* Desde el 5 de noviembre distribuyeron un documento entre los legisladores con un guión de cinco puntos para difundir en redes sociales.
*La estrategia busca calificar las irregularidades como una “mafia electoral”, responsabilizar a Lorenzo Córdova por contratos millonarios con Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), señalar las atribuciones de la reforma de 2014, vincular a operadores empresariales con la oposición y deslindar a Guadalupe Taddei asociándola al esquema de ese periodo.
10.11.2026 Ciudad de México.- Una investigación de El Universal revela que Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Ávila coordinaron la distribución de cinco ejes discursivos entre los legisladores de Morena para modificar la conversación pública sobre las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral.
Al menos 130 diputados habrían difundido más de 400 publicaciones, con 3.14 millones de visualizaciones, frente a una meta de nueve millones. El vocero parlamentario reconoció que la bancada comparte líneas argumentativas, aunque negó que exista una obligación para publicarlas.
El escándalo por presuntos actos de corrupción relacionados con contrataciones en el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un nuevo frente político para Morena. En lugar de limitar la respuesta a declaraciones individuales, la bancada de diputados federales puso en marcha una estrategia coordinada de comunicación digital para colocar en el centro de la discusión a las administraciones anteriores del organismo y cuestionar la gestión de sus antiguos responsables.
De acuerdo con una investigación publicada por El Universal, firmada por el periodista Antonio López Cruz, el pasado 5 de noviembre los 254 diputados federales de Morena recibieron en sus teléfonos celulares un documento denominado “Ejes estratégicos narrativos”. El material contenía instrucciones y argumentos para difundir mensajes en Facebook, Instagram y X sobre las denuncias de presuntas irregularidades en el órgano electoral.
La estrategia habría sido impulsada desde la vocería parlamentaria, encabezada por Arturo Ávila, con la participación del diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien anteriormente representó a Morena ante las autoridades electorales.
El propósito central era modificar el enfoque de la discusión pública: en vez de concentrar las críticas en la actual presidencia del INE, encabezada por Guadalupe Taddei, los legisladores debían dirigir sus señalamientos hacia anteriores administraciones, particularmente la de Lorenzo Córdova, quien presidió el organismo entre 2014 y 2023.
La investigación periodística señala que las instrucciones surgieron de reuniones entre dirigentes de Morena en San Lázaro y representantes de la dirigencia nacional del partido, encabezada por Ariadna Montiel.
El episodio resulta relevante porque muestra cómo una controversia institucional pasó también al terreno de la comunicación partidista, con mensajes coordinados, objetivos de alcance y seguimiento de las publicaciones de los legisladores.
Cinco argumentos para cambiar la conversación sobre el INE
El documento distribuido a los diputados establecía cinco líneas argumentativas que debían servir como base para sus publicaciones.
La primera planteaba la existencia de una supuesta estructura de intereses dentro del sistema electoral, a la que los mensajes identificaban como una “mafia electoral”.
La segunda dirigía las acusaciones contra Lorenzo Córdova. De acuerdo con el contenido difundido entre los legisladores, durante los nueve años de su presidencia se habrían concentrado contratos de organismos públicos locales electorales (OPLE) por más de dos mil millones de pesos en cinco empresas relacionadas con un empresario identificado como Alfredo Hernández.
El tercer argumento se remontaba a la reforma electoral de 2014, aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La estrategia sostenía que aquella modificación amplió las facultades del INE para intervenir en la designación de quienes encabezan los organismos electorales estatales, lo que, según el discurso distribuido, habría facilitado la concentración de decisiones y contrataciones.
El cuarto eje buscaba establecer una relación entre Alfredo Hernández y Lorenzo Córdova mediante Juan Carlos Padilla Aguilar, a quien los mensajes atribuyeron vínculos políticos y laborales con personas relacionadas con el ámbito electoral.
Finalmente, el quinto punto incorporaba a Guadalupe Taddei en los señalamientos, al recordar que en 2014 fue designada para encabezar el organismo electoral de Sonora, durante la presidencia de Córdova en el entonces Instituto Federal Electoral, ya transformado en INE. También se le atribuía participación en contrataciones de organismos electorales locales.
Es importante distinguir que estos cinco puntos corresponden a la narrativa política distribuida por Morena. Las acusaciones y relaciones mencionadas no constituyen por sí mismas pruebas de delitos ni acreditan responsabilidades administrativas o penales. Para establecerlas se requieren investigaciones, documentación y resoluciones de las autoridades competentes.
Más de 400 publicaciones y una meta de nueve millones de vistas
Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es que la estrategia no se limitó a compartir argumentos políticos, sino que también contempló objetivos cuantificables de difusión.
Según los datos publicados por El Universal, al menos 130 de los 254 legisladores morenistas habían realizado más de 400 publicaciones relacionadas con los mensajes distribuidos por la vocería parlamentaria.
El balance interno, realizado el lunes 9 de noviembre, registraba aproximadamente 3.14 millones de visualizaciones acumuladas. Sin embargo, la meta establecida era alcanzar nueve millones antes de concluir la semana.
La diferencia entre el alcance conseguido y el objetivo planteado habría generado inconformidad entre los coordinadores de comunicación, quienes solicitaron a los legisladores aumentar su actividad digital, con hasta tres publicaciones diarias.
La estrategia contemplaba principalmente Facebook, Instagram y X, plataformas donde los diputados comenzaron a compartir mensajes con argumentos y acusaciones similares contra antiguos responsables del INE.
Entre los legisladores que difundieron contenidos relacionados con esta narrativa aparecen Ricardo Monreal, Dolores Padierna, Pedro Zenteno Santaella, Sergio Gutiérrez Luna y el propio Arturo Ávila.
La coincidencia de mensajes y argumentos permitió que el tema adquiriera presencia simultánea en distintas cuentas de integrantes de la bancada.
Arturo Ávila reconoce la coordinación de mensajes
Después de que se conoció la investigación periodística, Arturo Ávila abordó el tema en una entrevista con la periodista Azucena Uresti, en Radio Fórmula.
El legislador reconoció que la vocería parlamentaria comparte líneas argumentativas con los integrantes de Morena para establecer una posición común sobre asuntos de interés político.
Sin embargo, rechazó que las instrucciones representaran una obligación para los diputados o que existieran sanciones contra quienes decidieran no publicar los contenidos.
Ávila defendió este mecanismo como una práctica habitual de comunicación política y sostuvo que cada legislador conserva la libertad de decidir qué mensajes comparte en sus perfiles personales.
También reconoció que existe seguimiento de las publicaciones y de su alcance, una práctica que permite conocer el comportamiento de la estrategia en las distintas plataformas.
La declaración resulta importante porque confirma que la distribución de argumentos no fue solamente una coincidencia entre publicaciones individuales, sino parte de una coordinación de comunicación dentro del grupo parlamentario.
El trasfondo: las acusaciones de corrupción en el organismo electoral
La controversia ocurre en un momento de cuestionamientos sobre las contrataciones y los proveedores relacionados con el sistema electoral mexicano.
El debate involucra tanto al INE como a los organismos públicos locales electorales, responsables de organizar elecciones estatales y municipales.
Las acusaciones difundidas por Morena apuntan a una presunta concentración de contratos en un grupo de empresas y cuestionan la supervisión que ejercieron las anteriores autoridades electorales.
Sin embargo, también existe una discusión sobre la responsabilidad de la actual administración de Guadalupe Taddei, quien asumió la presidencia del INE en abril de 2023 para un periodo de nueve años.
Su llegada ocurrió después de un proceso de selección realizado por la Cámara de Diputados, mediante el mecanismo constitucional establecido para integrar el Consejo General del organismo.
Por ello, el debate no puede reducirse exclusivamente a las administraciones anteriores: también corresponde esclarecer qué decisiones se tomaron durante la gestión actual, qué contratos fueron revisados, cuáles fueron sus procedimientos de adjudicación y si existieron irregularidades que ameriten responsabilidades.
La transparencia de las contrataciones, la identificación de los beneficiarios y la actuación de los órganos fiscalizadores son elementos fundamentales para establecer los hechos, independientemente de las disputas entre partidos.
Una controversia que también pone a prueba la comunicación política
El caso deja al descubierto otra dimensión del conflicto: el uso de estructuras partidistas para posicionar mensajes coordinados en redes sociales.
La distribución de documentos con argumentos previamente establecidos, la medición de visualizaciones y la fijación de metas de difusión muestran que la comunicación digital se ha convertido en una herramienta relevante para las bancadas legislativas.
No obstante, existe una diferencia entre coordinar una postura política y demostrar la veracidad de las acusaciones que se difunden. La repetición de un señalamiento por decenas de legisladores no sustituye una investigación documental ni una resolución de las autoridades.
En este caso, la ciudadanía tiene ante sí dos asuntos que requieren explicaciones: por un lado, las presuntas irregularidades en los contratos relacionados con el sistema electoral y, por otro, la estrategia de Morena para trasladar la responsabilidad política hacia quienes dirigieron anteriormente el INE.
La pregunta de fondo es si las acusaciones contra los antiguos funcionarios estarán acompañadas de investigaciones y pruebas que permitan establecer responsabilidades, y si las mismas exigencias de transparencia se aplicarán a la administración que actualmente encabeza Guadalupe Taddei.
Mientras tanto, la revelación de El Universal convirtió la estrategia de comunicación de Morena en parte de la propia controversia: una disputa en la que ya no solamente se discute quién debe responder por las presuntas irregularidades del INE, sino también quién consigue imponer su versión de los acontecimientos ante la opinión pública.
Fuentes: El Universal, investigación de Antonio López Cruz, publicada el 10 de noviembre de 2026;