*Escrito por Berenice Chavarría Tenorio.
17.10.2023 /CimacNoticias.com /Ciudad de México.- «El Poli no me cuida, me cuidan mis amigas«: gritaban estudiantes y colectivas a las afueras de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) donde el pasado 6 de octubre, en un salón de clases, alumnas de la carrera de Mercadotecnia Digital detectaron que un compañero suyo, Diego N, tenía en su poder una tablet en la que había 20 mil videos y 166 mil imágenes reales y manipuladas de mujeres de 17 a 25 años con el objetivo de comercializarlas; esta práctica llevaba en operación desde el año 2016 en medio de un pacto patriarcal por más de siete años.
El hombre señalado de comercializar imágenes de sus compañeras, vendía las fotografías en grupos a otros alumnos y personas de la comunidad estudiantil, pero también en plataformas externas. Por estos hechos Diego N fue puesto a disposición de las autoridades y se le imputó el delito de violación a la intimidad sexual; sin embargo, en este momento lleva su proceso en libertad.
En tanto las ocho mujeres estudiantes que se identificaron como víctimas de Diego N ya iniciaron el proceso legal en su contra; pero esto no ha sido sencillo, porque han señalado que la institución educativa «las revictimiza y que las abandonó en un inicio», pues no fue sino hasta que su historia se difundió en redes sociales fue cuando recibieron el acompañamiento de Olimpia Coral Melo -impulsora de la Ley Olimpia- cuando directivos del IPN tomaron cartas en el asunto.
Las víctimas tampoco han podido acudir a clases debido al estrés que ha significado todo el proceso, además del cansancio, pues durante dos días las tuvieron a altas horas de la noche rindiendo su declaración ante un Ministerio Público de la Ciudad de México.
El pacto patriarcal de la violencia digital al interior del IPN
En la manifestación realizada a las afueras de la Escuela Superior de Comercio y Administración, las ocho mujeres que iniciaron un proceso penal contra Diego N detallaron que este 16 de octubre ampliaron su declaración ante las autoridades de la Ciudad de México, la cual permitió identificar que la violencia digital perpetrada al interior de la institución lleva años en impunidad.
De esta forma revelaron que la violencia que denunciaron ha prevalecido al interior de la institución desde 2016, pues a ellas se acercaron otras jóvenes quienes aseguran que estudiantes “les pidieron que entraran al negocio para exponer fotografías íntimas en prostitución digital o consiguieran fotos de otras alumnas para editarlas”.
“Existen pruebas de conversaciones entre alumnos que compraban y ofertaban estos contenidos, por lo que señalamos que Diego N no actuó solo; dentro de nuestros salones, en los pasillos, hay una organización patriarcal de hombres que comercializan estas fotografías, le ponen precio a nuestros cuerpos y nos ven como objetos sexuales”, acusó una de las víctimas.
Lo anterior confirma lo que revelaba el Informe de violencia digital. Un estudio de los perfiles de agresores y sobrevivientes de violencia sexual digital, realizado por el Frente Nacional para la Sororidad, el cual documentó de enero de 2020 a diciembre de 2021, mil 705 casos de violencia digital en México, de los cuales 95.3 por ciento fueron perpetrados contra mujeres, siendo las estudiantes universitarias y las empleadas privadas las principales agredidas.
Sumado a lo anterior las víctimas usaron este espacio para denunciar públicamente a plataformas de desarrollo de Inteligencia Artificial por no tener las medidas necesarias “ante un algoritmo patriarcal que beneficia y sistematiza la explotación sexual digital de nuestros cuerpos”.
“Que el estrés y dolor no queden en vano y obtengamos justicia”: víctimas
Las estudiantes señalaron que el día 6 de octubre hicieron de conocimiento a las autoridades escolares sobre las fotografías que detectaron; sin embargo, fueron revictimizadas e ignoradas, lo anterior aún cuando el IPN cuenta con un Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la violencia de género.
En dicho documento se detalla que la institución debe “brindar orientación oportuna e inmediata a las personas que se consideren víctimas, respecto de hechos o comportamientos constitutivos de violencia de género”.
Sin embargo, las estudiantes acusan que esto no fue así, pues casi una semana después el director interino de ESCA, Alonso Rojas Rodríguez, tomó cartas en el asunto y ofreció a las víctimas el acompañamiento de una persona defensora para cada una, pero esto tampoco se concretó sino hasta este 16 de octubre.
Sumado a ello también se retrasó la expulsión de Diego N, pues directivos del IPN consideraron necesario realizar en primer lugar una reunión de la Comisión de Honor para determinar lo que ocurrirá con el estudiante, quien al momento únicamente se encuentra suspendido.
Ante ello las víctimas exigieron a las autoridades politécnicas:
- No esperar a que las alumnas se manifiesten para actuar y brindar protección. “No debe ser un caso mediático para que hagan su trabajo”, expresaron en su pronunciamiento.
- “Dejar de encubrir alumnos agresores, y que la que la Comisión de Honor resuelva la expulsión definitiva de Diego N. Es inadmisible pensar que en estas instalaciones se gradúen futuros profesionales, ingenieros o licenciados con licencia para acosar”.
- Que la comunicación con las víctimas sea en colectivo.
- Que se considere el respaldo académico sobre este proceso de justicia, “pues al hacernos responsables de ser víctimas nuestra estabilidad académica también ha sido dañada. Pedimos además que no haya represalias en nuestra contra ni contra quienes han decidido luchar contra nosotras”.
- Exigen fecha de respuesta y de avances.
“No queremos confrontarnos ni desgastarnos, exigimos porque a veces es la única forma de hacerlo. Llamamos a todas las dependencias del IPN y a nuestro director general Arturo Reyes Sandoval a poner todos los recursos para esta y todas las violencias, denuncias, llamadas de atención que las alumnas del IPN hemos manifestado. Que se les persiga a los agresores y no a las víctimas”, sentenciaron.
“Hoy estamos aquí presentes, rotas por este recorrido agotador de iniciar un proceso de justicia cuando eres mujer en un país feminicida y machista, tuvimos que ver nuestras fotos, las fotos de nuestras amigas, más de 20 mil videos de compañeras que ni siquiera saben que están en esa tableta digital. Fue horrible ver cómo con la llegada de la tecnología en manos de los hombres y de la industria de la explotación sexual destruye la vida de las mujeres”.
Violencia digital
El pasado 30 abril del 2021 las y los legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron en lo particular y general la iniciativa sobre violencia digital conocida como «Ley Olimpia”, de esta forma se comprende a la violencia digital como toda acción realizada mediante el uso de tecnologías de la información, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones o cualquier espacio digital, que atente contra la integridad, dignidad, libertad o vulnere los Derechos Humanos de las mujeres.
Esta decisión que se dio con 446 a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, determinó recorrer el contenido del capítulo VI al VII de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el fin de que el capitulo VI describa qué se considera como violencia digital.
También adicionó el artículo 199 Octies al Código Penal Federal para sancionar a quien “videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, elabore audios o videos de contenido sexual de una persona mayor de edad sin su consentimiento, autorización o consentimiento. Al igual, a quien difunda, divulgue, comparta , transmita, comercialice, importe este contenido íntimo”, describe la iniciativa.
Cualquier conducta de las anteriores se sancionará de 3 y 6 años de prisión con una multa de entre 45 mil a más de 89 mil pesos. Estas penas aumentarán hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubino o concubina o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza.
La pena será la misma dice, si el agresor es un servidor público en funciones, cuando la víctima no pueda comprender el significado del hecho; si el agresor obtiene un beneficio no lucrativo, cuando a consecuencia de los efectos o impactos del delito las personas atentan contra su integridad.
También, establece la modificación del artículo138 Bis y 159 del Código de Procedimientos Penales para que el Ministerio Público pueda solicitar al juez el retiro, bloqueo o destrucción del contenido íntimo de la víctima, para ello será necesario que se identifique al “proveedor de servicios en línea a cargo del sistema informático, sitio o plataforma de internet”.
Durante el debate, la diputada del Partido del Trabajo, Clementina Martha Dekker Gomez, resaltó que las mujeres no provocan ni incitan ningún tipo de violencia, por lo que se merecen una vida libre de violencia, “quien piense lo contrario, quien piense que esto no es posible es parte del problema , no de la solución”, dijo.
Por su parte, la diputada del partido de Morena, Anita Sánchez Castro, comentó que la violencia digital es una agresión que ha dejado “señaladas a muchas mujeres de por vida sólo por la actitud misógina de hombres que quieren continuar ejerciendo su poder sobre nosotras. Por ello celebro la penalización de estos actos que deben ser erradicados”.
En un video de redes sociales, la impulsora de la «Ley Olimpia», Olimpia Coral Melo, declaró que este resultado es producto de todas las mujeres que motivadas de sus historias de violencia digital han apoyado a la iniciativa. Además de la aprobación, resaltó, un segundo avance es el cambio de perspectiva sobre quién es el culpable de la violencia digital.
“Logramos en la conciencia colectiva que nosotras no somos las culpables, que nuestro cuerpo no es una culpa. La culpa es de la cultura porno que hacen los hombres, que publican y difunden. No queremos que nunca más ninguna más viva lo que muchas de las que estamos aquí vivimos” finalizó.
