*Desde 2015 se ha observado una mayor participación de las fuerzas armadas en tareas relacionadas con la seguridad, la lucha contra las drogas, contra el terrorismo, así como en el diseño de políticas públicas.
Mirtha Hernández
esde 2015, en América Latina se ha observado una mayor participación de las fuerzas armadas en tareas relacionadas con la seguridad, la lucha contra las drogas, contra el terrorismo, así como en el diseño de políticas públicas, afirmó la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Paulina Barrera Rosales.
Aunque su formación no ha cambiado -pues siguen enfocadas a la guerra-, sí han modulado su actuar y por ello se habla incluso de una “policialización de las fuerzas armadas”, añadió la académica, al participar en el Seminario Permanente de Reformas Electorales y Democracia 2023.
En el caso de México, esta militarización se inició desde 2006, con la llamada guerra contra el narcotráfico. Con el paso de los años ha disminuido el índice de letalidad -de personas muertas en enfrentamientos fuerzas armadas y el narcotráfico- y la participación y mejor percepción de los militares en la vida pública han aumentado.
Esto, ha tenido beneficios para este sector pues se han impulsado, por ejemplo, reformas a sus sistemas de pensiones, así como iniciativas legislativas para normar sus tareas en la seguridad interior de México.
En varios países de la región, agregó la experta, se ha favorecido que el Ejército se involucre en la arena política. En Brasil, por ejemplo, desde la dictadura, los militares estuvieron presentes en el espacio público, con cargos de elección, participación en el gabinete, entre otros.
Durante su ponencia “Militarización, militarismo y concentración del poder en América Latina” Barrera Rosales aseveró que la presencia militar en el ámbito público, en la elaboración de políticas e incluso de leyes, se ve favorecida por la aprobación o legitimidad de que gozan las fuerzas armadas en la región, a las que se les ve como “representantes de los intereses de la nación” y quienes “velan por el bien común”.
El Ejército y la Iglesia, añadió, son las instituciones que gozan de mayor legitimidad y han hecho un trabajo de comunicación política de muchos años.
Otros factores que han contribuido a que los gobiernos los incorporen cada vez más a las tareas civiles son: que algunos políticos llegan al poder por la vía del voto, pero tienen poca legitimidad; los problemas internos de sus partidos, así como el debilitamiento del Estado por las políticas neoliberales y los altos índices de desigualdad.
Sin embargo, la especialista en Concentración del poder político en las democracias contemporáneas subrayó que en la región no ha cambiado el rechazo a las dictaduras, a los golpes de Estado, pero sí se percibe una aceptación a que los encargados del poder Ejecutivo colaboren con las fuerzas armadas.
Advirtió que reportes como el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 alertan que en América Latina las élites militares forman parte de las élites económicas y concentran más poder. Por ejemplo, acceden a más recursos económicos que no son fiscalizados, tienen mayor participación en los gabinetes y en ocasiones se les encargan proyectos de infraestructura para proteger los intereses de las élites económicas.
También concentran más poder ideológico al tener mayor visibilidad y ser considerados representantes de los intereses de la nación en sociedades cada vez más polarizadas, entre otros factores.
Gaceta UNAM
