A un año de las reformas a la Ley en Materia de Desaparición: Otro sexenio más a la deriva

Pero alguna vez se vistió de esperanza el tiempo.

Levantada entonces sobre su incierto presente,

ella vivió en la aurora por un momento.

Alaíde Foppa, La desvanecida imagen.

Cesar Contreras*/ Pluma invitada de GIASF

Esta columna se publica en el aniversario de las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición. Sin cuentas alegres, las familias han vuelto a tomar las calles y disputar la narrativa oficialista de que México va mejor que nunca en el combate a la violencia. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos en materia de búsqueda de personas desaparecidas, combate al rezago forense, erradicación del reclutamiento forzado o protección a personas buscadoras?

El tiempo pasa muy rápido; parece que fue ayer el bombo y platillo, la foto histórica, la hazaña legislativa, pero ¿dónde estamos y hacia dónde vamos un año después del mesiánico anuncio? Precisamente el día de hoy, 16 de julio de 2026, se cumple un año de la entrada en vigor de las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición (LGMD). La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció estas reformas con absoluta contundencia: “Actuaremos en el marco de la ley y con toda la fuerza del Estado”. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos celebró las modificaciones legislativas en un comunicado: “Es en este horizonte que aplaudimos este esfuerzo legislativo, de coordinación y participación como resultado de años de lucha por la verdad y la justicia”. La entonces Consejera Jurídica de la Presidencia y hoy Fiscal General de la República explicaba: “Nada de esperar 72 horas; cuando se reporte a una persona desaparecida, se deberán generar alertas en tiempo real”.

La expectativa fue demasiado grande y el fracaso es estrepitoso. Hace un año, ante la falta de una red única que concentrara la vocería de las familias de personas desaparecidas, las expresiones fueron diversas y pendulares, entre los extremos de la desconfianza y denuncia de simulación y el del respaldo absoluto con confianza plena. Lo justo es decir que las reformas despertaron esperanza en una importante cantidad de familiares en búsqueda, pero también, a un año de las reformas, esa esperanza paulatinamente se ha traducido en indignación desbordante.

Conviene recordar que todo comenzó cuando se dio a conocer el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, en marzo de 2025, un campo de entrenamiento y exterminio, un sitio de inenarrables atrocidades que puso en jaque al gobierno federal. A casi medio año de su toma de posesión, el gobierno de Claudia Sheinbaum había mantenido la crisis de desaparición fuera del foco, pero tras los hallazgos en Teuchitlán, el silencio era inviable. En medio de la creciente tensión con Estados Unidos, la prensa nacional e internacional siguió documentando de cerca el caso. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU puso el dedo en la llaga al anunciar que activaba una investigación con fundamento en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por primera vez en su historia. El contexto en su conjunto urgía a una respuesta de Estado contundente.

La presidenta salió al paso del aprieto con la iniciativa de reformas a la LGMD. Sus puntos de agenda no se movieron en lo absoluto –aun cuando se celebraron decenas de mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración–: (i) crear la Plataforma Única de Identidad y la implementación de la CURP biométrica; (ii) la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación (BNCI); (iii) el fortalecimiento al Banco Nacional de Datos Forenses; y (iv) la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas; (v) la definición de las unidades que deben tener las fiscalías especializadas; y (vi) la previsión de sanciones a servidores públicos. Las reformas salieron avante y adquirieron fuerza legal desde el 16 de julio de 2025.

Esta maniobra fue eficaz para el gobierno en dos vertientes. La ley siempre es una promesa de futuro. Cuando la presidenta propuso cambiar la ley, en realidad propuso postergar la adopción de medidas de calado profundo. Por otro lado, tras años de cierre de espacios de interlocución con el gobierno federal, las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación alcanzaron una convocatoria muy amplia y que logró su cometido de desmovilización, al menos de manera momentánea.

Desde entonces, el tiempo no ha pasado en vano. El año 2026 ha sido un torbellino que trajo consigo la desastrosa presentación de la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la histórica decisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU de remitir la situación de México a la Asamblea General, la visita desangelada del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la presentación del informe de la CIDH en materia de desapariciones y las acciones de protesta de las familias en el marco del Mundial. Se han mantenido las mesas de diálogo, pero cada vez más tensas y a la deriva. Estamos en otro momento, uno sobre el que faltan definiciones.

Los pendientes siguen siendo inmensos. El Protocolo Homologado de Búsqueda, desde 2020, había ordenado la creación de numerosos instrumentos que siguen sin ser implementados, a pesar de que se reiteraron en la versión actualizada de 2026: el Grupo de Trabajo Interinstitucional de búsqueda de migrantes (párr. 334), el Grupo de Trabajo de la llamada Guerra Sucia (párr. 324), el Directorio Nacional de Autoridades (párr. 74); los registros de personas en situación de calle (párr. 360), centros de rehabilitación (párr. 370) y hospitales psiquiátricos (párr. 371); la propia Comisión de Implementación del Protocolo (párr. 533), la versión pública del Registro de Personas Fallecidas (párr. 405), los registros fotográficos de consulta para familias en los SEMEFO (406), y el Comité del Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (párr. 550). Así, queda evidenciado que la actualización sólo fue de un documento, no de una política nacional de actuación frente a las desapariciones.

Por su parte, la actualización del Protocolo Homologado de Investigación todavía no se publica, a pesar de que han transcurrido varios meses desde que concluyeron las mesas de diálogo. De la Alerta Nacional de Búsqueda, sólo sabemos que los boletines de búsqueda se envían de manera indiscriminada a todas partes, sin una estrategia frente a la saturación de las miles de imágenes que circulan por todo el territorio nacional.

El reglamento de la LGMD sigue sin ser expedido, a pesar de que el transitorio octavo de las reformas daba 90 días para su publicación y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración confirmó que se promulgaría el 15 de octubre del año pasado. Tampoco se ha publicado el Programa Nacional de Exhumaciones, un pendiente histórico desde 2018, a cargo de la Fiscalía General de la República.

Siguiendo con los pendientes históricos, aun cuando frente a instancias internacionales y ante el Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía General de la República afirma que ha concluido la implementación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), la propia titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha expuesto que solamente cuatro entidades federativas han cargado su información de manera completa al BNDF.

Ahora bien, ¿qué ha sido de la CURP biométrica y la Plataforma Única de Identidad, cuyo estado de avance y registros que lo integran no se han hecho públicos? ¿Qué pasó con la BNCI que debió ser completada para el 13 de enero de 2026, de acuerdo al artículo segundo transitorio de las reformas? ¿Acaso los panteones de todo el país ya cuentan con registros precisos, digitalizados y actualizados de los cuerpos inhumados, como lo ordena el transitorio sexto? Precisamente hoy, 16 de julio de 2026, se cumple el plazo dado por el transitorio noveno para que los servicios forenses cuenten “con la sistematización de sus bases de datos, registros o sistemas”. Todo pareciera indicar que ninguna autoridad está dando seguimiento a la implementación.

Para el Estado, el cumplimiento de la ley inspira menos algarabía que su reforma. La falta de resultados y avances ha provocado que la rendición de cuentas sea  cada vez más demagógica y menos sustantiva. Las familias lo saben. Yoltzi Martínez, quien busca a su hermana desaparecida desde hace más de 16 años, lo dijo con toda precisión después de la apresurada salida de la secretaria de Gobernación de una reunión con colectivos: “Necesitamos una atención digna”.

El desencanto es palpable, así como la erosión de la legitimidad de los gobiernos frente a las víctimas. Mientras el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tomó control de la estadística tanto del RNPDNO como del número de carpetas de investigación, los pendientes sobre una auténtica política de seguridad siguen siendo inmensos. Aunque se repita todos los días que los homicidios en México han disminuido, las más de 10 mil personas desaparecidas que se acumularon en el último año desmienten cualquier estrategia de simulación tecnócrata.

Mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores pretende corregir la plana al Comité CED y anuncia casi 23 mil identificaciones de personas gracias a la cooperación internacional en materia de huellas dactilares, estados como Guanajuato o Jalisco siguen realizando entregas equivocadas de restos. ¿Cuántas de esas 23 mil personas ya habrán sido entregadas? Es urgente transparentar la trazabilidad de los cuerpos o, de lo contrario, quedará evidenciado que se trata sólo de venta de humo.

Mientras que la CNDH dilapida cualquier vestigio de legitimidad que le restaba al exculpar al Ejército de su responsabilidad en el caso Ayotzinapa y niega la persistencia de las desapariciones forzadas, la tierra no deja de latir y las personas buscadoras no dejan de oír su latido.

Desde luego, la solución no reside en la implementación de las reformas solamente; su mayor debilidad de origen fue su insuficiencia. Un poco de sensibilidad social permitiría entender cuáles son los nodos de mayor prioridad para una política de Estado: remontar esfuerzos como el Centro Nacional de Identificación Humana y los centros regionales con un modelo descentralizado que permita la presencia nacional de peritos y recursos tecnológicos; un mecanismo específico de protección para personas buscadoras en riesgo o la inyección de recursos extraordinarios a los mecanismos de protección federales y locales de atención a periodistas y personas defensoras de derechos humanos; la conducción de operativos quirúrgicos, planificados y serios para el rescate de personas víctimas de reclutamiento forzado y el desmantelamiento de campos de entrenamiento o exterminio; y la reforma a las fiscalías, no en cuanto a diseño institucional, sino a las metodologías de investigación: investigar desapariciones en México hoy significa simplemente ver un expediente ensancharse y perderse en el pantano de la burocracia.

También las calles importan. El mundial ha sido catalizador de la rabia antiagenda. No por la falta de demandas, sino porque no surge de un pliego petitorio único que oriente la acción social. No se está exigiendo la creación de inéditos mecanismos extraordinarios de justicia transicional, la emisión de nuevas leyes o protocolos, o la destitución de algún funcionario público. La ausencia de una demanda unificada ha permitido el encuentro de voces discrepantes entre sí. El consenso proviene de volver a lo fundamental, al núcleo de la rabia, los rostros de quienes nos faltan y la consigna perenne: ¡Hasta encontrarles!

En efecto, la cascarita no exigía un estudio sesudo de algún think tank de políticas públicas en materia de desaparición. El “Ajolote Buscador” no tenía que ser un vocero elocuente y experto en derecho; a veces, no necesitaba más que su talento para andar en patineta. La misa ecuménica no necesitó campanas para hacer un llamado a las mesas de diálogo, y las pancartas y estampitas no eran un borrador de iniciativa de ley.

¿Qué exigen las familias con estas acciones? La respuesta más honesta proviene de la voz de Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre desaparecida desde hace 48 años: “Lo queremos todo: encontrarles, verdad, justicia, reparación, memoria, no repetición, todo”.

Aunque las protestas en la coyuntura del Mundial parecen ser una simple grieta en la normalidad, podrían ser un punto de inflexión necesario. Con sus límites, contradicciones y los aprendizajes que deja, han significado la reapropiación del espacio público. Nos recordaron que la resignación frente al fracaso de las instituciones no es la única alternativa, que siempre nos quedan las calles. Ese territorio que se disputa permanentemente, pero que, justo por ser de todxs, también es indómito.

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Foto de portada: ObturadorMX