*El Programa editorial del Ayuntamiento
/ Juan José Barrientos /
Por un lado, el Ayuntamiento convocó a escritoras y escritores originarios o residentes de este municipio a participar en el Programa Editorial de Publicaciones 2026, “con el propósito de impulsar la investigación, la creación y fortalecer la vida cultural de la comunidad”, y, por otro, establece que los autores de las obras seleccionadas “autorizarán la cesión de los derechos correspondientes de la obra al Ayuntamiento de Xalapa hasta la salida de la presente administración“, lo que resulta contradictorio.
¿Para qué quiere el ayuntamiento que los autores le cedan los derechos de las obras seleccionadas? Lo que necesita es que lo autoricen a publicar un determinado número de ejemplares impresos o a comercializar un determinado número de copias en versión digital; incluso puede pedir que se le autorice a hacer audiolibros, pero no necesita que le cedan TODOS los derechos durante el tiempo que le queda a la administración encabezada por Daniela Griego.
El Programa editorial no tiene carácter lucrativo, pero impone condiciones “leoninas”, es decir abusivas, a los autores, impidiéndoles aprovechar otras oportunidades que se les pusieran presentar.
En cambio, el Fondo Editorial del Municipio de Querétaro, en una convocatoria reciente, únicamente requiere que los concursantes otorguen su autorización para realizar “la reproducción, distribución y comunicación pública de la obra seleccionada, así como para crear y divulgar obras derivadas.” Y aclara que esa autorización “surte efecto, siempre y cuando se tenga por único y exclusivo propósito, la promoción y difusión de la cultura, y que no se persiga ningún fin comercial, por lo que no se trata de una transmisión de derechos patrimoniales”, y “el autor conserva los derechos patrimoniales de la obra.”
Aunque sus publicaciones no tienen carácter lucrativo, el Ayuntamiento de Xaslapa les imponen a los escritores e intelectuales un contrato similar a los de cualquier empresa editorial, obligándolos a ceder los derechos durante unos tres años, de modo que ya no pueden contratar otras ediciones.
Lo peor de todo, es que otras dependencias e instituciones hacen lo mismo, y urge reflexionar al respecto y hacer los ajustes necesarios.
Hace años, el IVEC me reeditó Versiones, y, siguiendo el consejo del abogado de la SOGEM, le pedí al jefe del jurídico que se modificara el contrato para que yo conservara los derechos, y él accedió.
Pensé que en adelante todos los contratos se harían de conformidad con ese modelo, pero me temo que no fue así.
