/Anabel Hernández / Deutsche Welle/
México, 27 septiembre 2020.- A 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes, una cosa está clara: el Estado encubrió a los responsables. AMLO se ha disculpado, pero no está claro quién dio las órdenes, ni tampoco el paradero de los estudiantes.
María Martínez escuchó pacientemente las intervenciones de todos los que tenían algo que decir. Un crudo resumen de lo difícil que es resolver un crimen en el que el Estado está involucrado. Escuchó cómo el anterior gobierno mexicano había construido una “mentira histórica” y cómo las personas involucradas fueron excelsamente remuneradas por ello, cómo desaparecieron las pruebas y los testigos fueron obligados a hacer confesiones falsas a través de la tortura. Entonces Martínez avanzó con calma, colgó en el atril una foto de Miguel Ángel, su hijo desaparecido, y fue al grano: “Señor presidente”, dijo, mirando a los ojos al jefe de Estado Andrés Manuel López Obrador, “le agradecemos sus esfuerzos, pero seis años después todavía no hemos avanzado mucho”.
Su discurso duró menos de ocho minutos. Fue la participación más corta en la ceremonia de conmemoración del sábado, aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en el sur de México. Pero la que se llevó más aplausos.
Después de ella, el presidente tomó la palabra y, en nombre del Estado, se disculpó por las violentas desapariciones. Criticó a su predecesor y afirmó que ha habido progresos, incluyendo 70 órdenes de arresto. Pero pidió paciencia. Dijo que no hay que sacar conclusiones erróneas, de nuevo, por la prisa o la presión.
De la “verdad histórica” a la “mentira histórica”.
Lo sucedido en la noche en cuestión aún no ha sido aclarado completamente. Un grupo de estudiantes normalistas había capturado varios autobuses en Iguala, en el sur de México, para llevar estudiantes a una manifestación política en la capital. Pero no llegaron muy lejos. Ya en las afueras de esa ciudad fueron detenidos con armas de fuego por las fuerzas de seguridad, y 43 de ellos fueron secuestrados.
La fiscalía señaló como responsable al alcalde de Iguala, que tenía conexiones con la banda local de narcotraficantes Guerreros Unidos. Además, hubo declaraciones de sicarios que afirmaron que los estudiantes fueron ejecutados en un vertedero de basura local, que sus cuerpos fueron quemados y que las cenizas fueron luego depositadas en bolsas de basura y arrojadas al río. La evidencia era un pedazo de hueso supuestamente sacado del río, que expertos forenses austríacos identificaron como el de uno de los estudiantes. Más tarde, otros dos restos fueron atribuidos a otros estudiantes, pero aún no hay rastro de los 40 restantes.
Esta hipótesis, declarada como la “verdad histórica” por el fiscal de ese entonces, pronto resultó ser inconclusa. El actual Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, la llama la “mentira histórica”. Según labores de investigación periodística, los estudiantes fueron divididos en varios grupos y ejecutados en diferentes lugares. De acuerdo con el informe, entre ellos había tanto policías vestidos de civiles como militares, así como asesinos de un cartel de la droga, todos los cuales actuaban bajo las órdenes de un “jefe” que, al parecer, suponía que los estudiantes pertenecían al cartel contrario: Los Rojos.
El turbio papel de los militares
Una comisión internacional de expertos nombrados por el Estado descubrió numerosas incoherencias y documentó la negligencia y la manipulación de las pruebas. Las autoridades, por ejemplo, ocultaron el hecho de que los estudiantes se habían apropiado de cinco en vez de cuatro autobuses. La comisión llegó a la conclusión de que los estudiantes habían secuestrado inadvertidamente un autobús que transportaba una carga de droga. Iguala era entonces uno de los principales puntos de transbordo de la heroína extraída en los alrededores y luego introducida de contrabando en los Estados Unidos.
Cuando los expertos quisieron entrevistar a los testigos del comando militar de Iguala, el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, terminó abruptamente su misión. Hasta qué punto el Ejército está involucrado, ha resultado ser un elemento clave políticamente sensible. Las grabaciones de video de las cámaras de seguridad del comando militar local desaparecieron.
Para las familias de los secuestrados, los militares son, por lo tanto, uno de los principales sospechosos: “¿Dónde están las grabaciones y cuándo se llamará a los militares a rendir cuentas?”, preguntó María Martínez. López Obrador, que siguió manifestando su confianza en los militares en la guerra contra el narcotráfico, y también asignó a los uniformados numerosas tareas civiles, la tranquilizó. Ya había órdenes de arresto para el personal militar, dijo, pero sin mencionar nombres. El camino para resolver el caso sigue siendo pedregoso, dijo Francisco Cox, quien como miembro de la comisión internacional de expertos estuvo atento a la conmemoración a través de video: “Nuestro mayor desafío sigue siendo romper el pacto de silencio”. (ee/dzc)
