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15.10.2026.- Costa Rica.- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció la incorporación de seis organizaciones criminales mexicanas a la lista de grupos considerados narcoterroristas por su gobierno, una decisión con la que busca endurecer la respuesta de su país frente a las redes del narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional.
La declaratoria incluye al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos. La medida también alcanza a tres organizaciones colombianas: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Fernández hizo el anuncio el miércoles 14 de octubre durante la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad construida dentro del complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, con capacidad para albergar a 5 mil 100 personas privadas de la libertad.
Durante el acto, la mandataria presentó la decisión como parte de una estrategia para impedir que las estructuras criminales internacionales amplíen su presencia en territorio costarricense. Sostuvo que su administración utilizará los recursos disponibles para contener el avance de estas organizaciones y reforzar las acciones contra el narcotráfico.
La inclusión de los grupos mexicanos amplía la política de seguridad adoptada previamente por Costa Rica. Durante el gobierno del expresidente Rodrigo Chaves, el país ya había declarado organizaciones terroristas a cuatro agrupaciones de Medio Oriente: la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Hezbolá, Hamás y Ansar Allah, también conocido como los hutíes de Yemen.
Con la nueva decisión, el gobierno costarricense incorpora organizaciones con distintas estructuras y zonas de operación, a las que atribuye riesgos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. La declaratoria expresa la clasificación adoptada por Costa Rica y no constituye, por sí misma, una sentencia judicial contra sus integrantes.
El anuncio se produce en un contexto de preocupación por el crecimiento de la violencia asociada al narcotráfico en Costa Rica, país que durante años fue considerado relativamente seguro en comparación con otras naciones de la región. Las autoridades han buscado reforzar las capacidades policiales, judiciales y penitenciarias ante el aumento de los homicidios y la disputa entre grupos criminales.
La apertura del CACCO forma parte de esa política. El nuevo centro fue concebido para mantener bajo un régimen de alta contención a personas consideradas de especial peligrosidad y toma como referencia el modelo penitenciario de El Salvador. La administración de Fernández ha destacado la cooperación internacional como un componente de su estrategia contra las organizaciones criminales.
La decisión también se inscribe en un escenario regional en el que Estados Unidos ha ampliado el uso de designaciones terroristas contra cárteles mexicanos y ha reforzado las sanciones financieras contra redes vinculadas con el tráfico de drogas. Sin embargo, la clasificación costarricense corresponde a una decisión de sus propias autoridades y sus efectos jurídicos dependen de la legislación y los procedimientos aplicables en ese país.
La inclusión de los seis cárteles mexicanos coloca a Costa Rica entre los gobiernos latinoamericanos que han optado por recurrir a la categoría de narcoterrorismo como parte de su política de seguridad.
El alcance práctico de la medida dependerá de cómo las autoridades la apliquen en las investigaciones, las acciones financieras y la cooperación con otros países, con respeto a las garantías legales correspondientes.