*Juan Alvarado, de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional, desarrolló un proyecto de intervención que consistió en ubicar a un menor de edad con alta probabilidad de contagio de COVID-19, para buscar el amparo de la justicia federal y que sea vacunado.
Paola Cortés Pérez
Foto: Omar Portilla Palacios
16/01/2022, Xalapa, Ver.- Juan Alvarado Martínez, estudiante de posgrado de la Universidad Veracruzana (UV), desarrolló un proyecto de intervención mediante el cual ubicó a un menor de edad en situación con alta probabilidad de contagio de COVID-19 para buscar el amparo de la justicia federal y vincular a las autoridades sanitarias para que sea inoculado.
El alumno de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) destacó que todo abogado debe estar actualizado porque las leyes se modifican constantemente y de igual manera hay reformas. En este sentido, “la UV colabora al abrir programas educativos de posgrado profesionalizantes como éste”.
Con respecto al trabajo de investigación que desarrolla, Juan Alvarado comentó que la maestría les solicita trabajar en un caso justiciable (que puede o debe someterse a la acción de los tribunales de justicia).
Su proyecto se trata de un caso concreto en donde, con la intervención jurídica, se cambia o modifica la realidad del justiciable. “Aparte de hacer investigación teórica, para fundamentar bien el proyecto, en la ciencia jurídica tienes que buscar un caso para materializar la investigación”.
Para ello, analizó la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 –que ocasiona la enfermedad COVID-19– emprendida por el Estado mexicano y se percató que se ha realizado de forma programada, se establecen como prioridades la edad y la comorbilidad, por lo que los últimos en vacunar serán los menores de 15 años de edad.
Sin embargo, el Gobierno Federal y la Secretaría de Educación Pública (SEP) informaron sobre el inicio de clases presenciales en agosto de 2021, sin existir un calendario o estrategia de vacunación para los menores de edad.
Posteriormente, la Secretaría de Salud Federal anunció la vacunación a menores de edad –de 12 a 17 años– que tuvieran y pudieran comprobar que viven con alguna de las 44 enfermedades, condiciones, comorbilidad o cuadro clínico determinados por autoridades.
Además, indicó, hay instrumentos internacionales que obligan a los estados a que todas las leyes y programas que incluyan a los niños deben darles prioridad como colectividad, es lo que se llama interés superior de la niñez y México ha firmado muchos tratados internacionales que contemplan este principio. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también lo estipula.
Por lo tanto, estaría poniéndose en riesgo la salud de los menores, ante el incremento de contagios que se registran en el país y el estado debido a las variantes de COVID-19, principalmente Delta y Ómicron.
“Es necesaria una demanda de protección de los derechos humanos, en específico a la salud y educación, a la vida y a la prevención y su concreción de enfermedades epidémicas y endémicas del o la justiciable, cuyo riesgo de contagio aumenta al pertenecer a un grupo etario que no se encuentra contemplado en el plan nacional de vacunación vigente.”
El proyecto de intervención
Ante la violación del derecho a la salud, al interés superior de la niñez y al Artículo 1 constitucional, Juan Alvarado se propuso ubicar a un menor de edad que necesite ser inoculado en contra de COVID-19 y esté cursando algún grado escolar.
Por ello acudió a la vía legal para solicitar el amparo y protección de la justicia federal para que el Estado mexicano, a través del gobernador del estado de Veracruz y de la Secretaría de Salud de Veracruz, le aplique la vacuna.
Lo que se busca con la tramitación del amparo indirecto es la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech a un menor de edad. Con este caso “se espera generar un antecedente importante para que se modifique el programa nacional de vacunación y se incluya a menores de edad en el rango escolar, es decir, de 12 a 18 años”.
Sobre el biológico, dijo que se solicitó a Pfizer-BioNTech ya que es la única autorizada en México por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, agencia nacional de salud pública de Estados Unidos, para ser aplicada a personas de entre 12 y 18 años de edad.
Resultado
Juan Alvarado contó que después de identificar al justiciable se presentó la propuesta ante un juez de distrito en Boca del Río, quien les otorgó la suspensión provisional para la menor de edad.
“Quiero hacer hincapié en que se trataba de tres hermanos de 15, ocho y cinco años; pedí la protección para los tres, pero el juez sólo me concedió la suspensión definitiva a favor de la menor de 15 años y protegiendo a los otros dos, porque en el país todavía no hay la información suficiente para saber la dosis exacta a aplicar a menores de 15 años.”
Recordó que el año pasado la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya había aprobado el uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech para menores de 17 años, pero no impactó en el plan nacional de vacunación.
Por ello, “el juez de distrito dijo que la Cofepris ya autorizó la vacuna, ya sabe cuántas dosis deben aplicarse y cómo, así que calificó como una omisión por parte de las autoridades el que no se estuviera aplicando”.
La menor beneficiada es originaria del municipio de Veracruz, quien ya tiene el esquema completo de vacunación: la primera dosis le fue aplicada el 28 de octubre de 2021 y 20 días después recibió la segunda.
“Aquí nosotros vimos deficiencia y discriminación pues se trata de un grupo vulnerable y el hecho de que fijaran un lugar de vacunación fuera de su domicilio y de la ciudad donde habitan, representa un acto que violenta su esfera de derechos humanos.”
El trámite fue bastante rápido ante los juzgados federales, relató: presentaron la demanda el 12 de octubre de 2021 y el 14 de ese mismo mes fue admitida y se otorgó la suspensión; 14 días después se aplicó la primera dosis.
Este caso muestra que falta mayor difusión entre la población –no sólo del estado sino del país– sobre el derecho que todas las personas tienen al libre acceso a abogados, por lo que consideró fundamental difundir estos temas.
