*
Xalapa, Ver. 24 febrero 2022.- La fiscal general del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns negó que sus elementos ministeriales hayan violado los derechos humanos de July “N”, implicada en el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid.
Al respecto Hernández Giadáns sostuvo que en todos los casos en que interviene, la FGE siempre ha respetado los derechos humanos de los detenidos.
Esta respuesta se da por la recomendación 51 VG/2022 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) donde según el reporte de la CNDH se acreditó graves violaciones a los derechos humanos de July N como tortura y abuso sexual, tanto en la detención que se dio en la Ciudad de México, como en su traslado vía terrestre desde la CDMX a los juzgados de Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz.
Hernández Giadáns dijo que tiene como plazo hasta este viernes 25 de febrero para determinar si acepta o no la recomendación, apuntando que la FGE valora todos los elementos para proceder de una u otra manera.
“Nosotros siempre hemos respetado los derechos humanos en cualquier caso y pues bueno, hemos aceptado y rechazado recomendaciones cuando hay elementos.
“Se dará respuesta en su momento, todavía tenemos tiempo, el término vence mañana viernes 25 de febrero, y ya estarán debidamente informados del resolutivo”, adelantó la funcionaria.
La fiscal evadió confirmar o descartar si en la detención y tortura de la mujer participaron elementos ministeriales de Veracruz y en su caso, respondió que “todo se hizo debidamente, respetando los derechos”.
Cabe recordar que este miércoles, abogados veracruzanos confirmaron que tienen los nombres y las pruebas que confirman que sí hubo participación de policías ministeriales de Veracruz en la violación de derechos humanos de July “N”, por lo que en breve serán denunciados.
De acuerdo con la recomendación emitida por la CNDH, July “N” manifestó ante el juez de control que lleva su caso en Pacho Viejo que elementos ministeriales de la FGE la habían violado, torturado y sobajado durante su captura como acusada del homicidio de la ex rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar.
Sin embargo, los propios elementos de la FGE acusaron a la mujer de usar dicho argumento como “artilugio jurídico” para evitar la cárcel y no reportaron ninguna incidencia al ponerla a disposición del juez de control.
Además, se evidenció también que aunque la FGE aceptó iniciar las supuestas indagatorias por los abusos de sus elementos, determinó el no ejercicio de la acción penal contra los ministeriales que participaron en dicha aprehensión.
