*La administración federal ha impulsado reformas de igualdad sustantiva, una Secretaría de las Mujeres y una política nacional de cuidados, pero persisten retos en presupuesto, violencia, acceso a la justicia y autonomía económica.
/ Escrito por Georgina Monroy Vázquez /
05.10.2026 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- A dos años de que Claudia Sheinbaum Pardo asumiera como la primera mujer en la Presidencia de México, su gobierno ha colocado la igualdad sustantiva, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y los cuidados dentro de la agenda institucional.
Durante este periodo se modificó la Constitución para incorporar la igualdad sustantiva y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; se creó la Secretaría de las Mujeres y se impulsaron reformas a leyes secundarias relacionadas con igualdad, violencia, justicia y brecha salarial.
Sin embargo, el segundo aniversario del gobierno federal también ocurre en medio de preguntas sobre qué recursos tendrán esas políticas, cómo llegarán al territorio y cuándo los cambios legales se traducirán en condiciones concretas para las mujeres.
El presupuesto para 2027, la operación de los refugios, la construcción de un sistema nacional de cuidados, la prevención de las violencias y el acceso efectivo a la justicia forman parte de los pendientes que marcarán la segunda mitad del sexenio.
De los derechos reconocidos a su cumplimiento
Uno de los principales cambios durante los primeros dos años de gobierno ocurrió en el terreno normativo.
En noviembre de 2024 se publicó la reforma constitucional que modificó siete artículos de la Carta Magna para fortalecer la igualdad sustantiva de las mujeres. Entre otros aspectos, incorporó el derecho a una vida libre de violencias y estableció la obligación de garantizar que a trabajo igual corresponda salario igual.
Un mes después se reformaron siete leyes secundarias para armonizar el marco jurídico en materia de igualdad, violencia contra las mujeres, justicia y derechos laborales.
En 2025 también comenzó a operar la Secretaría de las Mujeres, creada como dependencia federal encargada de conducir y coordinar la política nacional en materia de mujeres, igualdad sustantiva y prevención, atención y erradicación de las violencias.
Para 2026, el gobierno federal puso en marcha el Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, con seis objetivos, 39 estrategias y 254 líneas de acción que involucran a 73 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
El reto ahora es que este entramado institucional no se quede únicamente en leyes, programas y estructuras administrativas.
La propia presidenta ha reconocido que, pese a una reducción de los casos de feminicidio que atribuye a la estrategia de seguridad, estos delitos continúan ocurriendo y muchos siguen sin sanción.
Presupuesto para mujeres, uno de los pendientes
La discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 coloca en el centro una pregunta fundamental: ¿con cuánto dinero se implementarán las políticas destinadas a garantizar los derechos de las mujeres?
El gobierno federal ha propuesto para el próximo ejercicio un Anexo Transversal 31 para identificar recursos relacionados con el Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados. La propuesta contempla más de 475 mil millones de pesos, distribuidos en 74 acciones transversales, 56 programas presupuestarios y 22 ramos de la Administración Pública Federal.
El monto representa un esfuerzo por visibilizar recursos relacionados con los cuidados, pero también plantea el desafío de identificar cuánto de ese dinero corresponde efectivamente a políticas nuevas, cuánto ya se ejercía anteriormente y qué resultados concretos producirá para las mujeres.
La discusión presupuestaria también alcanza a los refugios para mujeres víctimas de violencia.
La Red Nacional de Refugios informó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 contempla 518.4 millones de pesos para refugios, frente a los 515 millones aprobados para 2026. Para la organización, el incremento nominal de 0.66 por ciento está por debajo de la inflación proyectada de 3 por ciento, por lo que no representaría un crecimiento real de los recursos.
Entre enero y agosto de 2026, la Red reportó la atención de 6 mil 84 mujeres, niñas, niños y adolescentes. También señaló que en 84 por ciento de los casos de niñas, niños y adolescentes atendidos, la persona agresora era la misma que ejercía violencia contra su madre.
La organización ha planteado que los recursos para refugios sean suficientes, progresivos, oportunos y trazables, además de que se reconozca su papel dentro de una política integral de cuidados y protección.
Los cuidados, del discurso a una política permanente
La creación de una política nacional de cuidados constituye otro de los grandes pendientes de la administración.
El gobierno federal ha reconocido que las tareas de cuidado recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres y ha comenzado a construir un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados. En julio de 2026, la Secretaría de las Mujeres informó que inició una ruta de trabajo con los 32 DIF estatales y las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para avanzar en su implementación territorial.
Los datos disponibles muestran por qué esta política resulta central.
La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2024, del INEGI, documentó que las mujeres continúan teniendo una participación mayor que los hombres en distintas formas de trabajo no remunerado. En ese año, 51.1 por ciento de las mujeres participó en actividades de cuidado de integrantes del hogar, frente a 43 por ciento de los hombres.
Además, el trabajo doméstico y de cuidados tiene un peso económico que permanece mayoritariamente sostenido por las mujeres. El INEGI estimó que, en 2024, cada mujer aportó al bienestar de su hogar el equivalente a 82 mil 339 pesos anuales por el trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados.
Por ello, uno de los desafíos para la segunda mitad del sexenio será pasar de reconocer los cuidados como un derecho y una responsabilidad social a garantizar servicios públicos suficientes, accesibles y con cobertura territorial.
Más atención, pero todavía no suficiente cobertura
En materia de atención a las violencias, la Secretaría de las Mujeres reportó para 2026 la operación de mil un Centros LIBRE, distribuidos en el 40 por ciento de los municipios del país.
La dependencia informó que estos espacios habían atendido a más de medio millón de mujeres mediante más de un millón de servicios gratuitos. También reportó acciones relacionadas con la Línea de las Mujeres 079, una Red de Abogadas de las Mujeres y la articulación con Centros de Justicia y refugios.
La expansión de servicios representa un cambio institucional relevante, pero el dato de cobertura territorial también muestra el tamaño del desafío: los Centros LIBRE alcanzan actualmente a cuatro de cada diez municipios, por lo que todavía existe una parte importante del territorio sin esta presencia directa.
En el caso de los refugios, durante 2026 se otorgaron subsidios a 90 proyectos especializados para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, con una asignación federal de 515 millones 33 mil 87 pesos.
El pendiente será garantizar que estos servicios puedan sostenerse y ampliarse, particularmente en contextos donde las mujeres enfrentan violencia extrema y requieren protección especializada.
Autonomía económica y brechas que persisten
La igualdad jurídica tampoco elimina por sí misma las desigualdades económicas.
Los datos del CONEVAL muestran que la división sexual del trabajo continúa condicionando las oportunidades económicas de las mujeres. En su sistema de indicadores sobre pobreza y género, con información hasta 2022, el organismo documentó que las mujeres dedicaban más tiempo al trabajo doméstico no remunerado y menos al empleo remunerado que los hombres.
El mismo análisis identificó diferencias en ingresos, seguridad social y participación laboral, particularmente entre mujeres en situación de pobreza.
Estos indicadores corresponden a un periodo previo al actual gobierno y no permiten atribuir esos resultados directamente a la administración de Sheinbaum. Sí muestran, en cambio, la dimensión estructural de las brechas que las políticas públicas deben modificar.
La reforma constitucional que reconoce el principio de salario igual por trabajo igual establece una base jurídica, pero su cumplimiento requiere mecanismos de vigilancia, transparencia salarial, acceso a empleos formales y políticas que permitan que las mujeres puedan incorporarse y permanecer en el mercado laboral sin que los cuidados recaigan exclusivamente sobre ellas.
El reto para la segunda mitad del sexenio
El gobierno de Claudia Sheinbaum llega a sus dos primeros años con un andamiaje institucional más amplio para las políticas de igualdad: una Secretaría de las Mujeres, reformas constitucionales y legales, un programa nacional de igualdad, Centros LIBRE y una ruta para construir el Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados.
Pero la segunda mitad del sexenio plantea un desafío distinto: demostrar que esos cambios pueden transformar las condiciones cotidianas de las mujeres.
Eso implica presupuesto suficiente y progresivo para refugios y servicios de atención; presencia territorial; prevención y sanción efectiva de las violencias; acceso a la justicia; corresponsabilidad en los cuidados; y condiciones económicas que permitan a las mujeres ejercer su autonomía.
La propia información gubernamental reconoce que la construcción del sistema de cuidados apenas se encuentra en una etapa de implementación territorial.