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18.08.2026., Bulgaria.- La presencia de armamento de fabricación rusa en los arsenales de organizaciones criminales mexicanas abrió una nueva línea de discusión sobre las rutas internacionales utilizadas para abastecer a los grupos delictivos, luego de que un estudio del Centro para el Estudio de la Democracia (CSD), con sede en Bulgaria, identificara un incremento de armas de origen ruso dentro de los decomisos realizados a cárteles en México. Parte de las armas que le fueron encontradas al Mencho de origen ruso.
El informe denominado “Shadow Alliances: Authoritarian Powers and the Hybrid Warfare Nexus in Latin America” sostiene que entre 2022 y 2024 las armas de origen ruso representaron aproximadamente 60 por ciento del armamento incautado a organizaciones criminales mexicanas. El documento relaciona este fenómeno con la circulación de excedentes militares y con redes criminales transnacionales que operan fuera de los canales oficiales de comercio de armas.
El dato, sin embargo, requiere una precisión: el estudio no sostiene que el gobierno de Vladimir Putin haya vendido directamente armas a los cárteles mexicanos. El propio análisis señala que resulta poco probable que el Kremlin tenga control directo sobre los procesos mediante los cuales las organizaciones criminales adquieren ese armamento. La referencia corresponde principalmente a armas de fabricación u origen ruso que llegan a manos de grupos delictivos mediante intermediarios, mercados secundarios y redes internacionales.
La diferencia resulta relevante porque la existencia de un arma fabricada en Rusia dentro de un arsenal criminal no permite establecer, por sí misma, que haya sido adquirida directamente al gobierno ruso ni que exista una operación oficial de Moscú para abastecer a los cárteles.
El estudio del CSD plantea que la guerra en Ucrania y la expansión de los mercados clandestinos de material militar han generado nuevas oportunidades para que armamento de procedencia rusa sea desviado hacia redes criminales. Estas rutas pueden involucrar intermediarios y mercados ilegales en distintos países antes de que las armas terminen en territorio mexicano.
La investigación también ubica a México dentro de un escenario más amplio en el que organizaciones criminales latinoamericanas tienen acceso creciente a equipo de uso militar. El fenómeno no se limita a fusiles de asalto, sino que incluye armamento capaz de incrementar la capacidad de fuego de las estructuras delictivas.
Uno de los elementos citados en el reporte corresponde a la localización de lanzagranadas propulsados por cohete de fabricación rusa en arsenales relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La identificación de este tipo de equipo cobró relevancia después de la operación en la que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en febrero de 2026. Un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) también señaló que durante esa operación fueron aseguradas armas, entre ellas lanzacohetes con capacidad para atacar aeronaves y vehículos blindados.
La presencia de armas de origen ruso en manos de organizaciones mexicanas no significa que todos esos equipos hayan llegado mediante una sola ruta. El mercado internacional de armas permite que material producido originalmente para fuerzas armadas de diferentes países termine, después de varias operaciones de compraventa, en manos de intermediarios y posteriormente en redes criminales.
En ese contexto, el CSD describe una modalidad en la que las organizaciones delictivas pueden aprovechar redes transnacionales para obtener material militar sin establecer necesariamente una relación directa con el fabricante o con el Estado de origen. El reporte coloca estos movimientos dentro de un fenómeno más amplio de convergencia entre redes criminales, estructuras logísticas y actores vinculados con actividades ilícitas.
La discusión sobre el origen del armamento contrasta con otro de los principales canales identificados por autoridades estadounidenses para abastecer a los cárteles mexicanos: el tráfico de armas desde Estados Unidos.
En julio de 2026, un gran jurado federal en Texas acusó a un ciudadano estadounidense, Loyd Walter Hall, de conspirar para proporcionar armas al Cártel de Sinaloa. La acusación sostiene que entre 2024 y 2026 Hall y sus cómplices adquirieron armas mediante compras fraudulentas y posteriormente las traficaron hacia México. El expediente menciona, entre otras armas, pistolas Glock 19X, Taurus PT22 y Colt 1911.
Ese caso muestra que las organizaciones criminales mexicanas recurren a múltiples fuentes de abastecimiento. No existe un único mercado que explique el arsenal encontrado en sus operaciones.
En México también se han realizado decomisos que evidencian la dimensión del tráfico de armas. En julio pasado, elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República localizaron en San Luis Río Colorado, Sonora, una bodega vinculada con “Los Rusos”, grupo relacionado con una facción del Cártel de Sinaloa. En el inmueble fueron aseguradas 81 armas largas, entre ellas una ametralladora calibre .50, además de 128 cargadores y 274 mil 800 cartuchos.
El arsenal decomisado incluía 72 fusiles tipo AK-47, además de ametralladoras calibre 7.62 y 5.56 milímetros. El material quedó bajo custodia de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones y los peritajes correspondientes.
Los fusiles AK-47 y otros diseños derivados de plataformas soviéticas o rusas son utilizados desde hace décadas por fuerzas militares, grupos insurgentes y organizaciones criminales en diferentes regiones del mundo. Por ello, determinar que un arma es de diseño o fabricación rusa no establece automáticamente el momento, país o intermediario que permitió su llegada a México.
El antecedente resulta importante porque en años recientes también han circulado versiones que atribuyen de manera directa a Rusia el suministro de armas utilizadas por grupos criminales mexicanos. Algunas de esas afirmaciones han carecido de evidencia suficiente.
El CSIS, por ejemplo, documentó anteriormente la difusión de versiones falsas que vinculaban armas encontradas en México con los envíos estadounidenses destinados a Ucrania. En ese caso, imágenes de integrantes de grupos criminales portando lanzadores antitanque fueron utilizadas para sostener que armamento enviado a Ucrania había terminado en manos de cárteles mexicanos. El análisis concluyó que la afirmación no estaba sustentada y que el arma mostrada había sido identificada erróneamente.
Por ello, la información actualmente disponible permite establecer que existen armas de origen ruso dentro de arsenales criminales mexicanos y que un estudio internacional ha identificado una presencia significativa de ese tipo de armamento en decomisos. Lo que no está demostrado por ese informe es que el Estado ruso mantenga un programa oficial para vender armas directamente a los cárteles.
El reporte del CSD incluso señala expresamente que es improbable que el Kremlin ejerza control directo sobre los procesos de adquisición utilizados por las organizaciones criminales. Su planteamiento se concentra en la existencia de canales de suministro vinculados con redes transnacionales y en la posibilidad de que estos mercados proporcionen a grupos criminales acceso a equipo militar.
La acusación, por tanto, se encuentra en el terreno de las redes de abastecimiento internacional y no en una operación oficial rusa acreditada para armar a los cárteles.
La aparición de armamento de fabricación rusa en México se suma a un mercado ilegal en el que confluyen armas procedentes de distintos países, intermediarios, compradores ficticios, contrabando y mercados secundarios. Las investigaciones abiertas en México, Estados Unidos y otros países buscan identificar a quienes participan en esas cadenas, así como establecer el origen y recorrido de las armas aseguradas.
Mientras las autoridades mexicanas mantienen decomisos de arsenales de alto poder y Estados Unidos procesa casos relacionados con el tráfico de armas hacia organizaciones criminales, los reportes internacionales colocan nuevamente la atención en las rutas que permiten que armamento fabricado para fines militares termine incorporado a las capacidades operativas de los cárteles mexicanos.