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20.09.2025 Washington, D.C. EUA.- En un giro que intensifica la polarización política en Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció este miércoles la inclusión del movimiento Antifa en la lista de organizaciones consideradas como terroristas por su administración. El anuncio se produce una semana después del asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, hecho que ha sido atribuido por sectores conservadores a motivaciones ideológicas vinculadas a la extrema izquierda.
La decisión presidencial fue difundida a través de la red Truth Social, donde Trump calificó a Antifa como una amenaza radical y pidió investigar a quienes financian sus actividades. El mandatario, actualmente en visita oficial en el Reino Unido, reiteró su compromiso de combatir lo que denomina “terrorismo interno” de izquierda.
¿Qué es Antifa?
El término “Antifa” proviene de la abreviatura de “antifascista” y no designa una organización formal, sino un conjunto de colectivos, redes y activistas que se oponen al fascismo, al racismo estructural y a la extrema derecha. Su presencia se ha hecho visible en manifestaciones contra grupos supremacistas blancos, neonazis y políticas autoritarias, especialmente desde el auge del nacionalismo conservador en Estados Unidos.
Aunque sus tácticas varían —desde la protesta pacífica hasta la confrontación directa—, Antifa no cuenta con una estructura jerárquica ni liderazgo centralizado. Su accionar se basa en la autonomía local, la acción directa y la vigilancia de grupos que promueven discursos de odio.
La declaración de Trump ocurre en medio de una fuerte conmoción por el asesinato de Charlie Kirk, figura influyente entre jóvenes conservadores y defensor público del presidente. El presunto responsable, Tyler Robinson, fue detenido y acusado formalmente esta semana. Según reportes, habría expresado rechazo hacia las ideas de Kirk y utilizado municiones con inscripciones antifascistas, lo que ha sido interpretado por sectores de derecha como evidencia de motivación política.
La Casa Blanca ha vinculado el crimen con lo que denomina “radicalismo de izquierda”, y ha utilizado el caso para justificar medidas más severas contra movimientos como Antifa, a pesar de que no existe evidencia directa que vincule al sospechoso con dicho colectivo.
La clasificación de Antifa como organización terrorista plantea desafíos legales, ya que no se trata de una entidad formal ni registrada. Expertos en derechos civiles advierten que esta medida podría abrir la puerta a la criminalización de la protesta social y a la persecución de activistas bajo criterios ideológicos.
Organizaciones como la ACLU han señalado que el gobierno no puede designar legalmente a grupos nacionales como terroristas sin violar derechos constitucionales. Además, alertan sobre el uso político del término “terrorismo interno” para deslegitimar movimientos que cuestionan el statu quo.
El anuncio presidencial ha sido celebrado por sectores conservadores como un acto de firmeza, mientras que activistas, académicos y defensores de derechos humanos lo consideran una estrategia para desviar la atención de problemas estructurales y reforzar una narrativa de confrontación.
En un país donde la libertad de expresión y la protesta están protegidas por la Constitución, la designación de Antifa como amenaza nacional plantea una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el poder ejecutivo en la definición del enemigo interno?
