*A Juicio de Amparo.
/María Amparo Casar /
El Rocha Moya affaire llegó para quedarse. Estará y crecerá en la conversación pública por un largo tiempo. Sólo podrá acallarlo una respuesta radical de la Presidenta que, hasta ahora, no se vislumbra. Me refiero a un verdadero compromiso con la recuperación de la soberanía arrebatada al Estado mexicano, no por Estados Unidos, sino por el crimen organizado.
En los hechos, sigue la protección al gobernador con licencia. Rechazar la petición de extradición es protegerlo. No haberlo detenido provisionalmente, es protegerlo. Abrir una carpeta de investigación tardía para que no sea juzgado en Estados Unidos, es protegerlo. Decir que no hay pruebas contundentes, es protegerlo.
A diferencia de otros casos de corrupción y vinculación con el crimen organizado, que han sido evidenciados por el periodismo de investigación en México, lo de Rocha y asociados todavía dará mucho de qué hablar. Ha revivido viejos y no tan viejos reportes periodísticos sobre actos de corrupción ampliamente fundamentados, pero que van quedando en el olvido y que nunca fueron atendidos por las autoridades locales ni por las federales: corrupción electoral, corrupción criminal, corrupción fiscal, uso ilícito de recursos públicos, enriquecimiento inexplicable, extorsión, colusión y tantos otros.
Lo que no había logrado el periodismo de investigación independiente, lo ha logrado el gobierno del vecino país con su Indictment USA vs Ruben Rocha Moya (y otros nueve acusados).
Como dice el dicho, no hay mejor maestro que lo irremediable.
Y lo irremediable era que, tarde o temprano, se concretarán las acusaciones de los vínculos entre gobiernos y crimen organizado. Ni el gobierno de López Obrador, ni el actual aprendieron.Se los dijeron de muchas maneras. Cuando Trump dijo que limpiaría su país de violadores y narcos provenientes de México; cuando le advirtieron al gobierno mexicano que los 100 mil muertos al año por fentanilo eran responsabilidad suya y que esperaban una solución; cuando López Obrador liberó a Ovidio Guzmán, en octubre de 2019; cuando clasificaron legalmente a algunos cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa, como organizaciones terroristas.
En marzo de este año remacharon el mensaje durante la instauración del Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad impulsada por Trump para combatir el narcotráfico utilizando “fuerza militar letal”.
Repitió el mensaje el embajador, apenas el 23 de abril, en la misma Sinaloa cuando enumeró las demandas extra-comerciales de Washington para la renegociación del T-MEC: seguridad, certeza jurídica y un ambiente libre de corrupción.
Bajo advertencia no hay engaño.
No se quiso escuchar, o no del todo, porque ya antes se había concedido que la Guardia Nacional frenara la migración en la frontera y, hace poco, la entrega de 92 presos presuntos delincuentes al vecino, esos sí fuera de toda regla, sin pruebas contundentes conocidas y sin procesos formales de extradición.
Nunca escucharon los gobiernos de la 4-T o, si lo hicieron, no actuaron en consecuencia. A los de adentro, a los periodistas de investigación se les tachó de vende patrias, de querer dañar al movimiento, de derechistas y de favorecer la intervención extranjera.
Mucho se habla de la soberanía y de la solución interna de los conflictos. Pero el hecho es que, sólo hasta que Estados Unidos pidió la extradición de Rocha y asociados, el gobierno federal tomó en cuenta seriamente el problema de Sinaloa como un narco-Estado.
A Estados Unidos le da igual la conferencia matutina y el discurso soberanista. No necesitaron más que las 36 páginas de la Corte del Distrito Sur de Nueva York para cimbrar al país y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena.
Me pregunto: ¿estaríamos hablando tanto de este caso si tuviéramos confianza en las autoridades de procuración y administración de justicia mexicanas?, ¿si creyéramos en la posibilidad de que a Rocha Moya y al resto de los señalados se les investigaría con seriedad en México?, ¿si creyéramos que la ley es la ley y que con independencia de la militancia o lealtad se llevaría a cabo un juicio justo? La respuesta a estas tres preguntas es, no.
Si creyéramos en todo lo anterior, estaríamos diciendo que a Rocha y asociados se les juzgará aquí y que no hay justificación alguna para la extradición.
El problema es que el discurso oficial ya no aguanta.
Se habla de soberanía, pero se permite que parte del territorio nacional esté capturado por el crimen.
Se habla de injerencismo cuando vienen por los tuyos, pero no por los demás.
Se exigen pruebas contundentes, pero no se requieren cuando en el banquillo de los acusados están los adversarios.
Se habla de la presunción de inocencia, pero se ha ampliado la prisión preventiva y se pueden congelar cuentas bancarias sin orden judicial.
Se habla de cero-corrupción, pero se cuentan por cientos las acusaciones desatendidas contra integrantes de Morena y del gobierno.
Se habla de la mejor democracia del planeta, pero se permite que el crimen organizado obligue a los opositores a dejar sus candidaturas, que los delincuentes roben boletas y amenacen a los votantes el día de la elección.
Se habla de cooperación internacional, pero se violan los tratados.
Se habla de unidad, pero se propicia la confrontación.
Los que señalamos estas incongruencias no pedimos, como se ha dicho, una intervención extranjera. Muy lejos de ello. Lo que pedimos, creo, es que el discurso oficial se acerque, aunque sea un poquito, a la realidad.
