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30.09.2026 Ciudad de México.- ARTICLE 19 advirtió que la reforma aprobada por el Senado de la República para modificar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial puede generar riesgos para la libertad de expresión debido a la forma en que fueron redactadas las nuevas disposiciones relacionadas con el uso de elementos de identidad gráfica de instituciones públicas.
La organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información se pronunció este 30 de septiembre, después de que el Pleno del Senado avaló el dictamen. La votación en lo general fue de 72 votos a favor y 34 en contra. El proyecto contempla sanciones de uno a cinco años de prisión y multas de hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización para determinados usos comerciales de elementos de identidad gráfica institucional cuando exista intención de provocar engaño y cometer un ilícito.
El debate alrededor de la reforma se intensificó desde su discusión en comisiones, debido a que sectores de la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que la redacción podía tener efectos sobre contenidos digitales, sátira, caricaturas y otras expresiones críticas. El dictamen, sin embargo, fue presentado por sus impulsores como una medida dirigida a evitar fraudes cometidos mediante la utilización de logotipos, documentos, dominios o elementos que permitan hacerse pasar por una institución pública.
ARTICLE 19 centró sus críticas en la precisión de los nuevos tipos penales. En su posicionamiento sostuvo que la definición de las conductas sancionables no establece con suficiente claridad sus alcances y advirtió que esa situación puede dejar espacio para interpretaciones amplias por parte de las autoridades.
La organización señaló que el problema no radica únicamente en el objetivo declarado de combatir fraudes, sino en que una norma penal debe establecer de manera precisa qué conductas constituyen delito y bajo qué circunstancias pueden aplicarse las sanciones.
De acuerdo con ARTICLE 19, esa falta de precisión podría afectar a periodistas, activistas y otras personas que recurran a elementos de identidad gubernamental dentro de materiales periodísticos, informativos, críticos o satíricos. La organización sostiene que determinadas expresiones relacionadas con asuntos de interés público tienen una protección reforzada dentro del derecho a la libertad de expresión.
“Estas disposiciones podrían utilizarse para hostigar a periodistas, activistas y otras personas que emplean la identidad gráfica gubernamental en contenidos satíricos, críticos e informativos”, señaló la organización en su comunicado.
ARTICLE 19 también cuestionó que la respuesta legislativa recurra al derecho penal para enfrentar conductas que pueden estar relacionadas con el uso fraudulento de símbolos, logotipos o elementos oficiales. En su análisis planteó que, antes de establecer penas de prisión, el Estado debe justificar por qué las alternativas no penales resultarían insuficientes para atender el problema.
La organización ya había advertido sobre estos riesgos el 28 de septiembre, cuando pidió al Congreso rechazar el proyecto. En aquel momento señaló que la redacción podía alcanzar usos periodísticos, artísticos, satíricos, críticos e informativos de la identidad gráfica gubernamental.
La discusión se produce mientras el Senado avanzó también en modificaciones relacionadas con la protección de derechos de autor y propiedad industrial. El dictamen incorpora cambios a diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con disposiciones dirigidas, entre otros aspectos, a combatir conductas vinculadas con piratería y violaciones a derechos de propiedad intelectual.
La reforma aprobada por el Senado será enviada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo. ARTICLE 19 pidió a los diputados revisar las observaciones formuladas sobre las posibles afectaciones a la libertad de expresión y rechazó que la legislación penal pueda establecer restricciones ambiguas sobre expresiones protegidas constitucionalmente.
El debate legislativo ha sido denominado en el espacio público como “Ley Antimemes”, aunque el texto aprobado no establece como delito la creación o difusión de memes por sí misma. Las sanciones están vinculadas, según el dictamen, con determinados usos a escala comercial de identidad gráfica institucional cuando concurran elementos de engaño y la intención de cometer un ilícito.
ARTICLE 19 sostiene que, aun cuando el propósito de combatir fraudes pueda considerarse legítimo, las disposiciones deben establecer límites claros para impedir que su aplicación termine afectando expresiones periodísticas, informativas, críticas o satíricas relacionadas con autoridades e instituciones públicas.