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18.11.2026 Ciudad de México.- La violencia contra las mujeres periodistas en México no termina cuando concluye una cobertura. En ocasiones, las agresiones provienen de quienes deberían garantizar su seguridad y se prolongan mediante la falta de investigación, la impunidad y la revictimización institucional.
El caso de Angélica Elizabeth Díaz Molina, quien denunció agresiones físicas y hostigamiento policial mientras realizaba su trabajo en instalaciones del Metro de la Ciudad de México, vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan las comunicadoras en el ejercicio de su profesión.
La organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y la Red Nacional de Periodistas (RNP) condenaron los hechos ocurridos el 4 de noviembre de 2026 y exigieron investigar a los policías señalados, identificar a los responsables y garantizar que las agresiones no queden impunes.
De acuerdo con el pronunciamiento, Díaz Molina realizaba una cobertura periodística en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro cuando varios elementos policiales comenzaron a seguirla. Posteriormente, intentaron detenerla bajo acusaciones que las organizaciones calificaron de infundadas y la golpearon en repetidas ocasiones.
CIMAC y la RNP señalaron que lo ocurrido constituye un nuevo episodio de violencia contra la periodista, quien, además, enfrenta desde septiembre de 2024 las consecuencias de los hechos de represión y violencia registrados en Xochimilco, por los que —denunciaron— persisten la impunidad y la revictimización institucional.
El posicionamiento también cuestionó la actuación del medio de comunicación Ruido en la Red, para el que trabajaba Díaz Molina, debido a que, según las organizaciones, no realizó previamente las evaluaciones de riesgo ni las medidas de seguridad necesarias para que la periodista pudiera desarrollar su cobertura sin exponer su integridad.
Pese a las condiciones de riesgo, la comunicadora acudió a realizar su trabajo bajo la presión de su jefa inmediata. Después de las agresiones y ante lo que CIMAC y la RNP calificaron como falta de empatía y corresponsabilidad de la empresa, decidió terminar la relación laboral. Durante ese proceso, además, identificó presuntas irregularidades en sus condiciones de contratación.
El caso se inscribe en un contexto nacional de violencia persistente contra las mujeres que ejercen el periodismo. El informe anual de CIMAC, titulado *Entre el discurso y la desprotección*, documentó 338 agresiones contra mujeres periodistas durante 2025, la cifra más alta registrada por la organización en su monitoreo.
Las agresiones no se limitan a ataques físicos. Incluyen amenazas, hostigamiento, intimidación, campañas de desprestigio, violencia digital y prácticas de estigmatización que buscan desacreditar a las comunicadoras, cuestionar su trabajo y limitar su participación en espacios públicos.
Desde una perspectiva de género, estas violencias tienen características particulares: las mujeres periodistas pueden enfrentar ataques relacionados tanto con la información que investigan y publican como con su condición de mujeres. La descalificación de su capacidad profesional, los señalamientos sobre su vida privada y las agresiones de carácter sexual o misógino forman parte de los mecanismos utilizados para intimidarlas y silenciarlas.
Además, cuando las agresiones provienen de servidores públicos o corporaciones de seguridad, se produce una doble vulneración: se obstaculiza el derecho a informar y se compromete la obligación de las autoridades de proteger a quienes ejercen el periodismo.
Ante los hechos contra Díaz Molina, CIMAC y la Red Nacional de Periodistas exigieron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y a la Secretaría de Gobernación investigar las agresiones atribuidas a los elementos policiales, identificar a quienes participaron y aplicar las sanciones correspondientes.
También demandaron a las empresas de comunicación asumir su responsabilidad en la seguridad de sus trabajadoras, establecer protocolos de prevención y protección para las coberturas de riesgo y cumplir con sus obligaciones laborales y contractuales.
La denuncia coloca sobre la mesa una dimensión que suele quedar fuera de la discusión sobre libertad de expresión: la responsabilidad de los propios medios en la protección de sus reporteras. La seguridad de una periodista no puede depender únicamente de su capacidad individual para enfrentar situaciones peligrosas ni de su disposición a cumplir una cobertura bajo presión.
Para las organizaciones firmantes, garantizar que las mujeres puedan informar sin ser agredidas, hostigadas o abandonadas por sus empleadores requiere investigaciones que no queden en declaraciones, sanciones a los responsables y mecanismos de protección que incorporen una perspectiva de género.
El caso de Angélica Elizabeth Díaz Molina vuelve a evidenciar que ejercer el periodismo no debería significar exponerse a la violencia policial, institucional o laboral, y que la impunidad también opera como una forma de prolongar las agresiones contra las mujeres comunicadoras.

