Obrero 20/32 y SNITIS fue vinculada a proceso tras una larga audiencia de más de 20 horas en un penal de Ciudad Victoria, en tanto en la Plaza Principal de Matamoros cientos de personas reunidas exigían su liberación, movilizaciones que inciaron cuando trascendió su detención.
La defensora fue detenida este lunes, 8 de junio, en Matamoros, Tamaulipas, alrededor de las 17:00 horas por ministeriales, la orden de aprehensión fue firmada por Rosalía Gómez Guerra, Jueza de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal del Estado de Tamaulipas.