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05.10.2026. Ciudad de México.- La separación de una recién nacida de sus padres durante días en la Ciudad de México derivó en una denuncia por presunta discriminación y malos tratos contra autoridades de salud y de procuración de justicia, luego de que Laura Ramírez y Gabino Santiago López, integrantes de la comunidad triqui residente en la capital, recuperaran a su hija tras confirmarse mediante una prueba genética que ella es la madre biológica.
La familia acudió este lunes a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar el trato recibido y exigir una investigación sobre la actuación del personal del Hospital Pediátrico Peralvillo y de las autoridades que intervinieron en el caso. También reclamaron una reparación integral del daño y una disculpa pública de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
La bebé, a quien sus padres decidieron llamar Diana Laura, nació el 24 de septiembre en el domicilio familiar. De acuerdo con el relato de Gabino Santiago López, el parto ocurrió de manera inesperada alrededor de las 20:59 horas y, debido a que Laura ya no pudo trasladarse a un hospital, dio a luz en casa con ayuda de una persona de su comunidad.
Días después, la madre acudió con la recién nacida a un centro de salud para que recibiera atención médica, vacunas y el seguimiento correspondiente. Desde ese punto fueron canalizados al Hospital Pediátrico Peralvillo para que la menor fuera revisada.
El conflicto comenzó cuando los padres no pudieron presentar una constancia hospitalaria de nacimiento. Al haber ocurrido el parto en el domicilio, la familia no contaba con la llamada hoja de alumbramiento, circunstancia que provocó dudas de las autoridades respecto de la identidad de la bebé y del vínculo con Laura.
Según la versión de la familia, la niña ingresó al Hospital Pediátrico Peralvillo para recibir atención y posteriormente les informaron que no podían llevársela. La Fiscalía capitalina fue notificada y se inició una investigación relacionada con la identidad de la recién nacida y la posibilidad de que se tratara de un caso de sustracción de una menor.
La propia Fiscalía capitalina explicó que el 29 de septiembre recibió la notificación del hospital sobre el caso. Debido a que la madre no contaba con documentación que permitiera acreditar inmediatamente la filiación, se solicitó un estudio genético.
Las muestras de la madre y de la bebé fueron tomadas el 30 de septiembre por personal especializado de la Fiscalía. Mientras se realizaban las diligencias, la niña permaneció bajo atención médica en el hospital. El 3 de octubre se informó que se encontraba en condiciones de recibir el alta y el 4 de octubre quedó acreditada la filiación materna, tras lo cual fue reintegrada con su madre por la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF capitalino.
La Fiscalía sostuvo que su actuación tuvo como propósito verificar la identidad de la menor y salvaguardar su interés superior, mientras que el DIF informó que dará acompañamiento a la familia para realizar el registro de la niña.
Pero para Laura y Gabino el procedimiento no termina con la recuperación de su hija. La pareja considera que la manera en que fueron tratados y la separación de la recién nacida constituyeron una vulneración a sus derechos y denunciaron que detrás de la actuación de las autoridades existieron prejuicios relacionados con su pertenencia a la comunidad triqui.
“Pedimos justicia, pedimos que se aclare esta situación de por qué detuvieron a mi nena, por qué ese daño contra los indígenas”, expresó Gabino, quien calificó lo ocurrido como un acto de racismo y discriminación. (
Laura, todavía afectada por los días que permaneció separada de su hija, describió la experiencia como una situación profundamente dolorosa. Señaló que la separación de una recién nacida de su madre representa un impacto que no puede reducirse a un problema administrativo.
La madre también agradeció a quienes difundieron el caso en redes sociales y a los medios de comunicación que dieron cobertura a su denuncia. A su juicio, esa presión pública contribuyó a que finalmente pudiera volver a tener a su hija en brazos.
La comunidad triqui acompañó este lunes a la familia frente a las instalaciones de la Fiscalía capitalina. Con carteles y consignas, exigió que se investigue la actuación de las autoridades y que se determinen responsabilidades por lo ocurrido.
Entre las demandas planteadas se encuentra que las instituciones involucradas reconozcan el daño ocasionado y que se garantice que ninguna otra familia indígena sea sometida a una situación semejante por no contar con documentación derivada de un parto ocurrido fuera de un hospital.
El caso también puso sobre la mesa la situación de las mujeres que tienen partos fuera de instituciones hospitalarias. Que una mujer dé a luz en su domicilio no significa, por sí mismo, que exista un delito ni que pueda presumirse que el recién nacido no sea suyo. Sin embargo, cuando no existen documentos que acrediten inmediatamente el nacimiento, las autoridades pueden activar procedimientos de verificación de identidad y filiación.
El problema central planteado por la familia triqui es la manera en que se aplicaron esos procedimientos y si la falta de documentación fue tratada como una razón suficiente para separar a la bebé de sus padres durante varios días.
La diferencia entre verificar una filiación y criminalizar a una familia resulta particularmente importante en este caso. La Fiscalía confirmó finalmente que Laura era la madre biológica de la niña, mientras que la familia sostiene que durante el proceso fue tratada bajo sospecha y enfrentó obstáculos para recuperar a su hija.
Gabino relató que después de que el hospital les informó que no podían llevarse a la bebé, acudieron ante distintas instituciones en busca de ayuda. La familia recurrió a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y a organismos de derechos humanos. También recibió acompañamiento jurídico.
La denuncia adquirió mayor dimensión cuando integrantes de la comunidad señalaron que la familia habría enfrentado un trato discriminatorio en las instituciones encargadas de atender el caso. La protesta frente a la Fiscalía incluyó reclamos contra lo que calificaron como racismo, discriminación y falta de sensibilidad hacia una familia indígena.
Laura y Gabino acudieron a presentar una denuncia por discriminación, racismo y presunta negligencia contra personal del Hospital Pediátrico Peralvillo y de la Fiscalía capitalina. La familia también denunció el trato recibido durante sus gestiones para recuperar a la menor.
Ahora la controversia se concentra en determinar si el procedimiento empleado fue proporcional y respetuoso de los derechos de la familia o si, como denuncian Laura, Gabino y la comunidad triqui, existieron actos de discriminación y revictimización.