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20.04.2023. Chiapas.- A pesar de que el artículo 183 del Código Penal de Chiapas establece que la mujer que voluntariamente practique o consienta la práctica de un aborto, se someterá a atención integral con perspectiva de género. Sin embargo, persiste una violencia sistemática contra quienes deciden hacerlo.
De acuerdo con una investigación antropológica del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), en tiempos recientes las mujeres tseltales y tsotsiles de la región de los Altos que buscan acceder a un aborto seguro enfrentan múltiples violencias, las cuales son ejercidas desde diferentes actores: la pareja, la sociedad y el Estado.
El trabajo de investigación “Aborto inducido entre las mujeres Tseltales y Tsotsiles de la región de Los Altos de Chiapas” de la maestra en ciencias, Sonia Norma Díaz Gómez, expone que estas violencias a las que se enfrentan difícilmente se pueden vislumbrar de manera aislada y sin duda obstaculizan el acceso a un aborto seguro.
La investigadora aplicó 19 entrevistas a profundidad, las cuales permitieron retratar la realidad que viven las mujeres que deciden someterse a esta práctica, e identificó seis tipos de violencia; no obstante, resaltó que “no se descarta que pudieran existir otras”.
Dentro de los hallazgos que realizó la especialista en Estudios de Sociedad, se encuentra el hecho de que las mujeres tseltales y tsotsiles “crean lógicas” que pueden ser asumidas como formas de ejercer violencia ante un aparato opresor, que las pone en situaciones de desigualdad.
“Dichas formas de violencia quizás nos son tan evidentes, sin embargo, analizar el fenómeno del aborto desde el método de las representaciones sociales nos permitió posicionar a las interlocutoras de este estudio como agentes dinámicas”.
Asimismo, el objetivo fue comprender cuáles son las violencias asociadas a la práctica del aborto inducido, y es de destacar que Chiapas es de los estados de la República mexicana en el que desde hace varios años no se presentan iniciativas o reformas para legalizar el aborto.
A excepción del 2020. La diputada Adriana BustaCastellanos junto a activistas en otros estados, presentó una iniciativa en el Congreso chiapaneco para despenalizar el aborto.
Actualmente, en el artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas se establecen las razones por las que el aborto no es punible, esto cuando sea consecuencia de violación, la madre embarazada corra peligro de muerte y pueda determinarse que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que den por necesario el nacimiento de este con trastornos físicos o mentales graves.
Artículo publicado por Cuarto Poder en Voces feministas.
