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/ Escrito por Wendy Rayón Garay /
19.05.2026 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- El 18 de mayo, se cumple un año desde que el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, privó de su libertad a la abogada, defensora, madre y docente Ruth Eleonora López Alfaro, a esto se suma el clima de represión que golpea a medios de comunicación, como la persecución policial que enfrenta el medio El Faro.
La llegada de Nayib Bukele en El Salvador desde junio de 2019 supuso cambios en el país, comenzando por la implementación de un régimen de extrema derecha que adoptó tres medidas: desmantelar contrapesos democráticos, impulsar el punitivismo penal y defender el conservadurismo social, según señala el informe “La ultraderecha en El Salvador: el peculiar caso de Nayib Bukele”.
Cabe señalar que la defensora Ruth López permanece incomunicada en el Centro Penitenciario de Izalco y aunque el caso escaló hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien emitió una serie de medidas cautelares urgentes y determinó que estaba enfrentando violaciones a sus derechos humanos, esto ha sigo ignorado por el régimen de Bukele.
El organismo internacional instó al Estado salvadoreño a terminar la incomunicación que mantiene la defensora, revisar la prisión preventiva y cumplir estándares internacionales de detención, no obstante, el Estado ha ignorado esta medidas ordenadas.
Esta petición fue respuesta a la audiencia inicial contra Ruth López cuando en junio de 2025 compareció ante el Juzgado Duodécimo de Paz de San Salvador donde el juez ordenó la detención preventiva por 6 meses durante la investigación, mantener privado el proceso legal, y no permitió que la defensa accediera a documentos de acusación, lo cual viola el debido proceso.
La defensora gritó: «¡No me van a callar! ¡Un juicio público quiero! La gente merece saber. El que nada debe, nada teme.» frente a la prensa, mientras era trasladada por los cuatro elementos de la policía.
La detención de Ruth López no es aleatoria, se mantiene dentro de un contexto de represión en El Salvador. La defensora denunció actos de corrupción y falta de transparencia durante el gobierno de Nayib Bukele, además, es una de las voces referentes contra el régimen de excepción implementado por el actual presidente Nayib Bukele, ya que desde marzo de 2022 hay una suspensión en los derechos de las personas.
De acuerdo con la página web «Libertad para Ruth», el 5 de diciembre de 2025 el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador amplió el plazo de la detención preventiva de la defensora por seis meses más, lo que quiere decir que será liberada hasta junio de 2026, pasando un año completo en prisión preventiva sin una condena o prueba presentada en su contra.
Cristosal, organización en la que Ruth López laboraba como jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia, denunció que esa medida fue contraria a los estándares internacionales, pues se utiliza el sistema de justicia para silenciar a quienes combaten la corrupción, puesto que, antes de su detención, la defensora impulsó acciones claves para exigir rendición de cuentas y proteger el interés público.
Ya suman varios intentos de su defensa legal y de la sociedad civil para apelar a su liberación. En diciembre de 2025, Amnistía Internacional envió una carta pública a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos a cargo de Raquel Caballero de Guevara, donde mostró su preocupación por el estado de la defensora, pero la funcionaria se burló públicamente de la situación.
Aunque los cargos iniciales contra la defensora fueron por peculado en malversación de fondos públicos relacionado al periodo donde laboró como asesora en el Tribunal Supremo Electoral entre 2009 a 2014, es decir, más de una década atrás, dos días antes de su juicio inicial la Fiscalía cambió los cargos a enriquecimiento ilícito, ambas acusaciones se mantienen sin evidencia o justificación jurídica, según señalan organizaciones como Amnistía Internacional y Cristosal.
Su labor
Además de ser una de las figuras más críticas contra el gobierno de Nayib Bukele, la defensora se destaca por evidenciar actos de corrupción y falta de transparencia, por ejemplo, interpuso recursos ante la Corte de Cuentas, la Fiscalía y el Tribunal Supremo Electoral por el uso irregularidad de fondos públicos, contrataciones sin licitación, plazas fantasmas, presunto enriquecimiento ilícito y falta de transparencia en el financiamiento de partidos políticos.
También denunció irregularidades en la implementación del bitcoin y la Chivo Wallet, así como posibles desvíos de recursos durante la pandemia, incluidos casos relacionados con paquetes alimenticios y fondos de emergencia. Además, presentó demandas de inconstitucionalidad contra reformas legales vinculadas a Bandesal, los agentes encubiertos digitales y cambios constitucionales que pueden abrir paso a la reelección presidencial inmediata.
Asimismo, denunció el posible uso del software Pegasus para espionaje a periodistas y defensoras, crítico el régimen de excepción por detenciones arbitraria y participó en audiencias ante la CIDH para alertar sobre retrocesos democráticos y violaciones a derechos humanos.
Por su labor como defensora fue blanco de 150 ataques en redes sociales impulsados por aparatos de propaganda vinculados al gobierno de Nayib Bukele desde cuentas anónimas, medios oficialistas y creadores de contenido afines al oficialismo, y forman parte de una estrategia sostenida para desacreditar su labor como defensora de derechos humanos y promotora de la transparencia, según acusó Cristosal.
Documentos presentados ante la CIDH muestran que, antes de su detención, la defensora fue perseguida desde 2020 pues patrullas policiales vigilaban su residencia, fue seguida por agentes de la Subdirección de Inteligencia. Asimismo, la División de Inteligencia (SIPOL) la identificó como «persona de interés» y «parte del aparato ideológico de la oposición». Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) la acosaron mientras presentaba una denuncia de corrupción ilícita y entraron sin orden judicial a las oficinas de Cristosal a su vez que fotografiaron su vehículo.
Criminalización y persecución en El Salvador
Nayib Bukele implementó una estrategia de seguridad en la que busca desmantelar el crimen organizado comenzando con las pandillas al bloquear su sistema de ingresos; implementó la instalación de cámaras de seguridad y presencia militar para «recuperar los espacios públicos»; permitió bloqueos satelitales dentro de las cárceles para interferir en su comunicación con el exterior; y desplegó un arresto masivo a pandilleros.
Ante el ambiente en El Salvador y la serie de violaciones a derechos humanos, Ruth López fue una de las voces que no se quedó en silencio. Denunció detenciones arbitrarias con el régimen de excepción y la afectación de las medidas de los gobiernos en la migración de personas no vinculadas con estructuras criminales. A su vez, impulsó la investigación «el caso 300» donde se reveló cómo dinero público llegó a estructuras de pandillas sin control institucional.
El Faro
A nivel nacional, el gobierno de Nayib Bukele desplegó una estrategia de persecución política con el uso del control institucional y la instrumentalización judicial, según explica el informe «El precio de disentir: Criminalización y persecución política en El Salvador» de Cristosal. Además de Ruth López, existen otras personas defensoras detenidas cuyos perfiles se caracterizan por el reconocimiento internacional, así como ser voces críticas y opositoras al oficialismo.
La persecución también se dirigió contra medios de comunicación, el pasado 7 de mayo el medio El Faro, denunció que el régimen de Nayib Bukele intervino bienes personales de dos socios de Trípoide S.A. de C.V., dueño del medio. Entre febrero y abril de 2026 se congelaron sus cuentas bancarias y después se extendió a una persecución fiscal donde el Ministerio de Hacienda abrió cuatro auditorías por lavado de dinero y de evasión de impuestos.
El Faro denunció que las acusaciones no son sostenidas y que el proceso estuvo rodeado de irregularidades, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda habría violado la ley para fiscalizar los ejercicios 2014 y 2016, ya que el periodo para revisarlos ya había caducado. Además, pese a no existir una sentencia por las cuatro auditorías, las autoridades decomisaron bienes personales.
También mencionaron que los ataques contra El Faro se realizaron después de que el medio publicara información sobre pactos de corrupción, personas del círculo cercano de Nayib Bukele, y los problemas que enfrenta la población salvadoreña con su gobierno. El último episodio se persecución responde a la publicación del documental The Deal donde el medio colaboró con el programa estadounidense Frontline PBS para denunciar pactos criminales.
Durante procesos de persecución contra personas defensoras se tiende a no existir procesos judiciales; persiste la estigmatización, acoso, vigilancia, amenazas o intimidación; hay acciones judiciales punitivas no penales; acciones penales; o ambas modalidades. En cualquier escenario, además de Ruth López, existen al menos otras 58 mujeres de un total de 245 personas que es estos momentos enfrentan persecución política en El Salvador.
La criminalización de mujeres defensoras es distinta al que viven los hombres, esto debido a su género, ya que sus voces son silenciadas por salir al espacio público cuando la sociedad las sitúa en el ámbito privado. El último informe de Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) reveló que en México, El Salvador y Guatemala las agresiones contra mujeres representaron 13.4%, 12.7% y 12.3% respectivamente, pero en Honduras tuvo un alza de 62%.
Estas defensoras agredidas fueron defensoras de la tierra, territorio y el medio ambiente con 22.4%, defensoras a la verdad, justicia y reparación con 18.9%, defensoras a la información y libertad de expresión con 13.7%, defensoras a la participación política 10.4%, defensoras de las mujeres a una vida libre de violencia con 9.5%, defensora de derechos humanos con 6.5%, defensoras de las mujeres con 5.3%, defensoras de la educación con 3%, defensoras de las personas privadas de la libertad con 2.3%, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos con 1.8%, defensoras de la población LGBTQI+ con 1.7% y defensoras de los pueblos indígenas con 1.6%.
Junto con Ruth López, figuran otros nombres de mujeres como Carolina Amaya, Lorena Peña, Jeannette Aguilar, Rudy Joya y Berta María Deleón. De acuerdo con la página web «Libertad para Ruth», la detención de la defensora fue el punto de quiebre, pues tras su captura en mayo de 2025 más de 30 personas defensoras y 25 periodistas están en exilio, y 12 abogados huyeron del país.
La detención de Ruth López
Hoy, hace un año, la Policía Nacional Civil tocó la puerta de la casa de Ruth López quien se encontraba con su esposo Louis. Le contaron una historia inventada sobre una investigación de un accidente automovilístico en el que estarían involucrados, ambos salieron de la residencia en piyama y creyendo que se trataba de un malentendido.
Fue así que las autoridades la arrestaron sin una orden judicial. La detención se llevó a cabo en la acera de la calle donde la obligaron a desvestirse frente a vecinos y agentes mientras un fotógrafo de la Fiscalía documentaba los hechos que se difundieron más tarde como propaganda.
Del 18 al 20 mayo, Ruth López permaneció 40 horas desaparecida, pues no tuvo contacto con su familia o abogados y nadie sabía su paradero, lo que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU cataloga como desaparición forzada. Finalmente se dio a conocer que se encontraba privada de su libertad en la División de Tránsito Terrestre de la PNC.
En ese tiempo, tuvo acceso limitado a visitas familiares supervisadas, contacto con abogados por menos de 10 minutos, medicamentos proporcionados por su familia, duchas diarias y atención médica básica. En su juicio inicial, aunque el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador le ordenó permanecer en la División de Tránsito Terrestre por motivos de salud, fue trasladada al Centro Penitenciario para Mujeres Granja de Izalco en Sonsonate sin explicación.
