*
22/11/2021/ Ciudad de México. En la ONU, el canciller Marcelo Ebrard hizo un llamado a las naciones del mundo y a las empresas a implementar acciones para frenar el tráfico de armas.
En la sede de la Organización de las Naciones Unidas, el canciller Marcelo Ebrard realizó el llamamiento para evitar el tráfico de armas en virtud de frenar la violencia que impera en las naciones, incluyendo a México.
En su calidad de presidente temporal del Consejo, el canciller Ebrard acusó que el tráfico ilícito y el desvío de armas pequeñas y ligeras, así como su acumulación y proliferación en distintas zonas del mundo, es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.
“Es un fenómeno global que afecta gravemente y en múltiples dimensiones a la población civil: destruye el tejido social, propicia la violencia, en especial contra grupos vulnerables, genera desplazamientos y flujos irregulares de personas que desean escapar de contextos de inseguridad”, denunció ante miembros permanentes y no permanentes del Consejo, así como de otros Estados de la ONU.
El secretario reconoció los esfuerzos que desde la ONU se han emprendido para prevenir y contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas pequeñas y ligeras. Sin embargo, apuntó, estas acciones han sido insuficientes.
Ebrard dio a conocer que cerca de 500 personas pierden la vida y otras dos mil resultan heridas cada día por disparos de armas de fuego alrededor del mudo.
En Latinoamérica se presentan cifras anuales de violencia y muertes por armamento mayores a las observadas en las llamadas zonas de conflicto armado.
El secretario Ebrard indicó que el sector privado tiene responsabilidad en el tráfico de armas, ya que las empresas deben contribuir con acciones de autorregulación y de monitoreo de sus cadenas de distribución a fin de evitar el tráfico de las armas que producen y comercializan, así como asegurarse de que su fabricación es legal y no llegan a manos de criminales.
El canciller refirió a la demanda presentada por México en agosto pasado en contra de las compañías privadas productoras de armas en Estados Unidos a las que nuestro país acusa de realizar prácticas intencionales y negligentes en la producción y comercialización de armas que propician el trasiego ilegal.
