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05.09.2026 Ciudad de México.- El Partido del Trabajo busca llevar al Congreso una modificación legal para prohibir la maternidad subrogada en México y establecer sanciones penales cuando esta práctica implique explotación reproductiva, con la intención de incorporarla al marco jurídico relacionado con la trata de personas.
La propuesta fue presentada en la Cámara de Diputados durante el foro internacional “Los Derechos Humanos y la Maternidad Subrogada”, donde legisladores y especialistas expusieron distintas posturas sobre la utilización de mujeres como gestantes a cambio de una compensación económica y sobre la situación jurídica que prevalece en el país.
La iniciativa es impulsada por la diputada petista Magdalena Núñez Monreal, quien sostuvo que la falta de una legislación federal uniforme ha permitido el crecimiento de una actividad que, desde su perspectiva, puede generar condiciones de explotación contra mujeres en situación económica vulnerable.
Núñez Monreal señaló que las estimaciones expuestas durante el encuentro ubican el valor potencial de la industria mundial de la gestación subrogada en alrededor de 200 mil millones de dólares para 2034. A partir de ese escenario, planteó que el debate legislativo no debe limitarse a establecer reglas para esta actividad, sino analizar su posible prohibición y las responsabilidades penales que corresponderían en los casos de explotación.
Uno de los argumentos centrales de la bancada petista es la desigualdad económica que, aseguran, existe entre quienes recurren a estos procedimientos y las mujeres que participan como gestantes. La legisladora sostuvo que la capacidad para contratar estos servicios está relacionada con el nivel económico de quienes pueden pagarlos, mientras que las mujeres con menores ingresos serían quienes enfrentan mayores riesgos de ser incorporadas a este mercado.
La propuesta del PT contempla que, de aprobarse, las conductas relacionadas con la explotación reproductiva puedan recibir sanciones superiores a los 15 años de prisión, de acuerdo con el planteamiento presentado por los legisladores. Sin embargo, se trata de una iniciativa en proceso legislativo y no de una disposición vigente.
El coordinador parlamentario del PT, Reginaldo Sandoval Flores, planteó que la discusión debe involucrar a las distintas fuerzas políticas representadas en San Lázaro. El legislador se pronunció por revisar el vacío y la fragmentación normativa que, según expuso, existe en México alrededor de la gestación subrogada.
En el Congreso también existen posiciones distintas respecto de la forma en que debería abordarse el tema. Mientras el PT impulsa una salida abolicionista, otras propuestas plantean establecer condiciones y requisitos para permitir la práctica. De hecho, el Sistema de Información Legislativa registra una iniciativa presentada el 4 de septiembre de 2026 que propone regular la gestación subrogada mediante disposiciones específicas en materia sanitaria, lo que muestra que el debate legislativo no se encuentra cerrado.
Para Patricia Olamendi Torres, abogada y activista feminista que participó en el encuentro, el problema debe analizarse desde la perspectiva de la explotación y la comercialización del cuerpo de las mujeres. Su postura coincide con la corriente internacional que busca eliminar los acuerdos de gestación subrogada de carácter comercial y establecer mecanismos para impedir la venta de niñas y niños.
Olamendi sostuvo que México se ha convertido en un mercado de bajo costo para este tipo de procedimientos y señaló que existen casos que, a su consideración, muestran los riesgos derivados de la ausencia de reglas homogéneas. Su participación se vinculó con los trabajos internacionales que promueven la abolición de la gestación subrogada.
En el foro también intervino Olivia Maurel, portavoz de la Declaración de Casablanca, documento internacional suscrito en 2023 que plantea la eliminación mundial de la gestación subrogada. Maurel, quien nació mediante este procedimiento y se ha convertido en una de sus principales críticas, sostuvo que la discusión debe considerar no solamente los derechos de las mujeres gestantes, sino también los de niñas y niños nacidos mediante estos acuerdos.
El debate ocurre mientras en México persisten diferencias entre las entidades federativas respecto del tratamiento jurídico de la maternidad subrogada. En septiembre de 2026, además de la propuesta abolicionista del PT, se han presentado iniciativas encaminadas a establecer reglas específicas para esta práctica, lo que mantiene abierta la discusión sobre si debe prohibirse, regularse o establecerse un régimen federal que determine sus condiciones.
El PT pretende ahora construir acuerdos con legisladores de otras fuerzas políticas para que su iniciativa avance en la Cámara de Diputados. Sandoval Flores llamó a los 500 integrantes de San Lázaro a revisar la propuesta y participar en su discusión.
La controversia legislativa se centra así en definir hasta dónde puede llegar la contratación de servicios reproductivos, qué mecanismos deben existir para proteger a las mujeres gestantes y a los menores, y bajo qué circunstancias una práctica de este tipo podría constituir explotación o trata de personas.
La diferencia clave es que aquí el texto no sigue la secuencia del comunicado: primero coloca la propuesta legislativa y sus consecuencias, después incorpora el debate existente en la Cámara, y finalmente reconstruye las posiciones de los participantes como parte del contexto.