02.11.2023 Ciudad de México.- Un juez federal ha otorgado la medida de prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam, quien se desempeñó como procurador general de la República en México.
Esta decisión se basa en su avanzada edad y problemas de salud, en el contexto de un proceso judicial en su contra relacionado con el caso Ayotzinapa, en el que se le acusa de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia.
A pesar de obtener la prisión domiciliaria, Jesús Murillo Karam permanecerá bajo custodia en la Torre Médica del Penal de Tepepan debido a la existencia de un segundo proceso en su contra relacionado también con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El proceso legal que involucra a Jesús Murillo Karam es de suma importancia y ha generado un amplio interés en México y más allá, debido a la gravedad de las acusaciones en su contra.
Las investigaciones y el proceso judicial están relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014, un caso que ha conmovido a la sociedad mexicana y ha suscitado la indignación y la demanda de justicia por parte de diversas organizaciones y ciudadanos.
El otorgamiento de la prisión domiciliaria se basa en la avanzada edad y los problemas de salud de Jesús Murillo Karam, lo que se considera como una medida humanitaria.
Esta decisión busca garantizar su bienestar y atención médica adecuada mientras se enfrenta a las acusaciones en su contra. La prisión domiciliaria implica que permanecerá bajo custodia, pero en su propio hogar, en Lomas de Chapultepec.
Sin embargo, esta medida no significa que el exfuncionario esté libre de restricciones. Estará sujeto al uso de un brazalete electrónico y tendrá prohibido acercarse a aeropuertos u otras áreas de interés público. Estas restricciones buscan garantizar su cumplimiento de la medida de prisión domiciliaria y prevenir su fuga.
La Fiscalía General de la República ha solicitado una pena de 82 años de prisión para Jesús Murillo Karam, además de una multa de un millón 792 mil 400 pesos. Estas sanciones son el resultado de las acusaciones presentadas en su contra, que incluyen cargos relacionados con tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia.
