/Verónica Malo Guzmán/
“Mientras yo esté de Presidente, no vamos a permitir que sigan destruyendo el territorio… Lo que yo sostengo es que sería una aberración que se permitirá seguir destruyendo el territorio con banco de materiales para construir las carreteras en EU”, dijo AMLO.
López Obrador dice que no piensa expropiar los terrenos de la empresa Calica, filial de Vulcan Materials, en Quintana Roo. De hecho propone comprar los terrenos que tiene la empresa por dos mil millones de dólares. ¿De dónde los va a sacar? Nadie sabe.
Pero lo hilarantemente trágico es la razón que esgrime: “queremos llegar a un acuerdo para comprar los terrenos de Vulcan Materials en Tulum, tras el daño ambiental provocado por la empresa estadounidense”. Y sí, es trágico porque pareciera que el único que puede causar daño ambiental es él.
Más de setecientas mil hectáreas de selva arrasadas, millones de árboles talados por el Tren Maya, contaminación de aguas subterráneas, destrucción de cenotes, ruinas arqueológicas, hábitats para especies en peligro de extinción… ¿Entonces, quién cree que él se preocupa por unas mil 200 hectáreas afectadas por una empresa durante 30 años?
Falta contabilizar el daño ambiental provocado por la construcción de Dos Bocas y la destrucción de cientos de hectáreas de manglares; el impacto ecológico por el AIFA, sin olvidar el incremento en la quema de combustóleo para la generación de energía eléctrica y en la refinación de petróleo.
Ante el comentario de Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos: “expropiación de terrenos de Vulcan no es una buena forma de atraer inversiones a México”, López Obrador tuvo que dar por respuesta: “no es expropiación, es clausura”. La clausura es una acción que no permite producir y por ende les fuerza a vender…. Y lo que es más, anunció que si la empresa Vulcan Materials no está dispuesta a que se le compren los terrenos de la mina Calica-Sac-Tun, entonces emitirá un decreto para declarar la zona como Área Natural Protegida. O dicho de otro modo: expropiar.
Y eso suponiendo que ese sea el objetivo, porque cabe la sospecha de que este no sea rehabilitar, sino que se convierta la zona en desarrollo turístico para beneficio de sus hijos o alguno de los varios prestanombres asociados a la familia presidencial…
Y es que no se entiende de otra forma la propuesta de que el gobierno de México desembolse dos mil millones de dólares por los terrenos que tiene Vulcan. Bajo una falsa “soberanía” como sucedió con las plantas de Iberdrola, solo se desembolsan dineros que no se tienen (ergo, nos endeudará más como país), para que luego no alcanzar los niveles de producción de cuando eran privadas…
Pérdida —que no negocio— redonda.
Olvida que la ley SÍ es la ley, y que podría normar la extracción de piedra caliza por parte de Vulcan apegándose a la Ley de Minería que señala las formas, cantidades y concesiones con las que se pueden obtener recursos minerales de nuestro país. Bastaría eso y la Ley de Protección al Medio Ambiente para establecer restricciones.
Pero no, la falsa soberanía nacional, el vanagloriarse como el defensor del medio ambiente, cuando él es su primer destructor, el buscar pleitos con nuestro principal socio comercial cuando no hay necesidad, es el expertise del Ejecutivo federal. Solventar las necesidades de la gente, disminuir la violencia, encontrar a los desaparecidos, proteger al medio ambiente ‘de en serio’… actuar como jefe de Estado.
No es la primera vez que López Obrador ha tratado de empujar a Vulcan fuera de Quintana Roo, tampoco la primera vez que escuchamos que no va a expropiar algo para, acto seguido, realizar eso precisamente. Esperemos esta vez no sea ninguna expropiación y tampoco ninguna compra.
