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11.07.2026 Ciudad de México.- La organización ARTICLE 19 condenó las amenazas sufridas por cuatro periodistas mientras cubrían un operativo de cateo en la colonia Graciano Sánchez, en el municipio de Boca del Río, Veracruz, y demandó a las autoridades estatales y municipales garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico, así como establecer protocolos específicos que protejan a los comunicadores durante este tipo de coberturas.
En un pronunciamiento difundido este 10 de julio, la organización informó que los hechos ocurrieron la noche del pasado 1 de julio, alrededor de las 21:00 horas, cuando Sergio Aldazaba, del medio Imagen Veracruz, así como Manuel Monroy, Víctor Yáñez y Rubén Santos, del portal Veracruz en Alerta, realizaban la cobertura informativa de un operativo de cateo efectuado por autoridades en la colonia Graciano Sánchez.
De acuerdo con los testimonios recabados por ARTICLE 19, una vez que las fuerzas de seguridad concluyeron el operativo y abandonaron el lugar, los reporteros permanecieron para documentar el entorno y buscar la versión de vecinos sobre lo ocurrido. Sin embargo, un grupo de personas reaccionó con hostilidad, exigiéndoles que dejaran de grabar y se retiraran de inmediato.
Los periodistas relataron que comenzaron a recibir agresiones verbales y amenazas directas mientras realizaban una transmisión en vivo, en la que incluso quedó registrado un fragmento de las intimidaciones. La situación escaló rápidamente cuando fueron rodeados por aproximadamente quince personas que, según el testimonio de los comunicadores, portaban objetos que parecían armas punzocortantes.
Ante el riesgo inminente para su integridad física, los periodistas decidieron abandonar el lugar para ponerse a salvo, sin que se reportaran personas lesionadas.
ARTICLE 19 advirtió que el incidente ha tenido consecuencias directas para el ejercicio del periodismo en esa zona, ya que los comunicadores afectados decidieron no volver a realizar coberturas informativas en la colonia Graciano Sánchez por temor a nuevas agresiones y debido a la ausencia de condiciones mínimas de seguridad.
La organización subrayó que esta situación no solo afecta a quienes ejercen el periodismo, sino también al conjunto de la sociedad, al limitar el acceso de la ciudadanía a información relacionada con hechos de interés público.
En su posicionamiento, ARTICLE 19 recordó que el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir agresiones contra periodistas y de establecer mecanismos eficaces para protegerlos, particularmente cuando desarrollan su labor en contextos de riesgo, como operativos de seguridad o hechos vinculados con la violencia.
Asimismo, señaló que las autoridades deben contar con protocolos que permitan identificar a la prensa durante este tipo de coberturas, facilitar su trabajo y, en caso de presentarse una situación de peligro, garantizar su resguardo y retiro seguro del lugar.
La organización también indicó que, después de una agresión, corresponde a las instituciones responsables brindar atención y medidas de protección a las víctimas, con el fin de evitar nuevos riesgos y garantizar la continuidad de su labor informativa.
Por ello, ARTICLE 19 exigió a las autoridades del Ayuntamiento de Boca del Río y del Gobierno de Veracruz diseñar e implementar protocolos de actuación que permitan anticipar riesgos para periodistas durante operativos de seguridad, estableciendo mecanismos claros de coordinación entre las corporaciones y los representantes de los medios de comunicación.
De igual forma, solicitó que se garantice la seguridad de los periodistas durante la cobertura de hechos de alto riesgo mediante acciones de resguardo y retiro seguro cuando las circunstancias lo requieran.
La organización también pidió que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz establezca contacto con los cuatro periodistas afectados para informarles sobre las medidas de atención, acompañamiento y protección a las que tienen derecho conforme a la legislación vigente.
Las agresiones contra periodistas continúan siendo uno de los principales desafíos para la libertad de expresión en México. Organismos nacionales e internacionales han advertido de manera reiterada que la falta de condiciones de seguridad para quienes cubren hechos relacionados con operativos policiacos, violencia o delincuencia organizada genera un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico y limita el derecho de la sociedad a estar informada.