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14.02.2024.- Ciudad de México. ARTICLE 19 – Oficina para México y Centroamérica y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) condenan la violencia en contra de la periodista independiente Yolanda Caballero Jacobo, en Tijuana, Baja California.
Estigmatización por parte de Montserrat Caballero, alcaldesa
El 22 de enero la periodista publicó una nota en sus redes sociales respecto a la situación de alcantarillado que enfrenta el municipio de Tijuana. En la nota informa cómo, derivado de las lluvias, ha habido graves inundaciones y afectaciones a daños patrimoniales. Asimismo, la periodista resaltó presuntas fallas en la gestión de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez y el impacto de estas decisiones en la mejora de la infraestructura de la ciudad.
En la misma publicación, la alcaldesa, a través de su perfil personal, respondió en un comentario donde estigmatiza a la periodista infiriendo falsamente que la periodista busca dinero en vez de estar haciendo su labor periodística, así como de querer engañar a la ciudadanía:
Captura de pantalla compartida por la periodista
El 30 de enero, durante un evento público, la alcaldesa señaló a la periodista de orquestar una protesta en su contra. Ese mismo día, Yolanda dio a conocer a través de un video en Facebook, sobre estas agresiones por parte de la alcaldesa.
Para las organizaciones firmantes, es de suma preocupación que personas funcionarias públicas utilicen la tribuna pública para desestimar a la prensa en un contexto donde periodistas y medios se encuentran bajo riesgo latente. En acorde al informe del primer semestre de 2023 de ARTICLE 19, el estado de Baja California ocupa el noveno lugar de estados más violentos para la prensa.
Incendio de su vehículo
Según el relato de Yolanda a las organizaciones, la tarde del 1 de febrero, alrededor de las 14:20, la periodista se encontraba laborando en las oficinas del medio Noticias de Tijuana, cuando un sujeto desconocido incendió su vehículo en la vía pública.
En un video difundido en redes sociales, se observa a un sujeto romper el cristal del copiloto para, posteriormente, colocar objetos dentro de éste y prender fuego al interior del vehículo. Al mismo tiempo, se observa en el video una camioneta color gris, la cual se detiene frente al vehículo de la periodista. El sujeto desconocido entonces se sube a la parte trasera de la recién arribada camioneta, y el conductor, en conjunto con el sujeto, huyen de la escena del crimen, delatando así la participación coordinada de al menos dos individuos como autores materiales de los hechos.
ARTICLE 19 y CIMAC recuerdan que ante la violencia contra periodistas, la obligación del Estado mexicano es de efectuar investigaciones expeditas en acorde al Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión para dar un mensaje claro contra la impunidad.
Reacción de las autoridades: minimizar los hechos
Durante la última semana, personas funcionarias públicas a nivel municipal, estatal y federal hicieron una serie de comentarios tanto en línea como en otros espacios públicos en donde desestiman la violencia y minimizan los hechos. El 2 de febrero, Edoardo Rodríguez Delgado, titular de la Subdirección de Diversidad e Inclusión, refirió como “dudoso” el atentado que sufrió la periodista; en tanto que Gerardo López Montes, también cuestionó la información de las notas realizadas por medios de comunicación[1].
En entrevista con medios de comunicación, la misma alcaldesa Montserrat Caballero se limitó a decir “hay que llamar a las cosas como son, fue un daño en propiedad ajena, no un atentado”. Aunado a esto, la funcionaria pública envió un mensaje intimidatorio al teléfono personal de la periodista el jueves 1 de febrero en donde, además de hacer una referencia a la familia de la periodista y de los impactos que están viviendo, culmina diciendo “La vida nos pondrá donde merecemos estar. Ya lo verás.”
Captura de pantalla compartida por la periodista
Por su parte, el Ejecutivo Federal durante la conferencia matutina del 2 de febrero de 2024, indicó que descartaba que la alcaldesa o gobernadora estuvieran involucradas: “las considero mujeres íntegras, respetuosas de la libertad, no las considero capaces de un atentado contra nadie”, aunque posteriormente el presidente hizo un llamado a realizar las investigaciones.
En un país donde se agrede a periodistas y medios de comunicación cada 16 horas es inaceptable que las autoridades estigmaticen a la prensa, que minimicen actos de violencia, y que descarten el vínculo de posibles perpetradores ante hechos graves de violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “Los Estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar a todos los autores de los delitos contra comunicadores, tanto los materiales como los intelectuales, además de partícipes, colaboradores y encubridores.”
Cabe resaltar que el estado de Baja California tiene aún grandes adeudos con la prensa de la entidad, pues estas agresiones y ataques tomaron lugar tan sólo a unos días de las actividades de memoria por el segundo aniversario del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, atacada afuera de su domicilio en Tijuana el 22 de enero de 2022; y las protestas también a dos años del homicidio de Margarito Martínez, asesinado también afuera de su domicilio en la misma ciudad fronteriza.
En vista de lo anterior, ARTICLE 19 y CIMAC exigen:
- Al Gobierno de Tijuana, puntualmente a la alcaldesa Montserrat Caballero, abstenerse de cualquier otra comunicación directa o indirecta con la periodista y su familia, así como a cesar cualquier discurso estigmatizante contra la prensa.
- Al Gobierno de Baja California a pronunciarse en contra de estos hechos y a generar una política pública integral con enfoque preventivo y de protección para garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión en el municipio de Tijuana y en el estado.
- Al Mecanismo de Protección a periodistas, a no sólo mantener las acciones de protección ya efectuadas para la periodista, sino que debe también proteger a su familia desde una perspectiva de seguridad integral e interseccional
- A la Fiscalía General del Estado de Baja California, a efectuar las investigaciones diligentes y expeditas en acorde al Protocolo Homologado de los Delitos Contra la Libertad de Expresión.
