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15.10.2026 Un reportero del periódico El Debate fue empujado por un elemento federal hasta caer al suelo y despojado de su teléfono celular mientras documentaba un operativo de seguridad en Laguna Colorada, al sur de Culiacán, Sinaloa.
La agresión ocurrió este jueves 15 de octubre, en medio de la confrontación entre habitantes de la comunidad y agentes que participaban en una intervención que generó reclamos por la falta de información sobre las personas involucradas al detener a una señora.
El periodista registraba lo que sucedía cuando uno de los uniformados le arrebató el dispositivo y lo empujó. El reportero perdió el equilibrio y terminó en el suelo, con molestias en la espalda, según relató después del incidente.
Otros representantes de medios presenciaron los hechos, que también ocurrieron ante Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.
La agresión entre los pobladores y las fuerzas de seguridad se registró cuando la presencia de periodistas en el lugar tenía como propósito documentar un operativo de interés público; sin embargo, uno de los agentes terminó por impedir físicamente que el comunicador continuara grabando.
Los hechos ocurrieron durante una movilización de fuerzas federales en la que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina y otras instituciones de seguridad. La intervención provocó inconformidad entre vecinos y familiares de personas relacionadas con las diligencias, quienes exigían conocer qué estaba ocurriendo y cuál era la situación de las personas que serían trasladadas.
De acuerdo con la información difundida durante la jornada, habitantes denunciaron que durante las acciones realizadas en una vivienda también fueron retirados teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Ante la incertidumbre, algunos pobladores formaron una barrera humana para exigir explicaciones a los agentes y tratar de impedir el traslado de una mujer.
La confrontación escaló entre reclamos, empujones y forcejeos. En ese escenario, el reportero de El Debate fue agredido cuando realizaba su cobertura y fue detenido, pobladores intentaron impedir la detención arbitraria de los uniformados.
El Gabinete de Seguridad federal informó posteriormente que el despliegue formó parte de una investigación contra una presunta célula delictiva. Según el reporte oficial, se ejecutaron cinco órdenes de cateo y fueron detenidas siete personas; además, se aseguraron armas, cartuchos, presuntas drogas, vehículos y equipos de comunicación. Las autoridades señalaron que las acciones derivaron de trabajos de inteligencia e investigación.
Estos resultados oficiales no eliminan la obligación de esclarecer las denuncias sobre el trato a los habitantes ni la agresión contra el comunicador.
La presencia de Óscar Loza Ochoa, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, permitió que el organismo conociera de primera mano parte de la situación
La Asociación de Periodistas de Sinaloa denunció la agresión que sufrió Hernán Alfaro, reportero del diario El Debate, presuntamente a manos de agentes federales de seguridad pública, y exigió garantías para el ejercicio de su labor informativa.
La organización advirtió que las agresiones contra comunicadores reflejan un deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo y señaló que la actuación de las autoridades pone en riesgo la libertad de expresión.
Grabar y transmitir información sobre actuaciones de las autoridades forma parte de la labor periodística y permite que la sociedad conozca hechos que, de otro modo, podrían quedar sin registro independiente..
El caso exige que las autoridades identifiquen al agente señalado, expliquen las circunstancias en que ocurrió el forcejeo y determinen las responsabilidades correspondientes. También es necesario aclarar qué ocurrió con el teléfono del reportero y si fue devuelto, así como informar sobre las medidas adoptadas para evitar que una agresión similar se repita.
La cobertura de un operativo no convierte a un periodista en parte de la intervención ni justifica que sea tratado como un obstáculo. En Laguna Colorada, la agresión contra el trabajador de El Debate quedó en medio de un despliegue que las autoridades defendieron como parte de una investigación criminal, pero cuyo desarrollo también debe someterse al escrutinio público y al respeto irrestricto de los derechos humanos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó posteriormente que los agentes señalados por las presuntas agresiones contra el reportero y mujeres de la comunidad ya fueron identificados y serán citados a declarar. La dependencia anunció el inicio de procedimientos administrativos para esclarecer lo ocurrido y determinar si existe responsabilidad del personal involucrado.