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28/04/2022/ Colombia.- El fiscal del caso de Uribe, Gabriel Jaimes, no apeló a la decisión de la jueza Carmen Ortiz de continuar el proceso en el que se acusa al expresidente de soborno a testigos y fraude procesal. Pese a que el funcionario del ente investigador fue el que solicitó la preclusión, decidió no jugarse la última carta, por lo que el líder del Centro Democrático será enviado a juicio.
“La Fiscalía no interpone recurso, señora juez”, dijo Jaimes tras más de 12 horas de audiencia y luego de que se leyeran las conclusiones del juzgado 28 penal de conocimiento de Bogotá, desde el que se lanzó algunas críticas a los argumentos que usó el ente acusador para defender que el caso fuera archivado.
Entre los argumentos para no archivar, la jueza Ortiz señaló, entre otros argumentos, que la Fiscalía no entrevistó a suficientes personas y hubo incongruencias en los testimonios. Igualmente, el ente investigador no habría ahondado en las pruebas recolectadas por la Corte Suprema de Justicia, que estuvo a cargo del caso hasta que Uribe renunció al Senado en septiembre de 2020.
Igualmente, la jueza Ortiz precisó que no será ella quien continúe el proceso de Uribe en el que está la posibilidad de que la Fiscalía radique el escrito de acusación y siga con el proceso penal o, en cambio, plantee otra preclusión por una causal distinta a las que respaldaron esta audiencia.
En la última audiencia de preclusión pedida por la Fiscalía, la jueza Carmen Helena Ortiz definió el futuro jurídico de Álvaro Uribe Vélez al determinar que no se archivará el proceso en su contra por soborno a testigos y fraude procesal que lleva cuatro años abiertos, y que se originó en la Corte Suprema de Justicia.
Luego de varias horas de audiencias que vienen desde el año pasado, se la llevaron las cuatro víctimas –entre ellas el senador Iván Cepeda– y, en parte, las labores que en su momento hizo la Corte.
Esto por cuenta de que la jueza emitió duros cuestionamientos al trabajo que hizo la Fiscalía, entidad que había solicitado la preclusión de este expediente.
Con esto se genera no solo un hito en uno de los procesos judiciales más relevantes y polémicos de los últimos años, sino un remezón que tendrá implicaciones políticas, puesto que deja a una de las partes como la perdedora parcial de un caso que promete extenderse.
Y es que aún queda recorrido para una decisión final. La Fiscalía apelará la decisión ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, instancia que definirá si le da la razón a la jueza, o si la tiene el ente acusador y por ende se archiva el caso.
