*La noticia revive el debate sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el sistema de justicia.
/ Escrito por Georgina Monroy Vázquez /
08.08.2026 /CimacNoticias.com/ Jalisco.- Diecisiete mujeres privadas de la libertad dejaron el Centro de Reclusión Femenil de Jalisco tras acceder a beneficios jurídicos previstos en la ley, como resultado del programa Justicia con Perspectiva de Género, una estrategia de la Procuraduría Social del estado dirigida a quienes, pese a cumplir los requisitos legales, permanecían en prisión por falta de defensa jurídica especializada o debido a las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan.
De acuerdo con la dependencia estatal, la estrategia está dirigida principalmente a mujeres que viven en condiciones de pobreza, son madres o principales cuidadoras de sus hijas e hijos y que durante sus procesos penales no contaron con una defensa jurídica especializada o desconocían que podían acceder a mecanismos legales para recuperar su libertad.
El titular de la Procuraduría Social de Jalisco, Héctor Pizano Ramos, señaló que el programa no implica modificar la legislación ni otorgar beneficios extraordinarios, sino aplicar las herramientas jurídicas ya existentes con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
«Estas liberaciones representan el resultado más importante del programa porque no sólo concluyen procedimientos jurídicos, sino que permiten transformar las condiciones de vida de las mujeres y facilitar su reintegración familiar y social», sostuvo.
Revisan expedientes de mujeres privadas de la libertad para garantizar acceso a beneficios legales
A diferencia de los mecanismos tradicionales, la estrategia no espera a que las mujeres privadas de la libertad soliciten apoyo jurídico. Personal de la Defensa Pública acude directamente al Centro de Reclusión Femenil para revisar expedientes, realizar entrevistas e identificar aquellos casos que pueden acceder legalmente a algún beneficio.
Juan Pablo Dávalos Navarro, jefe de Procesos de la Procuraduría Social, explicó que durante la primera etapa del programa fueron revisados 50 expedientes y se realizaron 52 entrevistas con mujeres privadas de la libertad.
Como resultado de ese trabajo, 17 mujeres recuperaron su libertad, mientras que otros 38 expedientes cuentan con un diagnóstico preliminar para determinar si reúnen las condiciones jurídicas necesarias para acceder a algún beneficio contemplado en la legislación.
Cada caso, explicó el funcionario, es analizado de manera individual y posteriormente sometido a la autorización de un juez de control.
Entre las alternativas legales se encuentran:
- La suspensión condicional del proceso.
- Acuerdos reparatorios
- Otros mecanismos previstos principalmente para delitos de bajo impacto.
La Procuraduría Social informó que el objetivo es ampliar la revisión hasta alcanzar 150 mujeres privadas de la libertad cuyos expedientes puedan ser susceptibles de estos beneficios.
La reinserción social también requiere empleo, educación y acompañamiento
Las autoridades estatales señalaron que recuperar la libertad representa únicamente el primer paso del proceso.
Por ello, las beneficiarias son canalizadas al programa Mujer Presente, operado por el Sistema DIF Jalisco, donde reciben acompañamiento para acceder a oportunidades laborales, becas educativas, capacitación para el trabajo y otros apoyos orientados a fortalecer su autonomía económica y facilitar su reinserción social.
La estrategia busca disminuir los riesgos que enfrentan muchas mujeres al salir de prisión, especialmente aquellas que regresan a contextos de precariedad económica o que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de hijas e hijos.
La Ley Petrona abrió camino para revisar casos de mujeres criminalizadas
La estrategia implementada en Jalisco ocurre en un contexto nacional donde diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y feministas han impulsado la revisión de los procesos penales de mujeres que enfrentaron la justicia en condiciones marcadas por la desigualdad, la violencia de género y la pobreza.
Uno de los antecedentes más importantes es la Ley Petrona, aprobada en Chiapas, la cual estableció mecanismos para revisar casos de mujeres procesadas o sentenciadas cuando existieran elementos relacionados con contextos de violencia, discriminación, exclusión social o responsabilidades de cuidado que no hubieran sido considerados durante sus procesos judiciales.
Tras la entrada en vigor de esta reforma, varias mujeres obtuvieron su libertad luego de que sus expedientes fueran revisados bajo criterios de perspectiva de género y derechos humanos, convirtiéndose en un referente nacional sobre la necesidad de incorporar este enfoque dentro del sistema de justicia.
Especialistas y organizaciones civiles han señalado que medidas como la implementada en Jalisco no representan privilegios ni impunidad, sino acciones encaminadas a corregir las desigualdades estructurales que históricamente han limitado el acceso de las mujeres a una defensa adecuada y al ejercicio pleno de los derechos que ya reconoce la ley.