*DE PRIMERA MANO.
/Por Omar Zúñiga/
Algo se trata de ocultar en la SEV y no es un rumor menor de pasillo, sino un caso de presunto abuso de autoridad, prepotencia, acoso sexual y acoso laboral que, de confirmarse en todos sus extremos, retrata el nivel de descomposición al que ha llegado el manejo del personal en una dependencia que ya arrastra, por otros frentes, una relación rota con el magisterio veracruzano.
El nombre que suena es el de Lorena Guadalupe Soriano Aguilar, coordinadora estatal de los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP) en Veracruz, cargo que ocupa desde mediados de enero de 2025, cuando llegó a la coordinación el 15 de ese mes.
Según los testimonios que han llegado a esta columna, la funcionaria —de aproximadamente 55 años— se ha conducido con reiterada prepotencia frente al personal a su cargo en los distintos centros CAPEP del estado, moviendo a colaboradores a su antojo, retirándolos de sus centros de trabajo originales para reubicarlos en la coordinación estatal y asignarles funciones ajenas a la labor psicopedagógica que por norma les corresponde.
No es gestión, es control caprichoso del personal, amparado en la impunidad que da un cargo sin contrapesos.
Pero lo más grave del caso, de acuerdo con la denuncia, es la acusación de acoso sexual hacia un compañero varón bajo su mando en la propia coordinación operativa del CAPEP.
Se trata de un trabajador administrativo de aproximadamente 30 años, de identidad resguardada, plenamente identificado, a quien por razones obvias de protección no se revelará por su nombre.
De acuerdo con el relato de los hechos, el acoso sexual habría comenzado en abril de 2025, meses después de la llegada de la maestra Soriano Aguilar a la Coordinación, y se habría prolongado de manera reiterada.
Al no ceder el trabajador a las insinuaciones de su superiora, según la denuncia, ella habría iniciado en su contra una campaña de acoso laboral consistente en una carga excesiva de trabajo, la exclusión sistemática de reuniones y actividades propias del área, y maltrato verbal constante.
Un elemento que agrava el señalamiento: según la denuncia, la coordinadora sabía que el trabajador tiene Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) —condición que, se afirma, ella misma habría conocido de tiempo atrás— y aun así lo habría presionado laboralmente, para después negar públicamente tener conocimiento de dicho diagnóstico.
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El trabajador, ante la insostenibilidad de la situación, acudió a presentar su queja formal ante la Dirección General de Preescolar.
La respuesta institucional, sin embargo, se limitó a reubicarlo administrativamente, de la coordinación estatal de CAPEP fue transferido a la propia Dirección de Preescolar, movimiento que se concretó en los primeros días de este mes de julio.
Ninguna sanción, hasta donde se tiene conocimiento, ha sido aplicada a la señalada.
La queja fue recibida por la directora del nivel de preescolar, Patricia Iris Viveros Acosta, y por el subdirector, Arturo Nápoles, de quienes se señala —según las mismas fuentes— que optaron por la vía más cómoda, contener el caso hacia adentro, mover al denunciante y dejar intacta a la denunciada, antes que permitir una investigación a fondo que pudiera derivar en una situación más compleja y delicada para la probable responsable.
Ese es, en los hechos, el protocolo real que hoy opera en la SEV frente a a denucniad un trabajador, no investigar, no sancionar, mover al incómodo y esperar que el asunto se apague solo.
Se tiene conocimiento, además, que el trabajador no habría sido el único señalamiento en la trayectoria de la coordinadora: se menciona que, en distintos momentos, también habría incomodado laboralmente a un par de compañeros más será denominado “Rafael”, y con anterioridad a un trabajador que se conocerá como “Gabriel”, entonces adscrito a funciones de supervisión.
De confirmarse, se trataría de un patrón de conducta reiterado y no de un hecho aislado.
Vale además señalar que, de acuerdo con la información recabada, Soriano Aguilar desempeña simultáneamente dos funciones dentro de la estructura del nivel: la de supervisora y la de coordinadora estatal del CAPEP, una acumulación de cargos que amerita, por sí misma, una revisión administrativa independiente del caso de acoso que aquí se documenta.
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La pregunta que queda flotando en los pasillos de la SEV es si la titular, la comadrita Claudia Tello, tiene conocimiento de lo que ocurre en las oficinas que dirige, o si, como ha ocurrido con otros expedientes incómodos, el asunto simplemente se maneja para que nunca llegue a su escritorio con la gravedad que merece. Ninguna de las dos respuestas la deja bien parada.
Y este caso, no llega en un momento cualquiera para doña Tello, se suma a un deterioro institucional que ya era visible antes de que este expediente de acoso saliera a la luz.
Desde marzo de 2025, la relación de la secretaria con la Sección 32 del SNTE, encabezada por Daniel Covarrubias López, viene acumulando fracturas.
El mñas reciente incidente el pasado 13 de julio, cuando integrantes de la 32 tomaron las oficinas de la SEV exigiendo pagos pendientes, regularización de trámites y respuesta a movimientos de personal estancados por meses, y coreando abiertamente las consignas de “fuera Tello”.
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Con el caso CAPEP se abre entonces un frente más —y de los más delicados— en la ya deteriorada gestión de Tello al frente de la SEV: al desgaste con el sindicato y a la percepción de autoritarismo que ya se le atribuye, se suma ahora el señalamiento de que su estructura protege a mandos que presuntamente acosan sexual y laboralmente a su propio personal.
No es casualidad ni exageración retórica hablar de un patrón. Es la misma lógica repetida en distintos frentes: prepotencia hacia abajo, opacidad hacia adentro y protección de las estructuras de mando antes que de la gente que las integra. Cuando eso ocurre tanto con un sindicato que representa a miles de docentes como con un solo trabajador que se atrevió a denunciar acoso sexual, el problema deja de ser de una persona y se vuelve de la institución completa.
Por eso la exigencia no puede quedarse en la anécdota de un cambio de oficina. La Secretaría de Educación de Veracruz está obligada a revisar, de fondo y sin simulación, sus protocolos de atención al acoso sexual y laboral, empezando por reconocer que el actual —recibir la queja, cambiar al denunciante y archivar el expediente— no protege a nadie, salvo a quien agrede.
Se requiere una investigación administrativa real sobre la conducta de Lorena Guadalupe Soriano Aguilar, con la posibilidad efectiva de sanción y remoción si los hechos se confirman, y no sólo el maquillaje de una reubicación.
Ambos casos hablan de lo mismo: una Secretaría de Educación que administra sus crisis en lugar de resolverlas.
¡Qué barbaridad!
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