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06.06.2026 EUA.-El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) dejaría de reportar e investigar los fallecimientos de personas migrantes que ocurran después de que hayan sido liberadas de su custodia, una decisión que ha generado críticas de especialistas y organizaciones defensoras de derechos humanos por su posible impacto en la rendición de cuentas del sistema migratorio estadounidense.
La medida fue revelada por The Washington Post, que obtuvo un memorando interno firmado por el director interino del ICE, David Venturella. En el documento, enviado a empleados de la agencia, se informa que el organismo volverá a la práctica de reportar únicamente las muertes ocurridas mientras una persona permanezca oficialmente bajo su custodia.
El cambio revierte una política implementada en 2021 durante la administración del entonces presidente Joe Biden. Esa norma obligaba al ICE a documentar e investigar los fallecimientos registrados hasta 30 días después de la liberación de un migrante, con el objetivo de detectar posibles casos en los que personas con enfermedades graves hubieran sido excarceladas poco antes de morir.
De acuerdo con exfuncionarios citados por medios estadounidenses, la medida surgió tras casos como el de Martin Vargas Arellano, un migrante que contrajo COVID-19 mientras permanecía detenido en un centro de California y falleció pocos días después de ser liberado. El caso abrió cuestionamientos sobre la atención médica brindada en los centros de detención migratoria y la responsabilidad gubernamental en las muertes ocurridas tras la salida formal de custodia.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual depende el ICE, defendió la modificación al señalar que la agencia deja de ser responsable una vez que una persona abandona oficialmente sus instalaciones. Según la dependencia, la nueva directriz responde a una cuestión de “sentido común” y no elimina los mecanismos de notificación sobre fallecimientos ocurridos dentro de los centros de detención.
Sin embargo, expertos en salud pública y derechos humanos han advertido que la decisión podría dificultar la identificación de problemas médicos desarrollados durante el periodo de detención. Investigadores que han estudiado las muertes bajo custodia migratoria sostienen que enfermedades no diagnosticadas, tratamientos interrumpidos o padecimientos agravados durante el encierro pueden manifestar consecuencias fatales días o semanas después de la liberación.
La controversia surge en un contexto de incremento de fallecimientos dentro de la red de centros de detención migratoria. Datos oficiales indican que al menos 18 personas murieron bajo custodia del ICE durante los primeros cinco meses de 2026, una cifra que podría superar el récord registrado en 2025, considerado el más alto en dos décadas.
Organizaciones civiles y abogados especializados en derechos de migrantes han señalado que la eliminación de los reportes posteriores a la liberación podría reducir la capacidad de supervisión pública sobre las condiciones médicas y humanitarias en los centros de detención, en momentos en que la política migratoria estadounidense enfrenta un renovado escrutinio por el aumento de arrestos y deportaciones.