*Escrito por Arantza Díaz.
08.11.2024 /Cimac Noticias.com / Ciudad de México.- Las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García fueron víctimas de feminicidio en la ciudad de Oaxaca, luego de que hombres armados que viajaban en una motocicleta dispararan a las defensoras cuando descendían de un taxi a la puerta de su casa en el centro histórico de la capital oaxaqueña.
Ambas militaban en el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT); Adriana, servía como asesora jurídica comunitaria desde hace quince años y junto a su hermana, Virginia, fueron las principales buscadoras de otras dos mujeres identificadas como Daniela y Virginia, quienes eran sus primas desaparecidas desde el 5 de julio del 2008 en la región mixteca.
De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM- Defensoras, desde hace 10 años Oaxaca se ubica, de manera sistémica, entre los estados con los ataques más frecuentes y graves contra mujeres defensoras y también, entre las entidades con mayor impunidad en casos de asesinatos y desaparición forzada.
Aunado a esta crisis de violencia e impunidad, se suma el incremento de grupos paramilitares que han anidado en la región mixteca, una de las zonas más precarizadas y marginadas a nivel nacional. Como resultado, decenas de familias han sido desplazadas a causa de los amedrentamientos reiterados y la impunidad derivada de la escueta acción estatal.
Según ha dado a conocer uno de los hermanos Ortiz García, Adriana es quien se mantenía con mayor actividad en los movimientos sociales, mientras Virginia dedicaba mayor tiempo a la venta de sus artesanías.
Tras el acontecimiento, integrantes del MULT, incluyendo a la tercera hermana de la familia Ortiz García, Emelia -quien cuenta medidas de protección- han emprendido una serie de manifestaciones desde el 6 de noviembre para instar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a realizar una investigación exhaustiva para dar con los responsables del homicidio.
El movimiento triqui también arribó ese mismo día a la Ciudad de México, donde se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación para denunciar lo sucedido en Oaxaca y también, exigir la intervención federal para frenar la violencia cometida por grupos paramilitares en la región.
Aunque la respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación aún se mantiene en espera, la Fiscalía General del estado de Oaxaca (FGEO) ya ha realizado un pronunciamiento, señalando que ya se investiga el caso con «perspectiva de género e interculturalidad» por la muerte violenta de las dos mujeres triquis.
La FGEO refiere que ya se ha desplegado, con ayuda de un equipo multidisciplinario, una investigación a fondo junto a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, quienes, supuestamente, ya han realizado las primeras indagatorias y ha quedado a cargo de las labores ministeriales.
Finalmente, las autoridades oaxaqueñas señalan en su último posicionamiento que las investigaciones correspondientes serán transversales y se realizó el compromiso de evitar cualquier discurso de revictimización, asimismo, apuntaron a que ya están realizando un acompañamiento integral a las víctimas indirectas del hecho.
Crisis de defensoras en Oaxaca: Desapariciones y homicidios
Los ataques a las personas defensoras de la comunidad triqui han sido reiterados desde algunos años, según ha documentado, algunas zonas como Tierra Blanca Copala se ha inundado de grupos paramilitares y mercenarios que, según denunciaron en 2021, «están costando vidas humanas haciendo sonar los tambores de guerra en la región triqui».
Otras comunidades, como San Juan Copala resisten a estos grupos paramilitares desde el 2010 y a pesar de, haber demandado el diálogo con López Obrador al inicio del sexenio, pues el grupo Ubisort había asesinado a la activista Bety Cariño y a Jyry Jaakkola, así como planeado la desaparición de la reportera de Contralínea Érika Ramírez -encontrada con vida días después-, sin embargo, López Obrador limitó su respuesta a decir que se sorprendía pues la gente de Oaxaca era «muy buena y pacífica»; zanjó el tema diciendo que se atenderían los casos.
Hoy, a 5 años (y más de una década de resistir a los paramilitares) de esta denuncia, la historia se repite con el asesinato de Virginia y Adriana, pues de acuerdo con el grupo donde militaban, el MULT, el asesinato se dio a manos de miembros de grupos regionales civiles con formación militar.
Es importante señalar que, como ya se advertía, el asesinato de personas defensoras a manos de estos grupos que controlan la sierra mixteca no ha sido aislado, sino un fenómeno sistémico que data de hace más de una década. El segundo factor que debe ser denunciado es la impunidad y el pobre actuar del gobierno de Oaxaca para ajusticiar a sus defensoras asesinadas y desaparecidas.
En este tenor, se debe nombrar a Sandra Domínguez, desaparecida hace un mes y de quien se desconoce su paradero; en entrevista con Cimacnoticias, su hermana Aracely ha denunciado que las únicas acciones gubernamentales ha sido emitir la ficha de búsqueda y un diálogo con el gobernador Salomón Jara quien se comprometió a continuar con las indagatorias.
A un mes, no hay ninguna respuesta y sólo se ha pedido tener paciencia.
Irma Galindo, defensora del bosque Ñuu Savi (Mixteca) y desapareció hace 5 años, hasta la fecha, no hay información de su paradero.En noviembre del 2019 su casa fue quemada y un mes después, desapareció en la comunidad de Mier y Terán, en Atatlahuca, Oaxaca.
Ese mismo año, desapareció en la población mixteca Asunción Nochixtlán Claudia Uchururtú Cruz, activista y madre autónoma de 47 años. Era defensora por los derechos humanos en su comunidad, se dedicaba a recolectar las demandas de la población y presentarlas ante el municipio; esto, a pesar de que fueran rechazadas por la alcaldesa Lizbeth Huerta por falta de presupuesto.
La activista descubrió malversación de recursos, falsificación de firmas y empresas fantasmas. Acto seguido, buscó a senadores e incluso, al mismo presidente López Obrador para pedir ayuda sobre lo que sucedía en la comunidad; nunca obtuvo respuestas. Claudia fue subida a una camioneta roja por la fuerza a las 22:00 horas luego de participar en una protesta frente al palacio municipal de su comunidad.
Con este registro, se apunta a que la región enfrenta una seria crisis de violencia en contra de las defensoras y activistas. De acuerdo con «Alas y Raíces», informe producido por Servicios para una Educación Alternativa (Educa Oaxaca), sólo en el último sexenio 58 personas defensoras han sido asesinadas en la entidad; 27 en la región mixteca.
A un año del gobierno de Salomón Jara, Educa denuncia en su informe que han registrado 54 agresiones, siendo la principal, la criminalización, siendo los principales responsables, las autoridades estatales.
Ciudad de México.- Las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García fueron víctimas de feminicidio en la ciudad de Oaxaca, luego de que hombres armados que viajaban en una motocicleta dispararan a las defensoras cuando descendían de un taxi a la puerta de su casa en el centro histórico de la capital oaxaqueña.
Ambas militaban en el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT); Adriana, servía como asesora jurídica comunitaria desde hace quince años y junto a su hermana, Virginia, fueron las principales buscadoras de otras dos mujeres identificadas como Daniela y Virginia, quienes eran sus primas desaparecidas desde el 5 de julio del 2008 en la región mixteca.
De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM- Defensoras, desde hace 10 años Oaxaca se ubica, de manera sistémica, entre los estados con los ataques más frecuentes y graves contra mujeres defensoras y también, entre las entidades con mayor impunidad en casos de asesinatos y desaparición forzada.
Aunado a esta crisis de violencia e impunidad, se suma el incremento de grupos paramilitares que han anidado en la región mixteca, una de las zonas más precarizadas y marginadas a nivel nacional. Como resultado, decenas de familias han sido desplazadas a causa de los amedrentamientos reiterados y la impunidad derivada de la escueta acción estatal.
Según ha dado a conocer uno de los hermanos Ortiz García, Adriana es quien se mantenía con mayor actividad en los movimientos sociales, mientras Virginia dedicaba mayor tiempo a la venta de sus artesanías.
Tras el acontecimiento, integrantes del MULT, incluyendo a la tercera hermana de la familia Ortiz García, Emelia -quien cuenta medidas de protección- han emprendido una serie de manifestaciones desde el 6 de noviembre para instar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a realizar una investigación exhaustiva para dar con los responsables del homicidio.
El movimiento triqui también arribó ese mismo día a la Ciudad de México, donde se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación para denunciar lo sucedido en Oaxaca y también, exigir la intervención federal para frenar la violencia cometida por grupos paramilitares en la región.
Aunque la respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación aún se mantiene en espera, la Fiscalía General del estado de Oaxaca (FGEO) ya ha realizado un pronunciamiento, señalando que ya se investiga el caso con «perspectiva de género e interculturalidad» por la muerte violenta de las dos mujeres triquis.
La FGEO refiere que ya se ha desplegado, con ayuda de un equipo multidisciplinario, una investigación a fondo junto a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, quienes, supuestamente, ya han realizado las primeras indagatorias y ha quedado a cargo de las labores ministeriales.
Finalmente, las autoridades oaxaqueñas señalan en su último posicionamiento que las investigaciones correspondientes serán transversales y se realizó el compromiso de evitar cualquier discurso de revictimización, asimismo, apuntaron a que ya están realizando un acompañamiento integral a las víctimas indirectas del hecho.
Crisis de defensoras en Oaxaca: Desapariciones y homicidios
Los ataques a las personas defensoras de la comunidad triqui han sido reiterados desde algunos años, según ha documentado, algunas zonas como Tierra Blanca Copala se ha inundado de grupos paramilitares y mercenarios que, según denunciaron en 2021, «están costando vidas humanas haciendo sonar los tambores de guerra en la región triqui».
Otras comunidades, como San Juan Copala resisten a estos grupos paramilitares desde el 2010 y a pesar de, haber demandado el diálogo con López Obrador al inicio del sexenio, pues el grupo Ubisort había asesinado a la activista Bety Cariño y a Jyry Jaakkola, así como planeado la desaparición de la reportera de Contralínea Érika Ramírez -encontrada con vida días después-, sin embargo, López Obrador limitó su respuesta a decir que se sorprendía pues la gente de Oaxaca era «muy buena y pacífica»; zanjó el tema diciendo que se atenderían los casos.
Hoy, a 5 años (y más de una década de resistir a los paramilitares) de esta denuncia, la historia se repite con el asesinato de Virginia y Adriana, pues de acuerdo con el grupo donde militaban, el MULT, el asesinato se dio a manos de miembros de grupos regionales civiles con formación militar.
Es importante señalar que, como ya se advertía, el asesinato de personas defensoras a manos de estos grupos que controlan la sierra mixteca no ha sido aislado, sino un fenómeno sistémico que data de hace más de una década. El segundo factor que debe ser denunciado es la impunidad y el pobre actuar del gobierno de Oaxaca para ajusticiar a sus defensoras asesinadas y desaparecidas.
En este tenor, se debe nombrar a Sandra Domínguez, desaparecida hace un mes y de quien se desconoce su paradero; en entrevista con Cimacnoticias, su hermana Aracely ha denunciado que las únicas acciones gubernamentales ha sido emitir la ficha de búsqueda y un diálogo con el gobernador Salomón Jara quien se comprometió a continuar con las indagatorias.
A un mes, no hay ninguna respuesta y sólo se ha pedido tener paciencia.
Irma Galindo, defensora del bosque Ñuu Savi (Mixteca) y desapareció hace 5 años, hasta la fecha, no hay información de su paradero.En noviembre del 2019 su casa fue quemada y un mes después, desapareció en la comunidad de Mier y Terán, en Atatlahuca, Oaxaca.
Ese mismo año, desapareció en la población mixteca Asunción Nochixtlán Claudia Uchururtú Cruz, activista y madre autónoma de 47 años. Era defensora por los derechos humanos en su comunidad, se dedicaba a recolectar las demandas de la población y presentarlas ante el municipio; esto, a pesar de que fueran rechazadas por la alcaldesa Lizbeth Huerta por falta de presupuesto.
La activista descubrió malversación de recursos, falsificación de firmas y empresas fantasmas. Acto seguido, buscó a senadores e incluso, al mismo presidente López Obrador para pedir ayuda sobre lo que sucedía en la comunidad; nunca obtuvo respuestas. Claudia fue subida a una camioneta roja por la fuerza a las 22:00 horas luego de participar en una protesta frente al palacio municipal de su comunidad.
Con este registro, se apunta a que la región enfrenta una seria crisis de violencia en contra de las defensoras y activistas. De acuerdo con «Alas y Raíces», informe producido por Servicios para una Educación Alternativa (Educa Oaxaca), sólo en el último sexenio 58 personas defensoras han sido asesinadas en la entidad; 27 en la región mixteca.
A un año del gobierno de Salomón Jara, Educa denuncia en su informe que han registrado 54 agresiones, siendo la principal, la criminalización, siendo los principales responsables, las autoridades estatales.
