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22.07.2026 Nueva York, EUA.- El proceso penal que enfrenta el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en Estados Unidos no comenzará este año. Un juez federal de Nueva York fijó para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio por los delitos de narcoterrorismo, tráfico internacional de drogas, delincuencia organizada y cargos relacionados con armas, al considerar necesario otorgar más tiempo a las partes para preparar un caso de alta complejidad jurídica.
La decisión fue adoptada durante una audiencia celebrada este miércoles en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde tanto la Fiscalía estadounidense como la defensa coincidieron en solicitar un calendario más amplio debido al volumen de pruebas, documentos clasificados y recursos legales pendientes por resolver.
La comparecencia, que se prolongó apenas unos minutos, permitió al juez Alvin Hellerstein establecer la nueva ruta procesal para uno de los casos con mayores implicaciones políticas y diplomáticas de los últimos años. Maduro y Flores permanecen recluidos en una prisión federal de Brooklyn desde su captura, ocurrida el pasado 3 de enero durante un operativo realizado por fuerzas estadounidenses en Caracas, una acción que el gobierno venezolano calificó como ilegal y violatoria de su soberanía.
El aplazamiento responde también a la intención de la defensa de promover diversas mociones para intentar que el caso sea desestimado antes de llegar a juicio. Los abogados del exmandatario sostienen que la captura fue ilegal, cuestionan la jurisdicción de los tribunales estadounidenses para juzgar a un exjefe de Estado extranjero y argumentan que Maduro cuenta con inmunidad por el cargo que ejerció. Esos planteamientos serán analizados por el tribunal en una audiencia programada para el próximo 17 de noviembre.
Por su parte, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York mantiene que existen elementos suficientes para procesar a la pareja por su presunta participación en una estructura criminal dedicada al envío de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, además de delitos vinculados con organizaciones criminales y el uso de armas para facilitar esas actividades ilícitas.
El caso representa un desafío jurídico poco común para la justicia estadounidense. Especialistas en derecho internacional han señalado que el proceso podría generar un amplio debate sobre los límites de la jurisdicción de Estados Unidos respecto de exgobernantes extranjeros, especialmente por la forma en que fueron detenidos y trasladados a territorio estadounidense. Incluso algunos juristas consideran que esos aspectos podrían convertirse en el eje central de la estrategia de la defensa para buscar la nulidad del procedimiento.
Durante la audiencia, Maduro permaneció en silencio y únicamente respondió a las preguntas de rutina formuladas por el juez. Diversos medios presentes en la sala señalaron que el exmandatario lucía visiblemente más delgado que en sus comparecencias anteriores, mientras que Cilia Flores mantuvo una actitud seria durante toda la diligencia.
El gobierno estadounidense también informó previamente que autorizó al Estado venezolano utilizar recursos para cubrir los honorarios de la defensa legal de Maduro y Flores, una medida excepcional derivada de las sanciones financieras que impedían originalmente disponer de esos fondos. La autorización busca evitar futuros cuestionamientos relacionados con el derecho constitucional de los acusados a contar con abogados de su elección.
El juicio contra Maduro y Flores es observado de cerca por gobiernos de América Latina, organizaciones de derechos humanos y analistas internacionales debido a las implicaciones políticas que podría tener para Venezuela y para la relación bilateral con Estados Unidos. Mientras la Fiscalía prepara la presentación de miles de documentos, comunicaciones y otras evidencias que pretende utilizar durante el proceso, la defensa continuará promoviendo recursos para intentar impedir que el caso llegue a la etapa de juicio oral.
Con el calendario fijado para junio de 2027, ambas partes dispondrán de varios meses para intercambiar pruebas, presentar mociones y resolver los recursos preliminares antes de que un jurado federal conozca formalmente las acusaciones contra quien durante más de una década encabezó el gobierno venezolano y contra quien fuera una de las figuras más influyentes del chavismo.