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09.11.2026. Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) amplió las investigaciones sobre posibles irregularidades en las contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE) y anunció una medida inédita: la colaboración directa con personas que han comenzado a aportar pruebas e información a cambio de obtener una reducción de las sanciones que pudieran corresponderles.
El organismo fiscalizador, encabezado por Aureliano Hernández Palacios Cardel, confirmó que por primera vez está incorporando informantes a sus indagatorias mediante el Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, mecanismo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo el hermetismo les rodea, sin deefinirse nombre y a cambio de que reportan lo que saben.
La participación de estas personas ha permitido reunir nuevos elementos sobre la manera en que presuntamente se desarrollaron durante varios años irregularidades en los procedimientos de adquisición de bienes y servicios de organismos electorales.
Entre las pruebas entregadas a la Auditoría se encuentran testimonios, documentos, fotografías, grabaciones de video, información financiera, domicilios, conversaciones de WhatsApp y datos de identificación, incluidos nombres y alias de personas que podrían estar relacionadas con las operaciones investigadas.
Uno de los principales hallazgos que la ASF dio a conocer apunta a la posible intervención de beneficiarios finales de distintas empresas en los procesos de contratación pública. De acuerdo con los indicios documentados, estas personas habrían participado tanto en la selección de proveedores como en la elaboración de requisitos técnicos de las licitaciones, presuntamente para favorecer sus propios intereses.
La investigación no se limita a revisar los expedientes de contratación, sino que busca reconstruir las relaciones entre empresas, proveedores y personas que pudieron intervenir en las decisiones sobre el destino de los recursos públicos.
El anuncio representa un nuevo capítulo en las pesquisas sobre presuntas anomalías en el INE, que se han extendido más allá de la revisión de contratos específicos y alcanzan posibles vínculos empresariales y conflictos de interés en las adquisiciones del organismo electoral.
El pasado 4 de noviembre, la ASF informó que ampliaría la revisión de las contrataciones realizadas entre 2000 y 2025 por el Instituto Nacional Electoral, el extinto Instituto Federal Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). El propósito es identificar patrones de concentración de proveedores, posibles prácticas indebidas y eventuales irregularidades en el ejercicio del presupuesto.
Ahora, con la incorporación de informantes, la Auditoría busca obtener información de personas que presuntamente conocen desde dentro el funcionamiento de las operaciones investigadas y que podrían aportar datos para identificar a quienes participaron en ellas.
La dependencia señaló que continuará las indagatorias para ampliar la identificación de posibles involucrados, seguir el recorrido del dinero público y establecer las responsabilidades administrativas que correspondan.
Aunque el programa contempla la posibilidad de reducir sanciones a quienes colaboren con información relevante, la ASF no ha informado cuántas personas participan en este esquema ni qué beneficios específicos podrían recibir. Tampoco ha presentado una resolución definitiva sobre la responsabilidad de las personas o empresas mencionadas en las investigaciones.
De esta manera, las pesquisas sobre las contrataciones de los organismos electorales entran en una nueva etapa, en la que los testimonios y las pruebas aportadas por quienes buscan reducir sus propias sanciones podrían resultar determinantes para esclarecer cómo se asignaron los contratos, quiénes habrían intervenido y quiénes pudieron beneficiarse de los recursos públicos.