* Impiden a su hija acceder a documentos que prueban su inocencia.
*UIF pide investigar presunto financiamiento ilícito al partido Somos México
22.07.2026 México.- Mientras un juez federal mantiene una maratónica audiencia para definir si Ernesto Ruffo Appel será vinculado a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, el cerco judicial y financiero en torno al exgobernador de Baja California se estrechó con una nueva medida: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias para rastrear posibles operaciones relacionadas con la investigación del denominado “huachicol fiscal”.
La determinación fue tomada por la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en medio del proceso penal que enfrenta el exmandatario panista y al menos otras ocho personas señaladas por la Fiscalía General de la República (FGR) como presuntos integrantes de una red dedicada al contrabando de combustibles hacia territorio mexicano mediante esquemas de evasión fiscal.
El bloqueo financiero busca impedir movimientos de recursos mientras las autoridades revisan operaciones bancarias y patrimoniales que, de acuerdo con la investigación, podrían estar relacionadas con la estructura empresarial bajo escrutinio.
Entre los movimientos analizados por las autoridades figuran inversiones millonarias en instrumentos financieros y depósitos por aproximadamente 18 millones de pesos recibidos entre 2024 y 2025 por parte de Ingemar S.A. de C.V., empresa de la que Ruffo Appel es socio y que forma parte de las indagatorias ministeriales.
La audiencia judicial, que ha acumulado decenas de horas de duración entre recesos y sesiones privadas, se desarrolla en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. La jueza Alejandra Ramírez de la Vega deberá resolver si existen elementos suficientes para vincular a proceso al exgobernador y a los demás imputados por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, delitos considerados de alto impacto.
La Fiscalía sostiene que la investigación documentó la operación de una presunta red que introdujo ilegalmente a México más de 800 millones de litros de gasolina y diésel procedentes de Estados Unidos en un periodo de aproximadamente 15 meses, mediante la alteración de declaraciones aduanales para reducir el pago de impuestos. El presunto daño al erario superaría los 5 mil 400 millones de pesos, lo que convierte el caso en una de las investigaciones más relevantes emprendidas contra el llamado huachicol fiscal.
Según la FGR, Ingemar habría participado como empresa especializada en servicios aduanales dentro del esquema de importación del combustible. Las autoridades también investigan la relación comercial de esa compañía con Crismón Hidrocarburos y Derivados, considerada por los investigadores una pieza central de la presunta red de contrabando. La Fiscalía sostiene que existían vínculos financieros entre ambas empresas que ahora forman parte de las líneas de investigación por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas imputaciones continúan en etapa de investigación y no constituyen una resolución judicial definitiva.
Ruffo Appel ha rechazado las acusaciones desde su detención. Su defensa sostiene que su participación dentro de Ingemar era únicamente como accionista minoritario y que la empresa se limitaba a realizar trámites de carácter aduanal, por lo que niega cualquier intervención en operaciones ilegales relacionadas con la importación de combustibles. Asimismo, ha denunciado que el proceso tiene motivaciones políticas, argumento que también ha sido respaldado por dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional.
El caso ha provocado una intensa confrontación política. Mientras Morena sostiene que la investigación deriva de una indagatoria iniciada hace más de un año y forma parte de la estrategia federal para combatir las redes de contrabando de hidrocarburos, dirigentes panistas insisten en que existe una aplicación selectiva de la justicia y exigen que las investigaciones alcancen a funcionarios de todos los partidos políticos.
UIF pide investigar presunto financiamiento ilícito al partido Somos México
En este contexto, también han surgido versiones y señalamientos públicos sobre un posible financiamiento al partido Somos México mediante recursos presuntamente provenientes de la red de huachicol fiscal.
Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera no han informado oficialmente sobre la existencia de una investigación formal o de imputaciones judiciales contra ese partido político por esos hechos, por lo que dichos señalamientos permanecen sin acreditación judicial.
El congelamiento de sus cuentas bancarias representa un nuevo frente en una investigación que no sólo busca determinar responsabilidades penales por el presunto contrabando de combustibles, sino también seguir la ruta del dinero para establecer si existió un esquema de lavado de activos o de financiamiento ilícito derivado de las ganancias obtenidas mediante el denominado huachicol fiscal.