Rúbrica.
Por Aurelio Contreras Moreno.
Cada que viene de gira al estado de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador llena de elogios al gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Incluso, en alguna ocasión se aventó la “puntada” de decir que es una “bendición” que esté al frente del gobierno estatal, ya que se trata de un hombre “honesto”.
Pero más allá de las perogrulladas, la administración que formalmente encabeza García Jiménez no se ha distinguido por su probidad –baste recordar la contratación de artistas a precios inflados para la ceremonia del 15 de septiembre de 2019; o el nombramiento de su primo Eleazar Guerrero como subsecretario de Finanzas y Administración, a quien mantiene en el cargo a pesar del evidente nepotismo, tráfico de influencias y conflicto de intereses que implica- ni por su transparencia. Mucho menos, por su respeto a la legalidad.
Además, la “4t” tampoco ha demostrado ser buena administradora del erario, como ha quedado de manifiesto con el subejercicio en que ha incurrido invariablemente desde que asumió el gobierno de Veracruz y que forma parte de las observaciones a la Cuenta Pública de 2019 dadas a conocer en estos días por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En total, lo observado por el órgano fiscalizador federal representa un total de dos mil 413 millones de pesos que podrían considerarse como posible daño patrimonial a la Hacienda federal. La mayor parte se concentra en la Secretaría de Salud que encabeza Roberto Ramos Alor, alfil político de la secretaria de Energía federal Rocío Nahle García.
En el rubro “Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa”, que se refiere a los fondos de lo que era el Seguro Popular (hoy Instituto de Salud para el Bienestar), la ASF determinó que “la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos; registro e información financiera de las operaciones; destino de los recursos; servicios personales; adquisiciones, control y entrega de bienes, servicios y entrega de medicamentos; pagos a terceros por servicios de salud; y transparencia que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal” por un importe de mil 963 millones 566 mil pesos.
Además, al gobierno que se ufana de haber “terminado” con la corrupción y que lo “acredita” ejerciendo terrorismo laboral contra la burocracia estatal, la Auditoría Superior de la Federación le señaló que “no proporcionó la evidencia documental y justificativa, ni la validación de mil 40 servidores públicos, que acredite que se encontraron en sus lugares de adscripción y realizaron actividades relacionadas con las prestación de servicios de atención a beneficiarios del Seguro Popular”. O lo que es lo mismo, les detectaron “aviadores” (¿seguirán actualmente en el Insabi?) que suponen un perjuicio al erario por 295 millones 782 mil 600 pesos.
En el dictamen de ese pliego de observaciones, el órgano fiscalizador concluye que “el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.
La ASF también detectó irregularidades en la adquisición de medicamentos -área en la que vale la pena recordar que a las dos semanas de haber iniciado su gestión, el gobierno de Veracruz asignó por adjudicación directa un contrato por 36 millones de pesos a la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), propiedad del ex candidato de Morena a gobernador de Jalisco y en ese entonces superdelegado del Bienestar esa entidad, Carlos Lomelí, acusado de incurrir en tráfico de influencias-, en el manejo de los recursos del programa Escuelas al Cien y, como señalamos antes, una serie de reintegros millonarios de recursos a la Secretaría de Hacienda a causa de su subejercicio –o sea, que no aplicaron ese dinero-, lo cual en un estado con las carencias de Veracruz es un crimen.
¡Qué bendición!
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