*Exige renovar el Supremo y el órgano electoral
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes 9 de noviembre que Venezuela podría celebrar elecciones presidenciales dentro de un plazo de seis meses después de que se declare la vacancia absoluta de la Presidencia de la República, como parte de la hoja de ruta que impulsa el gobierno de Donald Trump para conducir al país sudamericano hacia una nueva etapa política.
Sin embargo, el funcionario estadounidense dejó claro que la convocatoria electoral no puede producirse de inmediato. Antes deberán renovarse dos de las principales instituciones del Estado venezolano: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya actual composición es cuestionada por Washington y por sectores de la oposición.
En declaraciones a periodistas en París, donde participa en las reuniones de ministros de Relaciones Exteriores del G7, Rubio sostuvo que las negociaciones para reorganizar ambas instituciones avanzan conforme al calendario previsto y expresó confianza en que los compromisos puedan concretarse durante las próximas semanas.
El jefe de la diplomacia estadounidense anticipó que Venezuela podría contar con nuevos magistrados del máximo tribunal a mediados de diciembre y que, poco después, se conformaría una nueva autoridad electoral.
“Estamos en camino, si las cosas continúan según el cronograma, de tener nuevos magistrados de la Corte Suprema en funciones para mediados del próximo mes, en diciembre. Posteriormente, muy poco después, se creará el nuevo consejo electoral. Estas son dos cosas esenciales”, afirmó.
Rubio explicó que, una vez constituidas ambas instituciones, la expectativa de Washington es que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declare la vacancia absoluta de la Presidencia, decisión que abriría un periodo de seis meses para organizar las elecciones.
De acuerdo con su planteamiento, correspondería al nuevo Consejo Nacional Electoral establecer la fecha de los comicios y conducir el proceso para elegir a quien ocupará la jefatura del Estado.
“Una vez que se establezcan esas dos cosas, se declarará la vacante en la Presidencia. Eso activa un período de seis meses para una elección en una fecha fijada por el consejo electoral legítimo”, explicó el secretario de Estado.
El anuncio constituye una de las definiciones más concretas de Washington sobre los tiempos de la transición venezolana, aunque Rubio no presentó una fecha específica para la votación ni dio por garantizado que todas las etapas se cumplirán en los plazos previstos.
La renovación del Poder Judicial, primer paso de la transición
La reorganización del Tribunal Supremo de Justicia representa una de las condiciones centrales del proyecto estadounidense. Washington considera que la actual estructura judicial venezolana ha intervenido en decisiones políticas y electorales, por lo que sostiene que su renovación es indispensable para garantizar que los resultados de futuras elecciones sean respetados.
Las negociaciones entre representantes del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y sectores de la oposición contemplan la designación de 32 nuevos magistrados para integrar el máximo tribunal.
El proceso incluye la conformación de instancias encargadas de recibir y evaluar las postulaciones de los aspirantes, con la intención de sustituir a los actuales integrantes y modificar el funcionamiento de la institución.
La postura estadounidense parte de los cuestionamientos al papel que desempeñó el TSJ durante los últimos años del gobierno de Nicolás Maduro, particularmente por sus decisiones relacionadas con la Asamblea Nacional, los partidos políticos y las candidaturas opositoras.
Para Washington, la existencia de un Poder Judicial renovado es necesaria para impedir que las decisiones electorales puedan ser alteradas o invalidadas mediante resoluciones judiciales que respondan a intereses políticos.
Rubio manifestó que los avances en las conversaciones permiten mantener la expectativa de que el nuevo tribunal esté funcionando a mediados de diciembre. No obstante, su instalación todavía depende de que concluyan los procedimientos de selección y designación.
Un nuevo Consejo Electoral sin control sobre las candidaturas
La segunda condición es transformar el Consejo Nacional Electoral, organismo responsable de organizar las votaciones, administrar los procesos de registro y proclamar los resultados.
Rubio planteó que la nueva autoridad debe tener un carácter fundamentalmente técnico y administrativo, sin intervenir en decisiones políticas sobre quién puede competir en las elecciones.
La intención estadounidense es que el organismo se concentre en garantizar la logística electoral, la transparencia de los procedimientos y el respeto a los resultados, sin utilizar sus facultades para excluir partidos o candidatos.
La exigencia está relacionada con los antecedentes de las elecciones presidenciales venezolanas de 2024, cuando la oposición denunció irregularidades y cuestionó la proclamación de Nicolás Maduro como ganador por parte del CNE.
En aquella contienda, la principal dirigente opositora, María Corina Machado, no pudo competir debido a su inhabilitación política, por lo que la candidatura de la coalición opositora recayó en Edmundo González Urrutia.
La oposición sostuvo que los resultados difundidos por el organismo electoral no correspondían con las actas que había reunido y publicado, mientras que el gobierno de Maduro defendió su proclamación.
Para la administración estadounidense, la renovación del CNE debe impedir que se repitan las condiciones que, a su juicio, permitieron restringir la participación política y cuestionar la credibilidad de los resultados.
Rubio insistió en que sin cambios en el Poder Judicial y en la autoridad electoral no será posible organizar una elección que pueda ser reconocida como legítima por los distintos sectores políticos.
La prensa libre y la participación opositora, otras condiciones
El secretario de Estado también identificó la libertad de prensa y las garantías para que los candidatos puedan comunicarse con los electores como elementos indispensables de cualquier proceso electoral.
Advirtió que no puede hablarse de elecciones creíbles cuando los aspirantes enfrentan restricciones para hacer campaña, los partidos políticos tienen dificultades para operar o los medios de comunicación no pueden informar libremente.
En este contexto, Rubio se refirió al regreso a Venezuela de María Corina Machado, quien permaneció fuera del país durante aproximadamente diez meses.
El funcionario calificó positivamente que la dirigente opositora y otros integrantes de ese sector hayan podido permanecer en territorio venezolano durante más de dos semanas sin ser detenidos, además de ofrecer conferencias de prensa y utilizar internet.
“Creo que ha sido muy bueno que María Corina y otros miembros de la oposición hayan estado en el país durante más de dos semanas. Nadie ha sido arrestado. Están dando conferencias de prensa. Tienen acceso total a internet”, señaló.
Machado regresó a Venezuela en octubre de 2026, después de permanecer fuera del país, y su presencia ha reactivado las exigencias opositoras para establecer un calendario de elecciones presidenciales.
Rubio consideró que permitir la actividad pública de los dirigentes opositores es necesario para avanzar hacia una competencia electoral, pues los candidatos deben tener condiciones para presentar sus propuestas y comunicarse con la población.
Sin embargo, la hoja de ruta que impulsa Washington no significa que todos los sectores de la oposición venezolana estén incorporados a las negociaciones. El proceso se ha desarrollado con representantes del gobierno interino y grupos opositores que participan en los diálogos.
Más de siete millones de venezolanos en el exterior también deberán votar
Otro de los asuntos que Washington considera necesario resolver es la participación electoral de la población venezolana que vive fuera del país.
Rubio recordó que alrededor de siete millones de venezolanos residen en el extranjero y señaló que deben establecerse mecanismos para que puedan ejercer su derecho al voto en los próximos comicios.
En particular, llamó la atención sobre la situación de los venezolanos que viven en Estados Unidos, donde actualmente no existen consulados venezolanos en funcionamiento que permitan realizar los trámites necesarios para participar en una elección.
El secretario de Estado explicó que abordó el asunto con el canciller venezolano, Oliver Blanco, durante una reunión celebrada la semana pasada en Washington.
“Necesitamos consulados abiertos en Estados Unidos para que los que se encuentren en Estados Unidos puedan votar. Ahora no tienen consulados abiertos en Estados Unidos”, afirmó.
La participación de los ciudadanos en el exterior representa un desafío logístico y político, debido a la dimensión de la diáspora venezolana y a las dificultades que enfrentan quienes necesitan actualizar sus documentos o registrarse para votar.
Delcy Rodríguez, en el centro de la decisión sobre la vacancia presidencial
La propuesta estadounidense coloca a Delcy Rodríguez ante una decisión política e institucional determinante: declarar la vacancia absoluta de la Presidencia una vez que estén renovados el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral.
Rodríguez asumió como presidenta encargada después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 durante una operación militar en Venezuela y lo trasladaran a Estados Unidos para enfrentar procesos judiciales.
Desde entonces, la administración de Donald Trump ha impulsado una estrategia de transición en la que mantiene contactos con las autoridades encabezadas por Rodríguez, al tiempo que exige modificaciones institucionales y condiciones para una eventual renovación del gobierno mediante elecciones.
La declaración de vacancia sería el mecanismo para activar el calendario electoral planteado por Rubio. Sin embargo, la propuesta también abre interrogantes sobre su aplicación constitucional y sobre la autoridad que tendrá la nueva estructura institucional para conducir el proceso.
El artículo 233 de la Constitución venezolana establece distintos escenarios ante la falta absoluta del presidente y contempla plazos específicos dependiendo del momento del periodo constitucional en que ocurra. Por ello, el esquema de seis meses expuesto por Rubio debe entenderse como la hoja de ruta política que promueve Washington, y no como una fecha electoral ya establecida o un procedimiento cuya aplicación jurídica esté resuelta.
Hasta este lunes, tampoco se había anunciado un acuerdo público definitivo de Caracas que confirmara todos los términos de esa ruta.
Washington asegura que el proceso avanza
Rubio defendió los resultados de las negociaciones y aseguró que el gobierno estadounidense mantiene como prioridad conseguir una transición que desemboque en elecciones presidenciales.
“Hay un plan. Lo estamos impulsando. Es una prioridad para nosotros y creo que tendrá éxito”, sostuvo.
El funcionario también destacó que la cooperación de las autoridades venezolanas debe evaluarse a partir de las acciones y no solamente de sus declaraciones públicas.
La ruta propuesta incluye, además de las reformas judiciales y electorales, la necesidad de garantizar la participación política, la libertad de expresión, el funcionamiento de los partidos y las condiciones de seguridad para quienes intervengan en la contienda.
El anuncio se produce en un escenario marcado por la reorganización del poder en Venezuela después de la captura de Maduro, las negociaciones entre Washington y Caracas y las exigencias de la oposición para que se convoquen elecciones con garantías.
Por ahora, el calendario planteado por Rubio establece como siguiente referencia la renovación del Tribunal Supremo a mediados de diciembre y la posterior conformación del Consejo Nacional Electoral. Solo después de esos cambios se activaría, según la propuesta estadounidense, el periodo de seis meses para realizar las elecciones presidenciales.
La incógnita central es si Delcy Rodríguez aceptará declarar la vacancia absoluta en esos términos y si las nuevas instituciones conseguirán la confianza de los distintos sectores políticos y de la ciudadanía venezolana.