*A cinco años de que la Suprema Corte declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto, Repara Lumea advierte que el derecho a decidir aún se ejerce de manera desigual en México.
*Foto: Cimac / Aunque 23 entidades habían despenalizado el aborto hasta junio de 2026, persisten diferencias en plazos, servicios e infraestructura que pueden limitar el acceso efectivo a este derecho.
/Escrito por Georgina Monroy Vázquez /
07.09.2026 /CimacNoticias.com/ Cada 28 de septiembre, el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, coloca en el centro de la discusión el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre sus cuerpos y proyectos de vida.
En México, este derecho ha tenido avances jurídicos importantes. Sin embargo, a cinco años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto, organizaciones feministas advierten que el desafío ya no se encuentra únicamente en la despenalización, sino en garantizar que el aborto pueda ejercerse de manera efectiva, segura y sin discriminación.
Para Repara Lumea, reconocer el derecho a decidir en las leyes no es suficiente si las mujeres continúan enfrentando obstáculos para acceder a información, atención médica y servicios de interrupción del embarazo.
“El derecho a decidir no puede quedarse en una sentencia o en una reforma legislativa. Para que exista realmente, una mujer debe poder acceder a información, atención médica segura, oportuna, confidencial y libre de estigmas”, señaló Flor Rodríguez, directora ejecutiva de Repara Lumea.
Aborto legal en México: 23 estados habían avanzado hasta junio de 2026
De acuerdo con información del Consejo Nacional de Población (CONAPO), hasta junio de 2026 el aborto se encontraba despenalizado en 23 entidades federativas.
Durante 2025, Chihuahua, Nayarit, Campeche, Yucatán, Tabasco y Tlaxcala se sumaron al proceso de reformas para eliminar la criminalización del aborto.
No obstante, la despenalización no significa necesariamente que todas las mujeres tengan las mismas posibilidades de acceder a un aborto seguro.
Las diferencias entre entidades en materia de plazos, causales, disponibilidad de servicios, infraestructura y rutas de atención pueden generar que el ejercicio del derecho dependa del lugar donde vive una mujer.
Esta desigualdad puede ser todavía mayor para quienes enfrentan condiciones de pobreza, adolescentes, mujeres indígenas, personas con discapacidad y quienes viven en comunidades alejadas de los centros urbanos.
“No podemos hablar de igualdad cuando el acceso a un servicio de salud depende del estado en el que nació o vive una mujer, de cuánto dinero tiene o de si puede trasladarse cientos de kilómetros para recibir atención”, enfatizó Rodríguez.
¿Qué dijo la Suprema Corte sobre el aborto?
El avance jurídico más importante ocurrió en 2021, cuando la Suprema Corte determinó por unanimidad que la criminalización absoluta del aborto era inconstitucional y vulneraba derechos fundamentales de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Posteriormente, en 2023, la Primera Sala de la SCJN determinó que el sistema jurídico federal que criminalizaba el aborto voluntario era inconstitucional y ordenó al Congreso de la Unión derogar las normas correspondientes.
La Corte ha vinculado el derecho a decidir con otros derechos fundamentales, entre ellos la dignidad humana, autonomía reproductiva, libre desarrollo de la personalidad, igualdad, no discriminación y derecho a la salud.
Para Repara Lumea, este marco jurídico permite entender el aborto no sólo como una discusión penal, sino como un asunto relacionado con los derechos humanos y la autonomía de las mujeres.
“Obligar a una mujer a continuar un embarazo contra su voluntad implica desconocer su autonomía reproductiva y su proyecto de vida. La discusión debe centrarse en derechos, no en juicios morales sobre las decisiones personales de las mujeres”, afirmó Flor Rodríguez.
Aborto seguro también es un asunto de salud pública
La discusión sobre el aborto legal y seguro también tiene una dimensión de salud pública.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se realizan alrededor de 73 millones de abortos inducidos en el mundo y señala que cerca de 45 por ciento ocurren en condiciones de riesgo.
La organización internacional sostiene que el aborto es una intervención de salud frecuente y muy segura cuando se realiza mediante un método recomendado, adecuado a la duración del embarazo y con personal que cuenta con las competencias necesarias.
Desde esta perspectiva, la falta de acceso a servicios seguros, oportunos y asequibles puede convertirse en un factor de riesgo para la salud de las mujeres.
Por ello, Repara Lumea plantea que el aborto debe abordarse también desde la prevención, la educación sexual integral, el acceso a anticonceptivos y la atención sanitaria libre de prejuicios.
“Criminalizar no resuelve las causas que llevan a una mujer a decidir interrumpir un embarazo. Lo que necesitamos son políticas de prevención, educación sexual integral, acceso a anticonceptivos y servicios de salud que respondan con dignidad y sin prejuicios”, explicó Rodríguez.
¿Qué se necesita para garantizar el derecho a decidir?
Repara Lumea plantea que una política integral de aborto debe contemplar, al menos, cinco elementos:
- Educación sexual integral desde edades tempranas y basada en información científica.
- Acceso gratuito y oportuno a métodos anticonceptivos.
- Servicios de aborto seguro y accesible dentro del sistema de salud.
- Información clara sobre derechos y rutas de atención.
- Atención libre de estigma, discriminación y violencia institucional.
La organización señala que el objetivo no es promover el aborto, sino evitar que una mujer o persona gestante sea puesta en riesgo por falta de información, atención médica o por temor a ser criminalizada.
28S: el reto es que el derecho exista también en la práctica
En el marco del 28S, Repara Lumea llamó a fortalecer las políticas públicas de salud sexual y reproductiva y a eliminar las barreras institucionales que todavía dificultan el acceso al aborto.
Para la organización, el siguiente paso consiste en que los avances jurídicos se traduzcan en servicios reales, seguros, oportunos, accesibles y libres de discriminación.
El derecho a decidir, sostiene Repara Lumea, no puede depender del estado donde vive una mujer, de sus ingresos económicos o de su posibilidad de trasladarse para recibir atención médica.