Diputados, alcaldes, síndicos y regidores piden licencia
· Aprobó el Congreso nueva Ley de Comunicación Social
· Les darán más dinero al OPLE, Fiscalía, UV y TEV
Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Tres temas interesantes fueron abordados durante el inicio este jueves, del Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado de Veracruz, se trata de la lista de funcionarios públicos -diputados, alcaldes, síndicos y regidores- que pidieron licencia para separarse del cargo que actualmente cobran y disfrutan, para ir en busca de un nuevo puesto de elección popular el próximo mes de julio. Son lo que se denomina chapulines políticos, que todavía no terminan un hueso y ya van en busca del otro.
El segundo tema interesante y digno de analizar en detalle es el de las solicitudes de los mal llamados Organismos Autónomos Estatales, como el OPLE, Tribunal Estatal Electoral Fiscalía General del Estado y la mismísima Universidad Veracruzana, que en estos tiempos de crisis económica, están solicitando y obtuvieron que se les aumenten los presupuestos aprobados para ejercer en este año.
El otro asunto en la orden del día de la Legislatura del Estado, fue el dictamen de la Comisión Permanente de Gobernación, con proyecto de Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que fue finalmente fue aprobada con 27 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones.
Primero se trató el tema de la solicitud del Organismo Público Local Electoral el ya famoso OPLE, que como “los maderos de San Juan, piden pan y no les dan, les dan un billetito millonario, que se les atora en el pescuezo” ya que su inocente petición asciende a la cantidad de $471,083,239.00 (Cuatrocientos setenta y un millones ochenta y tres mil doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), respecto del presupuesto aprobado para el ejercicio presupuestal 2021.
El pretexto para pedir más millones de pesos para el OPLE Veracruz es que a partir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deriva de la acción de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumulados, que restablece la vigencia de los porcentajes de cálculo de la Ley Electoral para los partidos políticos, por la cantidad de $198,296,863.00 (Cientos noventa y ocho millones doscientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), así como la cantidad de $272,786,376.00 (Doscientos setenta y dos millones setecientos ochenta y seis mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), para los gastos relativos a la instalación de órganos electorales desconcentrados, mecanismos de recolección y traslado de paquetes electorales y material electoral diverso, del modo siguiente: para el llamado capítulo 1000 -que son sueldos- tienen autorizados $ 403,074,599.00 para este año, pero estaban pidiendo otros $96,204,925.00, pero se tendrán que amarrar el cinturón en sus elevados sueldos y compensaciones porque solo les autorizaron $352,000,000.00 (Trescientos cincuenta y dos millones de pesos 00/100 M.N.).
La solicitud del Tribunal Electoral de Veracruz, también desmedida, asciende a la cantidad de $12,000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 M.N.), respecto del presupuesto aprobado para el ejercicio presupuestal 2021, derivado del incremento en las arduas labores ordinarias, consecuencia del proceso electoral, la necesidad de contratación de personal eventual y gastos de operación. A pesar de la crisis económica que estamos viviendo los veracruzanos, le autorizaron otros $4,612,000.00 (Cuatro millones seiscientos doce pesos 00/100 M.N.).
A la que sí le fue muy bien es a la solicitud de la Fiscalía General del Estado, que asciende a la cantidad de $347,147,918.00 (Trescientos cuarenta y siete millones ciento cuarenta y siete mil novecientos dieciocho pesos 00/100 M.N.), respecto del presupuesto aprobado para el 2021, que se funda y motiva, a partir de que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz “I” del Servicio de Administración Tributaria (SAT), determinó los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los Impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios en los períodos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y del 01 de enero al 30 de noviembre de 2016 y por Arrendamientos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 por lo que finalmente se le autorizaron recursos extras por $347,147,918.00 (Trescientos cuarenta y siete millones ciento cuarenta y siete mil novecientos dieciocho pesos 00/100 M.N.).
A la que también le autorizaron todo lo pedido fue a la Universidad Veracruzana, de doña Deifilia Ladrón de Guevara, también para el pago de adeudos al SAT, antes de que se vaya en septiembre, para lo que le dieron una ampliación de recursos presupuestales hasta por la cantidad de $1,682,467,895.76 (Mil seiscientos ochenta y dos millones cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos noventa y cinco pesos 76/100 M.N.), para el estricto cumplimiento de los fines solicitados.
Por último, en la sesión del Congreso del Estado de este jueves, se aprobó también la nueva Ley de Comunicación Social del Estado, que tiene por objeto establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a la vez que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.”
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